Existe el peligro latente de que la reforma educativa “naufrague” si las legislaturas locales traicionan el espíritu de las modificaciones constitucionales; y realizan “leyes a modo” para seguir negociando las plazas docentes y lucrar con la carrera de los maestros; aunque la cúpula del gremio magisterial lo pueda negar, dentro del proceso de armonización de las leyes estatales, se está librando una batalla para defender derechos adquiridos de los docentes pero también intereses y privilegios, reconocieron distintos actores involucrados en la educación.
La reforma educativa murió en los estados, es la política y la politiquería lo que seguirá prevaleciendo en la carrera de los maestros; lo que caracteriza a las leyes estatales es la incertidumbre para el desarrollo profesional de los docentes, advirtió el comunicador y especialista en temas educativos, autor de “Los socios de Elba Esther”, Ricardo Raphael.
Por su parte, el director de la organización Mexicanos Primero, David Calderón, entrevistado por separado, consideró que si bien hay varias intentonas por burlar la ley, le corresponde a la sociedad civil organizada, estar vigilantes de este proceso a fin de terminar con las prebendas educativas; y llevar a buen puerto la Reforma Educativa.
Organizaciones como Suma por la Educación, también han expresado su preocupación en este sentido, por lo que han exigido que esté presente un “ojo ciudadano” durante el proceso de profesionalización docente.
Entre muchas maneras de mitigar los riesgos en la aplicación del concurso, es necesaria la participación de la sociedad civil para la prevención de actos que obstaculicen la aplicación de la ley; tales como indefinición del carácter laboral de los aplicadores y evaluadores, el involucramiento de observadores sindicales, que “en algunas entidades federativas no realicen el concurso y continúen con las prácticas de adjudicación de plazas vacantes tradicionales”, señaló en un comunicado Suma por la Educación.
Por su parte, en otra entrevista, Jesús Sierra, secretario de Educación del estado de Michoacán, reconoció que el actual descontento de los maestros disidentes como los de la sección 18, se debe a que los maestros están defendiendo “derechos adquiridos” a lo largo de muchos años, pero también se están defendiendo “privilegios” e “intereses”, porque “de los tres hay”, dijo.
Acabar con las prebendas educativas, abundó el funcionario de Michoacán, es posible pero no sólo depende de la normatividad; sino de la “voluntad política” por respetar los principios de “calidad y equidad en la educación”, expresó.
Ahora bien, a pesar de las intentonas que pueda haber en los estados para burlar el espíritu constitucional de la Reforma Educativa, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), le da la facultad de declarar “nulos” los procesos donde no se hayan cumplido los lineamientos que este Instituto haya emitido como guía para realizar las evaluación con pertinencia local.
Al respecto, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, ha declarado que el Instituto a su cargo, está atento desde ahora y ha manifestado tener “aliados en todos los estados”, pues reconoció que la evaluación del servicio Profesional Docente, enfrenta diversos riesgos, uno de los cuales pueden ser las acciones que el sindicato de maestros pretenda imponer en las entidades federativas como interpretación de las leyes secundarias.
“Tenemos la atribución de atacar estos riesgos y ya hemos ganado terreno al identificarlos para que queden bajo control y cualquier irregularidad sea identificada a tiempo”, dijo Schmelkes.
Por su parte, Mexicanos Primero, reconoce que sí hay un “activismo político” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para que los congresos locales hagan una homologación de la Ley de Servicio Profesional Docente “a modo”, no obstante, señalan que los estados deben “complementar y fortalecer la evaluación”.
Por Ley, las entidades federativas tienen como plazo hasta el 12 de marzo para que homologuen sus legislaciones locales a la norma constitucional educativa; de acuerdo con los lineamientos generales para la evaluación del ingreso al servicio profesional docente, los estados pueden hacer las adecuaciones que consideren necesarias a su contexto educativo, ciñéndose en todo momento a los lineamientos autorizados por el INEE, en caso de no hacerlo, el Instituto puede invalidar estos procesos.
A pesar de lo anterior, para analistas como Ricardo Raphael, este proceso ha rebasado incluso el ‘gatopardismo’, toda vez que, en su opinión lo que proponen los cambios en materia educativa y sindical con las modificaciones constitucionales; es un control del magisterio para beneficio del gobernador de cada entidad, por lo que advierte, se les seguirá presionando a los educadores con su desarrollo profesional al interior del sistema educativo para encausarlos política y electoralmente, a favor de los regímenes priistas, según ha sugerido este analista.
Especial atención al DF
El sistema educativo del Distrito Federal no lo administra el gobierno local, sino el gobierno federal, por lo cual, la ciudad de México está convocada a ser el ejemplo para las demás entidades federativas.
Así lo consideró David Calderón, director de Mexicanos Primero, e hizo un llamado a las autoridades federales: si la educación en el DF depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “demuéstrenos que es donde más rápido se cumplen los procesos” como lo es acabar con los comisionados, personas que cobran como maestros pero que cumplen labores administrativas o sindicales, señaló.
En este sentido, para Calderón Martín del Campo, la ciudad de México puede ser considerada como un parámetro de “éxito” para el actual proceso de Reforma Educativa.
En incertidumbre, 27 mil maestros en el DF
Si se trata de dar certeza al desarrollo profesional de los maestros, resulta indispensable asegurar la basificación de por lo menos 30 por ciento de docentes que se desempeñan, al menos en el Distrito Federal, en la modalidad de horas-semana-mes.
Este 30 por ciento de maestros, representan cerca de 27 mil educadores en la ciudad de México, ahora podrán ser propietarios de su plaza sólo a través de un concurso, aunque; al ser docentes en servicio, a través de la misma evaluación; de no obtener resultados favorables en repetidas ocasiones, podrían ser despedidos, pero esto aún no es un hecho, así lo planteó, en entrevista telefónica, el secretario general de la sección 10 del SNTE, Jaime León Navarrete, “ese tema aún está en veremos”, dijo.
Para el secretario general de la sección 10, en el proceso de armonización de las leyes en los estados, el SNTE no está contrariando el espíritu de la reforma educativa.
Las modificaciones que se plantean son exclusivas para las plazas estatales, toda vez que estas, cuentan con perfiles docentes propios, los cuales son de suma importancia ya que de ellos se desprenderá la evaluación, señaló Jaime León.
Estos concursos según ha advertido el INEE, se presentarán en el ámbito nacional del 12 al 19 de julio del presente año, donde estarán disponibles las plazas vacantes, no vacantes y definitivas.
