A iniciativa de la ANUIES se aprobó, en 1978, el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), definido entonces como “el compromiso de efectuar una planeación participativa y concertada para el desarrollo del sistema educativo superior en su conjunto y de cada una de sus instituciones educativas y organismos administrativos.” Con ello se abría el espacio para un modelo de coordinación del sistema de educación superior del país basado en el diálogo y la cooperación entre las autoridades educativas y los responsables de la gestión institucional, es decir una fórmula de coordinación concertada.
El SINAPPES buscaba instituir distintos ámbitos de planeación: en la cúspide, la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES); de escala regional los Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES); en los estados, las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), y de nivel institucional, las Unidades Institucionales de Planeación (UIP).
De la operación del SINAPPES durante los años ochenta se puede referir un intenso trabajo de organización, interlocución y sobre todo de gabinete. Se integraron gran cantidad de grupos de trabajo, mesas de discusión y equipos de planeación y prospectiva. Tales actividades habrían de concretarse, hacia mediados de la década, en la formulación de tres instrumentos: el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), los correspondientes programas estatales (PEIDES) e incluso los de nivel institucional (PIDES), estos últimos antecedente directo de los posteriores Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de los Planes de Desarrollo Institucional (PDI) de las instituciones públicas de educación superior.
Los grupos de trabajo instituidos por CONPES se abocaron al estudio y formulación de propuestas en cuatro áreas sustantivas: docencia, investigación, extensión y apoyos administrativos. Sin demérito de su labor, el SINAPPES no logró, en ese momento, aterrizar propuestas de desarrollo. ¿Por qué razón? Primero, por falta de presupuesto: la crisis económica de 1982 y la subsecuente política de austeridad implantada por el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) repercutieron con severidad en el sector universitario. Segundo, porque no se contaba con los instrumentos (recursos materiales y humanos) que permitieran implementar el cúmulo de recomendaciones.
En el periodo presidencial de Salinas de Gortari (1988-1994) el modelo de concertación encontraría continuidad y nuevos derroteros. Durante ese sexenio se recuperó gradualmente el gasto federal en el sector pero, lo más importante, se instituyeron dos nuevos instrumentos de política sectorial que marcarían huella en la fórmula de coordinación. El primero se desprendió de los lineamientos pactados en el Secretariado Conjunto de la COEPES, particularmente las comisiones SEP-ANUIES: Evaluación de la educación superior; Fomento de la educación superior abierta; Vinculación de la investigación con los sectores social y productivo; Evaluación y promoción de la calidad de la investigación; Posgrado, e Incorporación de las IES al Programa Nacional de Solidaridad.
Cada una estaría presidida por el titular de la SEP y participarían, en forma paritaria, representantes del gobierno y las IES. La que tuvo mayor impacto fue, sin duda, la correspondiente a evaluación, la CONAEVA, integrada por Manuel Bartlett (titular de SEP), Manuel Ortega (titular de CONACYT), Jaime Tatcher (director general de investigación científica y superación académica, SEP), José Sarukhán (rector de la UNAM), Óscar Joffre (director general del IPN), Álvaro Mimenza (rector de la UADY), Óscar Malpica (rector de la BUAP), Esteban Hernández (director general de Institutos Tecnológicos) y Martiniano Arredondo (secretario académico de la ANUIES).
De CONAEVA salieron los proyectos para la creación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y posteriormente el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
Un segundo instrumento fueron los fondos extraordinarios y competitivos instituidos para reforzar las capacidades institucionales. A esta línea de política corresponde el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), establecido en 1990, con el propósito de distribuir recursos para las universidades públicas que presentaran proyectos de actualización curricular, formación de académicos, adecuación de la oferta educativa, actualización de infraestructura, reordenamiento administrativo, sistemas de información, vinculación con el sector productivo, entre otros.
El último año de la administración salinista, el FOMES se complementó con otro programa, orientado a la superación del personal académico. El SUPERA, en su corta existencia, sería operado exclusivamente por ANUIES con recursos de la Federación. Este programa fue reemplazado, en 1996, durante la presidencia de Zedillo Ponce de León (1994-2000) por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y por los programas institucionales de estímulo a la productividad académica establecidos a partir de la segunda mitad de la década de los noventa.
La concertación permitió instaurar un modo de regulación y coordinación que modificó el curso del sistema de educación superior del país. Pero fue un mecanismo transitorio, cedería lugar a una fórmula diferente: la promoción de políticas estratégicas a través de instrumentos financieros.
