Por la posibilidad real de desarrollo desplegada cuando una niña, niño o joven asiste a la escuela, bachillerato o universidad, todos tendríamos que apostar por un buen regreso a clases. Pero, ¿cómo construir tal proceso? Es cierto que como madres y padres de familia tenemos temor, como docentes incertidumbre y como directivos preocupación, pero creo que a todos nos une el deseo de salir pronto de la situación de encierro causada por la pandemia.
No obstante, la intención no basta. Se requieren condiciones materiales, pedagógicas, políticas, y sociales para echar a andar el Sistema Educativo Mexicano, que en su modalidad escolarizada se paralizó excluyendo a casi nueve millones de estudiantes (INEGI). ¿Y cuáles serían estas condiciones para tratar de volver a la “normalidad”? Ha habido un buen número de documentos, reportes, recomendaciones y sugerencias de académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y colectivos escolares, por lo que no deseo repetir aquí lo que todos ellos inteligentemente han planteado. Lo que más bien quiero sostener aquí es que la capacidad de gobierno para construir esas condiciones no es óptima, al contrario.
Cuando requeríamos de la corresponsabilidad de cada actor educativo y agente escolar para cuidarnos entre todos, el presidente de la república mandó el mensaje de que los padres de familia podíamos no reportar por escrito la salud de nuestros hijos a la escuela; por tanto, la carta solicitada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya no era “obligatoria”. En lugar de hacernos copartícipes de un regreso a clases más seguro, el presidente, que en su momento quiso firmar él mismo las cartas para que los investigadores salieran a congresos, ahora ve este requisito como reflejo de “una concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal”.
Desgraciadamente, la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, no quiso ir en contra del mansplaining presidencial y retiró la carta como requisito formal. ¿Es la actitud del presidente congruente con su discurso de la “revalorización” magisterial? Si en verdad creyera en los maestros, podría empezar demostrándoselo a su colaboradora. Desacreditarla no sienta las condiciones para un buen regreso a clases.
Siguiendo con el tema del magisterio, ¿qué obliga a un profesor a cumplir con su responsabilidad de asistir a clases presenciales y educar? La vocación de millones de maestras y maestros es, sin duda alguna, la base de esta respuesta. No obstante, la cosa es más compleja. Ante la pregunta de los reporteros sobre las resistencias de algunos profesores de regresar a las clases en medio de la tercera ola de contagios, AMLO respondió que el regreso a clases era “voluntario”, no obligatorio. ¿Acaso el Estado no está obligado a asegurar que el derecho a la educación de toda la niñez se concrete? ¿De qué “voluntad” podemos hablar cuando las condiciones materiales y de infraestructura en las escuelas son precarias, los esquemas completos de vacunación escasos, y los mensajes políticos contradictorios para construir la corresponsabilidad que esta realidad demanda? Si hay algún rasgo negativo de lo que el presidente nombra como “neoliberalismo”, su gobierno lo representa. ¿A rascarnos con nuestras propias uñas?
Poscríptum: agradezco al Grupo 1 de Implementación de Políticas de la FCPS-UAQ sus discusiones que me ayudaron a escribir este texto.
