Proyecto de políticas y reformas educativas. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
María Mercedes Ruiz Muñoz
Alejandra Luna Guzmán
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En este comunicado se hace un recuento de las reformas recientes en política educativa, a partir del cambio democrático del Partido Revolucionario Institucional al Movimiento de Regeneración Nacional,con el propósito de identificar las principales continuidades y discontinuidades en esta materia. Esta entrega pone especial atención en las rupturas más profundas, las que marcaron una frontera política con la anterior reforma. Se refiere, en específico, a la modificación a los artículos 3° y 73° de la Constitución, así como a la derogación de las leyes secundarias del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).
En lo que respecta al artículo 3° constitucional, la Reforma de 2013 pone especial acento en el derecho a la educación de calidad, a diferencia de la de 2019, que garantiza el derecho a la educación en todos los niveles educativos, incluyendo la educación inicial, básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior. Si bien en el artículo 3° se reorienta la calidad hacia la excelencia educativa, se establece una relación de equivalencia entre ambos términos.
En el artículo 73° se establece el Sistema para laCarrera de las Maestras y los Maestros en términos del artículo 3° constitucional. Con esto se marca una ruptura sustantiva con lo establecido en la Reforma de 2013, donde se dio origen a la Ley del Servicio Profesional Docente, que ponía un énfasis inusual enla evaluación de los mismos. La actual Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros conserva la evaluación diagnóstica para la formación, capacitación y actualización de los docentes, además de considerar procesos de evaluación para su selección y promoción. Cabe destacar que estas evaluaciones, tal como están contempladas en dicha ley, cambian el sentido punitivo que se asignó a la evaluación de los docentes en la LSPD, la cual fue derogada en su totalidad en la Reforma de 2019, hecho con el que se dio una de las rupturas de mayor calado en el antagonismo políticode nuestro país.
Es innegable que el foco de la Reforma de 2013 fue la política de evaluación, que además del magisterio, impulsó la evaluación del Sistema Educativo Nacional con la intención de emitir directrices para las políticas públicas en diversos ámbitos y que, a partir de dicha reforma, se inscribieron en la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (LINEE). A pesar de que en esta ley se otorgó autonomía al INEE, se fue construyendo un imaginario de este organismo como el principal responsable y ejecutor de la evaluación docente, en colusión con la SEP. La respuesta política a este imaginario jugó un papel determinante en la desaparición del INEE y en la derogación de la LINEE.
Otra ruptura importante, aunque ha recibido menos atención mediática, es la derogación de la Ley General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), el cual estaba a cargo de la administración del programa Escuelas al CIEN. Este tema se abordará con mayor amplitud en el siguiente comunicado.
En principio, se espera que estos cambios a nivel constitucional vayan marcando la política educativa de esta transición democrática. Sin embargo, se observa el énfasis puesto en las becas y en las Universidades Benito Juárez, ya planteado desde el PND, en el cual el eje principal es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, con prioridad para las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos históricamente discriminados, lo cual continúa en el texto de la Reforma de 2019. Eso ha sido una narrativa constante en las últimas reformas, pero que no se ha expresado en políticas y programas específicos; tampoco en el financiamiento o la asignación de los recursos que ello demanda. Una política realmente dirigida a los más necesitados tendría que tener el ojo puesto en ello, tal como lo señala la teoría del reconocimiento, y dar prioridad, en materia de política educativa, a los sectores más invisibilizados del sistema educativo nacional.
Persiste la pregunta, ¿realmente se trata de cambios profundos?, o se observa una continuidad de las políticas de los últimos años; ¿buscan una mayor calidad o excelencia educativa?, ¿la mejor formación de sus docentes? ¿Qué sería y qué implicaría una reforma educativa radical e innovadora como la que el país requiere?
