A María de Ibarrola con solidaridad y aprecio
A pesar de que los mexicanos acabamos con el régimen de partido único por medio del voto, organizamos elecciones de manera ejemplar, apoyamos la alternancia partidista y desarrollamos una pluralidad notable, nos sigue faltando construir mejores condiciones y oportunidades para ampliar nuestras competencias democráticas.
Exigir nuestros derechos sin máscaras ni sentimentalismos, interpelar a la autoridad con razón y fundamento, criticar pública y abiertamente a los representantes del gobierno, saber dialogar con el que piensa distinto y hacer un auto examen de nuestro comportamiento diario son “competencias” que el cambio democrático no iba a injertar en cada uno de nosotros automáticamente.
La pregunta es a quién le toca esta tarea de construcción ciudadana. ¿A la escuela? ¿Al gobierno? ¿A las familias? ¿A los académicos e intelectuales? ¿A las organizaciones de la sociedad civil? ¿A las universidades? ¿A la Secretaría de Educación Pública? La SEP ha tratado de jugar un papel activo en este sentido. Ha diseñado asignaturas y contenidos sobre formación cívica y ética, ha buscado instaurar consejos escolares de participación social (CEPS) en todas las escuelas del país y ha querido reactivar instancias para “promover la participación ciudadana en el proceso educativo” como el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (Conapase).
Otro eminente científico, Pablo Latapí Sarre, articuló, hace tiempo, una crítica al Conapase. Decía que su composión era “oficialista” ya que “todos sus miembros o son designados o son invitados por el secretario de Educación o los secretarios estatales”. Latapí hacía notar que la estructura del Conapase es “pesada”. Se prefirió, prosigue el investigador, “jugar a la segura” la carta de la participación social y se pretendió adoptar un criterio de representación, basado en las zonas geográficas, en vez de abrir un espacio a las expresiones espontáneas que pudiera tener la sociedad”.
La crítica de Latapí nos regresa a preguntas esenciales. La primera: ¿a qué grado la SEP, es decir, el gobierno, puede y debe promover la participación ciudadana en las escuelas? ¿Puede ser la SEP un Pedagogo Democrático sin caer en las tentaciones del “Ogro Filantrópico”? Y es que “promover la participación” implica empezar a cuestionar el monopolio del poder que poseen las burocracias educativas y sindicales e iniciar un proceso para “empoderar” a otros actores como a los padres de familia, como bien lo señaló Sarukhán.
Pese a esto, no creo que la participación social sea un “juego de suma cero”, es decir que lo que pierdan exactamente unos (poder sobre las escuelas, por ejemplo) lo ganen los otros. Por su naturaleza, la participación implica cooperación y beneficios comunes. Si los padres de familia amplían sus capacidades democráticas, es decir, si inician su “empoderamiento”, las autoridades educativas a nivel local, estatal o federal podrían contar con una voz más calificada que les indicaría cómo atender de manera más eficiente las necesidades de los establecimientos escolares.
Bajo un ambiente de franca apertura, el pasado 19 de agosto, el Conapase organizó una reunión con investigadores que han estudiado el tema y ahí, de manera libre, se pudo comentar los hallazgos de diversas investigaciones y los puntos que aún juzgamos que quedan pendientes de solución. Hubo aportaciones muy valiosas de colegas de Veracruz, Colima, Michoacán, Sonora y Distrito Federal. En lo particular, resalté que la participación social requiere de un marco normativo más exigente (e.g. democracia), pues en ocasiones vemos que la gente se une y “participa” pero para fines contrarios al bien común. Por ejemplo, ha habido casos en que los padres de familia en algunas escuelas se organizan para restringir el uso de las instalaciones deportivas a niños de menores recursos. Es la participación “social” en pos del detestable clasismo.
Segundo, valdría la pena reflexionar qué modelo de individuo subyace a las políticas de participación social en la escuela. ¿Reconocen los maestros, directores y supervisores al estudiante como un sujeto capaz y responsable? ¿Se conciben a las niñas, niños y adolescentes bajo la idea de “igualdad sustantiva” que ahora propone la Ley General de los Derechos de éstos?
Quizás para construir la participación ciudadana en el sector educativo podríamos empezar por preguntar si la SEP estaría dispuesta a cuestionar el monopolio de poder que ejerce sobre las escuelas y el currículum. Asimismo, tendríamos que ampliar la visión para que la participación social no sólo le sirva a la gestión escolar, sino también al aprovechamiento académico y sobre todo, al desarrollo de competencias democráticas y, por último, ¿seremos capaces los adultos de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos? La mencionada Ley, en su Artículo 71, estipula que las “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.
Twitter: @flores_crespo
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro
