Con mentiras, verdades a medias y pactos ocultos, se resolvió el conflicto de los maestros disidentes de Chiapas, en apariencia. Indico que la solución es figurada, porque tanto los movilizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como las autoridades estatales y federales sólo compraron tiempo.
Si bien los líderes de la CNTE defienden intereses y canonjías, el descontento entre las bases magisteriales es real. El gobierno federal —el estatal se hizo a un lado y nadó de muertito— desde el comienzo de la reforma no tuvo una estrategia de comunicación para los maestros, los altos mandos pensaron que el asunto era de dirigentes y descuidaron a la masa. ¡Error!
El artífice de esa (no sé si llamarla así) estrategia fue el exsubsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.
Cierto, la negociación es la columna vertebral de la política; pero, en lugar de concertar con apego a la letra de la ley, la Segob otorgó prebendas a los disidentes: plazas, impunidad y mucho más. Era obvio que la táctica de intimidación con base en acciones violentas le dio resultado —como siempre— a la CNTE. Obtenía recursos, pero nunca retiró su demanda principal, bandera de atracción política y consigna de buenas conciencias: abrogar la Reforma Laboral que, dice, no es Educativa.
La combinación de una pésima comunicación con los maestros por parte del gobierno, con la protección de intereses de dirigentes y un aparato de propaganda efectiva, transformó a la Ley General del Servicio Profesional Docente en un mecanismo de punición a los ojos de miles de maestros. Evaluación les parece una mala palabra, un instrumento del gobierno para arrebatarles “su plaza”.
Y con esas consignas, los disidentes siguen en pie de guerra en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, pero ahora de manera amortiguada, confinándose al trabajo político e ideológico en cada escuela y comunidad. Los últimos en replegarse fueron los maestros de Chiapas, con ganancias sustantivas que el público no conoce —y apuesto a que la mayoría de los docentes tampoco—.
A pesar de que fueron 124 días de clases perdidos, el secretario de Educación de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, mintió cuando aseguró que más de 80% de las escuelas funcionaban con normalidad. Los líderes de la disidencia también mintieron cuando mencionaron que el paro era total. Pero por fin los maestros regresarán a clases el lunes 19; salvo la facción más radical de la sección 40, la Asamblea Estatal Democrática, que decidió no levantar el paro. Ya hasta acusan de charros a sus camaradas del día anterior.
El gobierno consiguió un tregua con base en arreglos en la sombra. Desde el martes de la semana pasada, los líderes comenzaron a hablar de una “salida política”, sin explicar en qué consiste.
Hoy algo se sabe. Ese día, el hoy secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda
—que, dicho sea de paso, era con quien los huelguistas querían “dialogar”—, estuvo en Tuxtla Gutiérrez. Trascendió que se reunió con la dirigencia de los docentes, con la presencia del gobernador Manuel Velasco y del secretario de Educación local. Ningún funcionario informó de los resultados de ese diálogo.
Pero los líderes sí, aunque todavía mantienen las cláusulas en la oscuridad. Confirmaron que no consiguieron abrogar la reforma, pero levantaron la huelga porque llegaron a un “pacto político” de 11 puntos con los gobiernos federal y estatal. No dicen cuáles son, pero el gobierno concedió posponer la Reforma Educativa en Chiapas hasta el 8 de diciembre de 2018.
No sé si alguien firmó una minuta o si continuó siendo una promesa verbal del secretario Miranda, pero el gobierno volvió a pasar por encima de la ley.
Lo peor, no resuelve el problema. Todo está sostenido con alfileres.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
