MEJOREDU, el organismo del Estado que debe impulsar la mejora continua de la educación, anunció este martes una lista de aspirantes a consejeros que están ya por entrar a la etapa de invitación final. De los 70 que llegaron a esta etapa –maestras frente a grupo, académicos, activistas de sociedad civil– se elegirán a 15 para que aconsejen en los próximos años al organismo.
Para la educación pública, y en general para cualquier tarea de la democracia, los consejos ciudadanos pueden ser una pieza clave de coherencia, de realismo, de convergencia y, por supuesto, de rendición de cuentas. Las personas que tienen mandato de hacer las normas educativas son electos en urnas cada tres años si son diputados, o cada seis si son senadores. La elección nacional para el titular del Ejecutivo es también cada seis años, pero nadie vota por secretarios de Estado, de manera que el titular de la SEP es un oficial designado y ya no un oficial electo; la ejecución e implementación de las tareas educativas de la SEP –con atribuciones enormes y de alto impacto en la vida de millones de niños– tiene después ya sólo obligaciones genéricas de rendición de cuentas.
Con el tiempo, en nuestro sistema educativo se han ido abriendo paso cuerpos colegiados que enriquecen la tarea, aligeran y comparten la carga y, en algunas luminosas mañanas o tardes, han sido cruciales para mejores decisiones en educación. Hubo en varias ocasiones consejos técnicos de asesores, que mucho hicieron para aportar ideas y crear una “voz de la conciencia” al secretario en turno, como después de su experiencia narró Pablo Latapí. Se armaron reuniones regulares con las y los secretarios estatales de Educación, la CONAEDU, que siempre oscilan entre la mera junta informativa y la posibilidad apenas perfilada de ser un espacio de trabajo colaborativo real entre el titular de SEP y sus cada vez más homólogos coordinadores de los sistemas estatales. Se han intentado diversas fórmulas para un consejo plural; la más reciente y lograda fue el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, que el prestigio de José Sarukhán y el conocimiento experto de Carlos Mancera mantuvieron a flote en los años del sexenio pasado.
Por su propia naturaleza, la participación ciudadana en educación es una necesidad. Es la obligación de “inmiscuirse” en lo que es propio. Si la educación es pública, entonces no depende –no debe depender– de la graciosa concesión, de la arbitraria magnanimidad de los gobernantes. Fueron electos unos, y luego designados derivadamente otros, para cumplir responsabilidades concretas, acotadas y con el mandato de ejecución eficaz, administración honesta y evaluación contra entrega de resultados. Se les confió la coordinación de un bien público –nada menos que el desarrollo de las potencialidades de la joven generación, la garantía de su derecho humano y constitucional a aprender– y será tardío y desastroso si sólo se les pide cuenta al final. El monitoreo permanente es un derecho y a la vez una responsabilidad inalienable de las y los ciudadanos.
Si la educación es nuestro proyecto social más importante, pues es la estrategia maestra de equidad, de desarrollo y de justicia sustentable; si la educación es la arena en donde nos jugamos la base misma de la identidad nacional, la convivencia pacífica, las prácticas de vida saludable, la comprensión y aprecio de la democracia, la capacidad de vivir en la diversidad y desterrar la discriminación, y así un largo etcétera, no puede quedar en manos de unos cuantos, por más ilustrados que sean o que parezcan. Tienen atribuciones oficiales, y todos debemos ver que las cumplan sin obstáculo ni restricción, pero eso es muy distinto a pensar que tiene infalibilidad papal, que son incuestionables como los autócratas del pasado, o que no necesitan ayuda, colaboración, sinergias y aportes desde las distintas experiencias.
Es pues, una buena noticia el avance en la integración del consejo ciudadano de CONAEDU. El extinto INEE tuvo su correspondiente cuerpo de consejeros ciudadanos, el CONSCEE, y doy fe -me tocó ser miembro fundador- que las discusiones intensas, en un espacio a puerta cerrada para expresarse libremente pero responsable de rendir cuentas a través de informes y minutas, fue enriquecedor para las tareas del Instituto. Hay excelentes experiencias de los consejos de CONAPRED -contra la discriminación, de SIPINNA -sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, de CONEVAL -para la valoración de las políticas y programas de desarrollo social.
La verdadera diversidad es clave. Si un consejo es una asamblea de amigos, comadres y afines, no aconseja mucho; es caja de resonancia, y en forma descarada o sutil es sólo una validación, una estrategia simulada de tomar en cuenta a los distintos agentes y sectores. Un consejo robusto es plural: trae el clamor del territorio, de lo que de verdad pasa en las escuelas; trae el conocimiento experto al que los equipos internos (por estrechez, inexperiencia o prisas) no tienen acceso; trae una visión a largo plazo, ajena a consideraciones partidistas.
Un buen consejo ciudadano es lo que permite que instituciones del Estado, sea SEP o MEJOREDU, tenga su foco auténticamente en la siguiente generación, y no simplemente en la siguiente elección. Impulsemos consejos exigentes: son un gran servicio a las niñas y niños que rara vez tienen oportunidades de participación, pero son los destinatarios del esfuerzo educativo.
