Hace unos días vimos surgir la iniciativa 10 Compromisos con la Educación Nacional que fue impulsada por una coalición de 124 organizaciones de la sociedad civil (OSC). ¿Cuáles son esos diez compromisos? (1) Que se cumpla el ciclo escolar de 200 días y que al maestro que falte por razón injustificada, se le descuente o despida; (2) compensar las carencias de infraestructura y “medios para el aprendizaje” en las zonas más marginadas; (3) se apliquen, sin excepciones, las evaluaciones planeadas; (4) se concursen todas las plazas vacantes para profesor, director, supervisor, asesor técnico pedagógico (ATP); (5) dotar de mayor financiamiento a la formación inicial de maestros y “actualizar” a los escuelas normales, (6) evaluar periódicamente a maestros, directores y supervisores y que haya consecuencias si no cumplen con el perfil idóneo; (7) se transparente y depure la nómina magisterial para dejar de pagarle a los “comisionados” y “aviadores”; (8) se actualice y haga público y manejable el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa (SNIGE); (9) se organicen jornadas de transparencia en cada escuela a cargo del director, y (10) se instrumente un sistema “accesible” para que los ciudadanos y docentes puedan darle seguimiento a las quejas y sugerencias respecto al servicio público educativo.
Pero las propuestas de las OSC no están hechas en el vacío. Con el buen olfato político que caracteriza a algunos promotores de la iniciativa, se desea que ante el tiempo electoral que vivimos, todos los candidatos a puestos de elección popular suscriban esos diez compromisos. ¿Y si no lo hicieran? “Un candidato sin propuesta educativa no merece nuestra confianza, ni se ha ganado nuestro consentimiento”, afirma David Calderón, director de Mexicanos Primero.
Hasta la fecha, sólo se ha conocido públicamente la reacción del perredista Miguel Barbosa, quien es Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Pese a haber votado en contra de la reforma educativa, Barbosa escribió en Milenio que desde el Senado, “apoyamos los diez compromisos por la educación con equidad y calidad que han propuesto diversas organizaciones sociales”. Asimismo, exhortó a los partidos políticos y candidatos a ser votados el 7 de junio que ”se sumen a este esfuerzo”. Que un líder del principal partido de izquierda en México respalde abiertamente la iniciativa de una coalición de OSC, muestra una clara coincidencia con actores ideológicamente muy distintos al PRD.
Pero hay otro punto interesante. Los 10 compromisos propuestos por la coalición son, como dijimos, base de la reforma educativa que emprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto y por lo tanto, todos los puntos tienen un fundamento legal, de ahí que las OSC convocantes señalen que la primera función de un funcionario público es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Perfecto; muy bien. Suscribo plenamente esta idea, pero no olvidemos cómo se construyen las leyes y las bases de legitimidad que las sostienen. ¿Por qué lo digo? Porque a finales del mes pasado surgió un problema no menor que nos pone a reflexionar más seriamente cuando hablamos de la legalidad. Según La Jornada, antes de que acabara abril, “17 estados del país docentes y trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Colbach) y de los colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) realizaron un paro nacional de labores de 12 horas para demandar el respeto a su contrato colectivo de trabajo y rechazar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD)” (nota de Poy, L.; Juárez, V. y Maldonano, S. 29/04/15.) ¿Son los profesores y trabajadores administrativos de los bachilleratos otro grupo de disidentes que se oponen irracionalmente a cumplir la ley? Fueron 17 estados en paro. ¿Acaso veremos la aparición de otra coalición de maestros de los cuales, por cierto, nada se habla en los 10 compromisos de las OSC?
Aunque algunos líderes sindicales de los bachilleratos siguen repitiendo una retórica setentera (“queremos el bono”, “viva la conquista laboral”), que en nada beneficia a los profesores, el problema es más de fondo. Pareciera que los que cocinaron y aprobaron la LSPD no tuvieron el tiempo y cuidado necesario para conocer cómo operaba la reglamentación de algunos subsistemas de bachillerato. Se habla incluso de que se hizo un copy-paste de los ordenamientos para el nivel de educación básica en el apartado de educación media superior. Si en verdad existió este descuido y apresuramiento, ¿es ilógico esperar que la aplicación de la LSPD en el nivel de educación media superior se complique?
Ven cómo el debate parlamentario era necesario para corregir y prevenir errores. Ven cómo rehuir al debate y a la crítica pública fue una mala fórmula del gobierno de Peña Nieto. Ahora sólo espero que ante las protestas en los bachilleratos, los influyentes comentócratas incluidos en la coalición de OSC no digan que los mexicanos no sabemos cumplir la ley como si fuera una cuestión esencialista y no una actitud razonada ante la construcción legítima del poder.
Twitter: @flores_crespo
