¿Qué esperamos para esta nueva etapa de la transformación educativa, el tramo que le corresponde coordinar a la administración federal que inicia este 1 de diciembre?
Además de lo que ya está bien identificado para seguir transformando la educación obligatoria -es decir, la infraestructura, los programas, los materiales, la organización de las escuelas y sobre todo lo que se requiere para la dignificación y el aprendizaje profesional de docentes y directivos, desde preescolar hasta media superior- es imprescindible en esta etapa que también se desarrollen políticas sólidas de equidad y de inclusión en los dos extremos de las trayectorias ideales.
Ya hay mucho identificado, en la ley y en la práctica, de lo que falta y de lo que se necesita hacer en ese tramo de preescolar a bachillerato, pero es imprescindible entender qué pasa en ambos extremos, antes y después de la escolaridad obligatoria.
Es un gran acierto del gobierno entrante voltear a ver a los jóvenes, y proponerse una incorporación histórica a la educación superior, que vaya cerrando la brecha que deja fuera de las oportunidades a un enorme sector de la población. Ahí esperamos que el proyecto educativo del gobierno federal atienda no sólo a iniciar los estudios, es decir, que la iniciativa gubernamental no se concentre sólo en la beca que facilita la inscripción y la asistencia, sino que se programen y ejecuten los esfuerzos propiamente educativos para que los lugares ampliados sean de calidad, no simulados, y a la vez pertinentes para asumir la diversidad y la dificultad de quienes han sido históricamente excluidos. La evidencia muestra que, una vez entrando, el factor crucial que hace que se queden los jóvenes es si pueden aprender lo que quieren y necesitan.
Así como es importante el despliegue hacia el lado de los jóvenes, es imprescindible que las autoridades de bienestar, salud y educación den un paso adelante en todo lo que se refiere al desarrollo integral de la primera infancia.
Todo el gran esfuerzo a favor de los jóvenes se volverá insostenible si no se atiende oportunamente que cada niña y niño nacido en México pueda contar con el cuidado cariñoso y sensible, la nutrición y la activación física y neurológica que le permitan después seguir adelante con los aprendizajes a lo largo de su vida.
La promesa de trabajar por la equidad y la inclusión no puede tener mejor medio que esos primeros cinco años de vida; las desigualdades que ya desde ahí se superan tienen después un mucho menor margen de resurgir. La solución no está sólo entre media superior y superior, buscando remediar con transferencias económicas pequeñas y masivas, y con la ampliación acelerada de cupos en universidades; se debe también consolidar mucho antes, oportunamente.
Hay ya un enorme consenso entre las instituciones públicas, los especialistas y las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en este campo sobre las estrategias a seguir. Estamos delante de una ocasión de oro en este periodo para fortalecer y articular los sistemas, y sobre todo para tener una política nacional de primera infancia que de verdad articule los esfuerzos, hoy insuficientes, subfinanciados y atomizados, a pesar del enorme y meritorio trabajo de funcionarios, puericultistas, educadoras, todo tipo de cuidadores y promotores de derechos humanos en el país.
Esperamos ver señales prontas y fundadas de aumento y eficacia en financiamiento, de disponibilidad de información pública relevante, como la ENSANUT 2018, y de ampliación del monitoreo del desarrollo de cada niña y niño a través de cartillas y cédulas –como ya se hace en muchos estados del país- para que las intervenciones lleguen a tiempo; sobre todo, el reto del gobierno entrante será convocar a los practicantes y expertos para generalizar estrategias que fortalezcan las prácticas de crianza de las familias.
Mucho esperamos, porque mucho se merecen para cumplir sus derechos las niñas, niños y jóvenes.
