Más allá de las cifras específicas, los diferentes sectores de la población bajacaliforniana perciben que la oferta de servicios educativos en el nivel superior es insuficiente. A un nivel más personal, así también lo perciben los varios miles de estudiantes egresados del nivel medio superior que no encontrarán un espacio adecuado para ellos en las instituciones de educación superior que funcionan en el estado.
A pesar del crecimiento de la matrícula escolarizada que se ha presentado en los últimos años en el estado (de 71,129 en 2007-2008 a 102,188 estudiantes en 2013-2014), las relativamente altas tasas de absorción en el nivel superior de los egresados de la educación media superior (87.1% en el ciclo 2011-2012, pero de 79.3% en el ciclo 2013-2014) están disminuyendo y, en ese contexto, es difícil que la cobertura bruta escolarizada de 27.7% reportada en el ciclo 2013-2014 para el grupo de edad de 19-24 años,[1] crezca al nivel que lo demanda una economía basada en el conocimiento y una sociedad democrática que requiere urgentemente ciudadanos responsables y participativos.
Pareciera que el sistema de educación superior en el estado está llegando, en el contexto de su estructura y funcionamiento, a un punto en el cual resultará muy difícil crecer a los ritmos requeridos para mejor la cobertura escolarizada en este nivel educativo. El rector de la UABC, Dr. Felipe Cuamea Velázquez, ha hecho declaraciones al respecto de que esta institución, actor central del crecimiento de la matrícula en educación superior, puede no poder crecer más bajo las condiciones actuales de financiamiento, infraestructura y personal. Más aún, se ha mencionado que el crecimiento y consolidación de la educación superior en el estado requiere de una intervención coordinada del gobierno estatal y de todas las instituciones de educación superior.
Si consideramos que todos los egresados de la educación media superior tienen derecho a participar en la educación superior, y que con ello la sociedad toda se beneficia, es obvio que el reto para crear condiciones equitativas de acceso a servicios educativos de calidad no es menor. Cada año, en paralelo a los procesos de admisión a la instituciones de educación superior, sobre todo a la UABC, aparece el tema. Hay declaraciones de funcionarios y se hace referencia a los logros alcanzados. No obstante, no hay seguimiento sistemático de esta problemática y, en particular, llama la atención que el Congreso del Estado de Baja California ignore, para todos efectos prácticos, el problema.
Ciertamente que la construcción de un sistema de educación superior de calidad y equitativo es una tarea en la que se tienen que contemplar diferentes aspectos técnicos, pero lo que el Congreso del Estado de Baja California no puede hacer a un lado es que dicha tarea es también, y de una manera principal, un ejercicio de política pública.
¿Qué papel deben jugar las instituciones de educación superior públicas y privadas para alcanzar las metas de cobertura, acceso, equidad y calidad? ¿Cómo deben coordinarse unas y otras para trabajar constructivamente? ¿Cómo están estructuradas y cómo funcionan las instituciones públicas? ¿Cuál es el perfil académicos de los estudiantes que ingresan a cada tipo de institución? ¿En qué proporción ingresan estudiantes de bajos, medios y altos recursos económicos a los diferentes tipos de instituciones de educación superior? ¿Qué relación existe entre los programas de estudio y el mercado laboral; cuál debiera ser esa relación; es prudente ofertar cualquier tipo de programa educativo? ¿Se hace un uso eficiente y transparente de los recursos financieros con los que la sociedad sostiene a las instituciones públicas de educación superior? Detrás de los indicadores tan populares en estos tiempos, ¿funcionan adecuadamente dichas instituciones?
El mes pasado el Congreso del Estado hizo un exhorto al rector Dr. Cuamea Velázquez para que atendiera un posible caso de discriminación en el acceso a la UABC. Más allá de la pertinencia de esta acción y de que el Dr. Cuamea haya respondido, por cierto contra su costumbre de no responder a señalamientos públicos acerca del funcionamiento de la institución que dirige, el hecho muestra que el Congreso del Estado de Baja California puede interactuar, válidamente, con las instituciones de educación superior desde el espacio que ocupa en la estructura de gobierno. ¿No es tiempo de que los diputados, en su calidad de representantes de la población del estado, atiendan el problema de la cobertura y acceso a la educación superior mediante la formulación de políticas públicas adecuadas?
[1] Sistema Educativo Estatal de Baja California (2014). Principales cifras estadísticas, ciclo escolar 2013-2014. Mexicali: Autor.
