Para algunos el año de la esperanza, en que la vacunación universal puede resolver el drama de la pandemia y abrir cauce a la recuperación económica y social. Para otros es más bien un horizonte de preocupación, ante las incertidumbres del desenlace y alcances de las crisis que ha generado la enfermedad global. ¿Nos vamos a recuperar en un año o habrá que esperar un periodo de mayor amplitud?, ¿en qué aspectos se modificarán las prácticas, las relaciones, los valores y las representaciones sociales del mundo post-pandémico?, ¿cómo anticipar, prevenir y preparar la posible irrupción de riesgos semejantes y afrontar sus consecuencias?
El gobierno federal iniciará el tercer año del sexenio en condiciones difíciles a la vez que cruciales. Si logra manejar adecuadamente la campaña de vacunación, la confianza social en el régimen se puede sostener e incluso mejorar. En caso contrario, cualquier justificación sonaría a pretexto. Lo mismo puede afirmarse de las acciones y decisiones gubernamentales en sectores estratégicos, entre los cuales los correspondientes a empleo, seguridad social, salud y educación ocupan un sitio destacado. Más que por la presencia o continuidad de condiciones de crisis, los gobiernos son socialmente valorados a partir de su capacidad para enfrentarlas y no por los argumentos que las explican. Dicho de otra manera, las decisiones que tome el gobierno en el año por transcurrir marcarán indudablemente el destino histórico y político del régimen.
En los primeros días del año el presidente de la República abordó, en su conferencia matutina, dos temas concernientes a la educación. Uno sobre el regreso a las actividades escolares y otro relacionado con las universidades. Las recientes declaraciones del mandatario sobre el retorno a las aulas (5 de enero 2021) parecen indicar que es favorable a una pronta reanudación de actividades en las escuelas. Según la prensa, el presidente dijo: “Yo les hago un llamado, respetuoso, sobre todo, a las autoridades de que ya empecemos a abrir las escuelas y que si van preparándose en el caso de Campeche y de Chiapas serían los primeros maestros en ser vacunados”. En el mismo sentido, la declaración: “Tenemos que garantizar el derecho a la educación, tenemos que ir hacia la normalidad educativa, ese es un propósito entonces por eso la aplicación de la vacuna a maestros”.
Dos días antes, el 2 de enero, el todavía secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, comunicó que: «Se prepara un regreso a las aulas, seguro y prudente, sin titubeos ni riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países, ante un virus impredecible». Esta declaración, que no contradice la postura presidencial, pero le da un tono diferente, fue incluida en un comunicado de la SEP en que el funcionario ponderó favorablemente, con base en los datos de una encuesta aplicada a maestros, la estrategia de educación a distancia implementada en 2020 (Aprende en Casa II), así como su probable continuidad este año.
La cuestión es: ¿urge el retorno a la presencia de maestros y estudiantes en las escuelas o se debe aguardar a que existan condiciones de seguridad altamente confiables?, ¿difieren las posturas de la autoridad presidencial y la educativa al respecto?, ¿cuál es la decisión que va a prevalecer? Pronto lo sabremos, al fin y al cabo esa es la primera tarea que abordará la nueva titular del ramo en cuanto asuma el cargo.
En el segundo tema, comentado en la conferencia matutina del 5 de enero, el presidente López Obrador señaló que las universidades públicas deben transitar hacia la gratuidad y hacer un uso eficiente de los recursos que reciben. Recomendó la “austeridad republicana” y aunque señaló que el incremento del presupuesto es un instrumento para lograr el objetivo de la gratuidad, las instituciones deben implementar medidas para hacer más eficiente el uso de los recursos. Las recomendaciones de austeridad, es obvio, no son la mejor noticia para el sector universitario que, como es sabido, enfrentan en el presente y desde hace varios años condiciones críticas para solventar el sostenimiento de las actividades que realizan, ya no digamos para determinar la suspensión total de las cuotas y colegiaturas de los estudiantes.
Se refirió también a la Ley General de Educación Superior, cuya iniciativa quedó pendiente de debate y aprobación en la Cámara de Diputados, una vez librado el paso por el Senado con votación unánime favorable. En la presentación del tema el presidente señaló que con la aprobación de esta norma se confirma la garantía de una educación superior pública y gratuita y, en ese sentido, se trata de una iniciativa que favorece el derecho a la educación. Sin embargo, según reporte de La Jornada, ante una pregunta sobre el control de algunos sectores universitarios de las instituciones públicas, el presidente expresó su recelo por el consenso alcanzado en la aprobación de la ley: “Me llamó la atención de que hubo consenso, y le tengo cierto temor a los consensos. Tiene que ver con la democracia, pero muchas veces el consenso significa complacer a todos: todos estaban satisfechos» (nota de Alonso Urrutia y Néstor Jiménez).
¿Es preocupante el recelo presidencial ante el consenso que alcanzó esta iniciativa de ley? Lo es por dos razones. La primera es que debería estar informado o procurar estarlo sobre las razones que llevaron a esa respuesta: en vez de “sospechosismo”, información de primera mano. La segunda, la tentación de interrumpir un proceso que está a punto de culminar. Es un riesgo, claro que lo es.
