INIDE de la UIA
Esta semana algunos miembros del grupo parlamentario de MORENA manifestaron, en diferentes momentos, su intención de cancelar la Reforma educativa impulsada por la administración saliente de Enrique Peña Nieto. La Reforma de febrero de 2013, fue resultado de un pacto entre las principales fuerzas políticas del país; se reconocía desde entonces que era indispensable instrumentar varios cambios para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad.
Así, en su diseño, además de la profesionalización y evaluación docente, la Reforma contemplaba acciones encaminadas a centralizar el pago de la nómina educativa, para que la SEP recuperara la rectoría en la asignación de plazas. También incluyó la evaluación sistemática y periódica de los principales componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, tarea que le fue conferida al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Condenamos la criminalización de los docentes y de sus organizaciones sindicales independientes que, como parte de la estrategia del Gobierno Federal, acompañó la Reforma educativa. También nos parece importante señalar que esta Reforma y varios de sus planteamientos requieren de una revisión profunda, que lleven a “reformarla”, por ejemplo, incorporando de manera integral y transversal los principios de inclusión y equidad, así como el enfoque intercultural para toda la población nacional. Antes de exhortar a la suspensión de toda la evaluación docente es necesario revisar y discutir a profundidad las fortalezas y limitaciones del diseño y la implementación de la reforma actual y construir nuevos y eficaces mecanismos que garanticen procesos y condiciones justas para la incorporación y el desempeño de maestros y maestras en su labor docente.
Las distintas expresiones para señalar que va en serio la cancelación de la evaluación docente, o, incluso, el conjunto de la Reforma educativa, “con todos sus puntos y comas”, y la urgencia de desmontar operativos que le fueron muy costosos al país, en términos económicos y de creación de capacidades de evaluación son motivo de preocupación. Es necesario construir propuestas pertinentes y factibles para solucionar los muchos y graves problemas que aquejan al sistema educativo, que se manifiestan, entre otras cosas, en los bajos puntajes obtenidos por los estudiantes mexicanos de 15 años y más en las pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). Esa preocupante situación se confirma con las pruebas nacionales como PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes). En 2017, al finalizar la educación obligatoria (media superior) dos terceraspartes de los estudiantes no habían logrado los aprendizajes básicos de matemáticas y una tercera parte los de lenguaje y comunicación.
Ante ese panorama es claro que el país necesita avanzar en la consecución de la meta de los máximos aprendizajes de los estudiantes, como se señala en el Artículo 3° constitucional. Asimismo, es preciso discutir qué consecuencias puede traer la suspensión de toda la evaluación educativa y del revocamiento de las atribuciones, particularmente de la autonomía, conferidas al INEE.
Sin duda, apoyamos la lucha por lograr una educación de calidad y equidad que contribuya a la construcción de una sociedad más justa. Por ello, los investigadores del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México nos pronunciamos a favor de un diálogo informado, entre gobierno, sociedad civil, maestros y sus organizaciones sindicales, comunidades escolares y academia, para dar cauce a la revisión y discusión profunda, de las posibles alternativas de solución y ajustes a la Reforma, antes de tomar decisiones que, por apresuradas, podrían entorpecer el camino hacia un verdadero y necesario cambio educativo.
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México www.inide.ibero.mx 14 de septiembre de 2018
