Al presidente Andrés Manuel López Obrador le encanta sembrar expectativas y ponerles misterio a sus propuestas, aunque muchos crean que es predecible. En efecto, dadas la retórica y las promesas de campaña, uno puede aventurar pronósticos sobre las piezas legislativas de educación de la Cuarta Transformación.
En su discurso de toma de posesión en San Lázaro, el 1 de diciembre, el Presidente aseguró que ese día enviaría al Congreso iniciativas de cambios a la Constitución para derogar la Reforma Educativa. Luego, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que sería la semana que terminó cuando el Presidente haría esa tarea.
Sin embargo, en la entrevista de prensa de la mañana del viernes 7, el Presidente dijo que será hasta la siguiente semana que enviará el plan para abolir la reforma y que no descarta recentralizar el control del sistema; usó el verbo federalizar. Con esa iniciativa, comenzarán a despejarse dudas acerca de lo que cambiará.
En mi pieza del domingo pasado, relaté cómo mi vínculo con la Reforma Educativa del gobierno que feneció fue de menos a más. En suma, muchas de las acciones del gobierno me convencieron de ciertas bondades, pero nunca argüí que fuera una reforma perfecta. En mi libro reciente, La contienda por la educación: globalización, colonización y rebeldía (Fondo de Cultura Económica, 2018) pretendo exhibir un balance equilibrado de logros y desencantos. Trato de ver los montes y los valles, los blancos y los negros, si bien predominan los grises.
Sostengo que veo activos a la Reforma y asumo que varios de los cambios institucionales permanecerán, incluso la evaluación para el ingreso, la promoción y las recompensas a los maestros. No concibo que el Presidente o el secretario de Educación Pública quieran que regresen la herencia y compraventa de plazas docentes. Tal vez le quiten ciertos filos a la evaluación del desempeño, pero creo que continuará, aunque sea para capacitar, no para castigar, dice la consigna. A menos que en el equipo de educación hayan estudiado alternativas que le permitan al gobierno pilotear una nave que las diferentes cuadrillas del SNTE quieren para ellas: reconquistar el poder que el gobierno de EPN les disminuyó, que no destruyó. Con todo, la narrativa del nuevo gobierno seguirá en contra de la Reforma del gobierno de Peña Nieto; continuará siendo la bestia por aniquilar.
Una de las dudas que aquejan a grupos de investigadores de la educación es el destino del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En su conferencia de prensa de ayer, el presidente López Obrador señaló que el INAI y el INEE salen demasiado caros (Excélsior, 8/12/2018). No obstante, su queja no fue sólo por los altos salarios de los funcionarios sino porque no contribuyeron a erradicar la corrupción e incluso la aumentaron.
Empero, en el caso del INAI, sembró esperanza: “De todas maneras, no desaparece el Instituto de la Transparencia. Pero, sí, espero que, como es un organismo autónomo, haga un esfuerzo de austeridad para reducir los sueldos de los altos funcionarios”. Pero no dijo lo mismo del INEE; lo dejó en suspenso.
¿Qué pasará?
Presento dos conjeturas. Primera, el INEE seguirá como hasta la fecha, pero con presupuesto disminuido y presionado por los altos funcionarios de la SEP. Segunda, su estructura y personal mudarán a la SEP y estarán, como de 2002 a 2012 bajo la dependencia del secretario.
El presidente López Obrador pronto presentará su iniciativa de cambios. Sospecho que veremos cuántas comas le quedan a la reforma que el nuevo gobierno desea extinguir.
