Mauro Jarquín Ramírez
El pasado miércoles, un grupo de académicos envió un desplegado al diario La Crónica, donde expresaban algunas preocupaciones “por las potenciales consecuencias negativas” del nuevo Marco Curricular 2022 promovido por la SEP, que, aseguran, contempla también un “reordenamiento completo de la actividad educativa”. Según expusieron, la propuesta curricular estaría dejando de lado la educación moderna (sic) actual -centrada en el “alumno”- para dar paso a una educación “ideologizada” centrada en la comunidad. Lo anterior traería consecuencias funestas: el abandono de los fines nacionales de la educación, la atomización del sistema educativo y la renuncia a la calidad educativa y a la evaluación “al menos tal y como la conocemos”. La intervención mencionada resulta importante porque pone en el centro un tema que, por sus implicaciones en la educación y el futuro del país, no ha generado el interés que merece. No obstante, el enfoque mediante el cual se aborda la temática resulta cuestionable dada la cantidad de imprecisiones expresadas respecto a la iniciativa oficial. Tal parece que en lugar de debatir desde la honestidad intelectual, los “abajo firmantes” optaron por construir un hombre de paja y lanzarle “argumentos críticos” que terminaron dando forma a una diatriba de cariz conservador. Tal rechazo a la propuesta curricular no radica en el diagnóstico del estado actual del sistema educativo, la estructura de los programas o el sentido de las fases sino, esencialmente, en el conjunto de valores no individualistas, que subyacen dicho programa, en los cuales reside la “ideologización” de la propuesta educativa de la 4T.
En estricto sentido, mencionar que tal o cual propuesta educativa es “ideológica”, no debería generar demasiada polémica porque, como se sabe comúnmente, la educación es un proceso político en el cual coexisten y se contraponen visiones del mundo y nociones axiológicas. Esta condición política en educación, se expresa en los planes y programas, en los esquemas de carrera del profesorado, en los modelos de gobernanza del sistema, en la propia práctica docente, mediante el currículum oculto e incluso en los supuestos conceptuales de las “políticas basadas en evidencia”. En todas esas instancias, los sujetos -desde las maestras frente a grupo hasta las autoridades educativas- producen, despliegan y viven distintas concepciones ideológicas.
Sí. La propuesta de la 4T es ideológica, como toda propuesta educativa. Cabe preguntarse si quienes suscribieron el desplegado en cuestión realmente creen que las anteriores reformas curriculares no lo han sido. O acaso ¿consideran determinada ideología en educación más pertinente que otra? Y si es así ¿por qué no hacen explícitos los principios de su preferencia?
Conviene tener en cuenta algunas características rectoras de la política educativa en las últimas décadas, para mostrar algunos aristas ideológicos, de corte gerencial, de esa educación moderna: performatividad; imperativo del capital humano y gobernanza en el sector.
1) Ball entiende performatividad como una “tecnología, cultura y modalidad de reglamentación que utiliza evaluaciones, comparaciones e indicadores como medios para controlar, desgastar y producir cambio”. Su ejercicio busca generar efectos sobre el profesorado y en la comunidad educativa en general, así como en la percepción social respecto al campo educativo. Lo anterior conlleva la incorporación de prácticas eficientistas y de competencia individual en las escuelas y al interior de los gremios. La adopción y el uso político de la prueba PISA -que también tiene una historia política- en nuestro país logró que dicha cultura tocara fibras profundas del sistema educativo. Basta considerar el estrés docente y estudiantil derivado de un uso político de pruebas de alto impacto por parte de autoridades federales, agudizado además por una gran campaña privada de desprestigio al trabajo de las escuelas.
2) Desde el gobierno salinista, la política educativa se ha orientado cada vez más a responder a las necesidades de valorización del capital mediante la generación de un capital humano con habilidades y actitudes requeridas en los mercados laborales -como las denominadas habilidades del siglo XXI- las cuales, además, son objeto de evaluación. Dicha prioridad en el capital humano ha sido reconocida públicamente por funcionarios como Gurría, Nuño, Videgaray y Esteban Moctezuma. Esto ha generado, por ejemplo, que las propuestas educativas comunitarias y alternativas, fundadas en el bien común y la colaboración, no resulten atractivas por su inoperatividad en la “sociedad del conocimiento”.
3) La crítica al burocratismo gubernamental en la educación ha abierto la puerta a nuevas políticas de gobernanza que habilitan mecanismos de participación en el desarrollo de políticas públicas a distintos actores sociales. Sin embargo, como se sabe, en una sociedad de clases pluralismo no necesariamente significa democracia. Esto ha quedado claro con la captura institucional de consejos técnicos, consejos consultivos e instancias de participación social que organizaciones civiles proempresariales e individuos vinculados a ellas han logrado en los últimos años, gracias a redes de colaboración entre burocracias y sector privado/asociaciones.
¿No nos remiten las cuestiones mencionadas, relativas a cómo educar y con qué fines, a problemas ideológicos? ¿No se encuentran aquí, acaso, principios individualistas, liberales y productivistas? Ejemplos de ello no caben aquí.
Hay que debatir el Marco propuesto, particularmente las dificultades de su realización integral en medio de un contexto de nebulosa continuidad neoliberal en educación. Sin embargo, hay que discutir también con posturas conservadoras y de tufo neocolonial que han hecho ya mucho daño a las escuelas de este país.
Ojalá la SEP dé respuesta al desplegado, y ojalá quienes lo firman puedan mantener el debate.
Twitter: @MaurroJarquin
