Cuando muchos pensábamos que el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional (Poli) había terminado con la firma de los ocho acuerdos y la entrega de las instalaciones, surgió una nueva petición de la Asamblea General Politécnica (AGP): que se destituyeran a los directivos de 29 escuelas. ¿Cuáles eran los motivos de tal petición? ¿Por qué arriesgar el triunfo con una solicitud de este tipo?
La remoción de los directivos, según los jóvenes, estaba sustentada en varias razones. Unas apuntaban a la dificultad de operar las escuelas con “los mismos directivos que ocasionaron el descontento”. Otras señalaban los clásicos problemas de las burocracias de nuestro país, léase: nepotismo, dedazo, favoritismo, falta de transparencia, autoritarismo, eternización en el puesto, así como menciones de corrupción y represión.
Ante tal escenario, Enrique Fernández Fassnacht, director del IPN, respondió con sensatez asegurando que no era posible dar una respuesta inmediata; que era necesario analizar cada caso con base en la normatividad vigente y que el asunto se resolvería de manera paulatina (La Jornada, 08/12/15 nota de Arturo Sánchez).
Pero a la par de que se entregaban las instalaciones, el fantasma de la destitución de sus directores las recorría. Algunos medios periodísticos reportaron que, por ejemplo, estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás, habían cuestionado a la directora interina que ya llevaba en el cargo cuatro años cuando, según dicen, el periodo legal es de solo tres. A mediados de la semana pasada, Fernández Fassnacht aceptó la renuncia de la directora del CICS y de 23 directivos más. ¿Resuelven estas renuncias la nueva y difícil situación en el Poli?
Ahora, con rudeza innecesaria, los estudiantes claman: “Nosotros no pedimos que renunciaran, sino que los destituyera [el director]” (La Jornada, 16/01/15 nota de Arturo Sánchez). ¿Para qué quieren “ver sangre” los estudiantes en el caso de los renunciados? ¿No ganan todos con su retiro?
Como era de esperarse, la destitución de más de una veintena de directivos del Instituto ha alarmado a varios sectores. “¿Cómo es que el director cede ante las presiones de los estudiantes?”, se preguntan algunos. “Quieren convertir al Instituto en un espacio de autogestión o qué”, reclaman otros. Creo que el tema de la destitución —por medio de la renuncia— es más complejo y toca varias aristas, algunas peligrosas y otras esperanzadoras. Entre las primeras, pienso que hay un riesgo latente de caer en un impasse.
El director general tiene la “facultad y obligación”, según la Ley Orgánica, de designar a los directores, directores adjuntos y subdirectores de las unidades académicas con base en una terna que propongan los consejos técnicos consultivos escolares (COTECOE). Actualmente, los jóvenes también han cuestionado tales consejos. Dicen que muchos de quienes integran esos organismos, “son parte de los equipos de los ex directores y también queremos su salida” (La Jornada; 16/01/15). Si esto ocurriese, no habría órgano para organizar la elección de los directivos y los planteles navegarían sin mando, cuestión que perjudica el ímpetu reformador de los propios estudiantes.
Otro peligro de las destituciones es que no estén sustentadas y se genere, con ello, una guerra interna. Culpar de corrupción a un funcionario es grave; por lo que los estudiantes debieron haber reunido información y sólidas evidencias para probar sus acusaciones y evitar que se les voltee “el chirrión por el palito” si algún agraviado los acusa de difamación.
En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, por ejemplo, el ahora destituido director, Javier Roch Soto, se acercó a los estudiantes para argumentarles que la información que tenían era falsa. A Roch lo acusan de desviación de fondos, favoritismo para la designación de cargos y de haber amedrentado a varios profesores orillándolos a renunciar (La Jornada, 12/01/15 nota de Emir Olivares).
¿Por qué considero que hay cosas esperanzadoras en esta nueva y difícil situación del Poli? Porque los estudiantes están señalando los vicios de la vida pública de México y de algunas instituciones universitarias. Nepotismo, favoritismo, herencia de puestos, dedazo, falta de transparencia, autoritarismo, corrupción y cultura cortesana están en la mirilla de los jóvenes y si son hábiles, en el Congreso Politécnico podrán proponer un perfil idóneo del directivo que desean tener. En este sentido, la Ley Orgánica del IPN es muy escueta.
Gracias a su inconformidad, los jóvenes politécnicos han tratado de acabar con los privilegios de los directores generales del Poli como fue el de sus “remuneraciones” al terminar su gestión. De este acierto poco hablan los alarmados que llaman “intransigentes” a los jóvenes politécnicos. Por cierto, ¿cuántos ex rectores o directores de universidades públicas reciben pensión vitalicia o pago post gestión? Las universidades pueden cambiar a partir de las demandas de los jóvenes y sobre todo, de las nuevas condiciones que impone la democracia.
