Si algo bueno tuvo la reforma educativa fue que impulsó un intenso debate público, puso a prueba instituciones (existentes y nuevas) y señaló algunas limitaciones del cambio educativo en México más allá del voluntarismo político.
La oportunidad de aprender de esta experiencia es real. Por eso, en esta serie de artículos he propuesto, hasta ahora, cuatro temas de debate en este 2018: Primero, cómo lograr la autonomía individual de las maestras y maestros de educación básica, segundo cuál será el futuro de las universidades públicas ante el excesivo control burocrático y el creciente ambiente de desconfianza por parte del Gobierno Federal hacia su labor.
Asimismo, en tercer lugar, he sugerido que, ante los próximos comicios electorales, habría que reflexionar más a fondo cómo podemos formar niños y jóvenes que actúen responsablemente dentro de la frágil democracia que todos vivimos y recreamos y cuarto, me ocupé de la renovación de los órganos de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en una coyuntura política incierta y muy compleja.
En esta tercera – y última entrega -, quisiera comentar dos temas más. En primer lugar está el papel de la investigación educativa en el desarrollo de la política pública y en segundo, la necesidad de revisar críticamente el “federalismo” como un medio para el desarrollo educativo del país.
- Contra la ignorancia. A la clásica pugna política y discusión pública en el sector educativo, ahora se le ha agregado un singular componente: la post-verdad. Según el English Oxford Dictionary, la post-verdad “denota circunstancias en donde los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales”. En pleno siglo veintiuno, quizás estamos ante el surgimiento de un nuevo antiintelectualismo y esto, a mi ver, debería preocupar en algún grado a la comunidad de investigadores educativos.
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), por ejemplo, ha acumulado conocimientos y evidencias valiosas gracias a los estudios sistemáticos de sus miembros y seguramente, pueden saltar a la palestra pública tanto para cuestionar la visión oficialista de que la reforma funciona a la perfección porque así se lo planteó el “señor presidente” como para refutar al opositor o disidente que solamente ve una lucha de contrarios en donde todo lo que huele a gobierno apesta.
El análisis y el juicio ponderado normalmente proviene del carácter sensato que se interesa en que el conocimiento avance y no de aquel personaje que sólo busca permanecer en el poder o del “académico” que, apelando a la emoción, busca sutilmente granjearse simpatías y fama. La lección de que el “intelectual” debe saberse marginal e impopular es cada día más olvidada en el mundo del retuit y de los likes.
- Centralismo a revisión. Mañana 4 de febrero llegará a la Ciudad de México la caravana encabezada por Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien abandera dos causas importantes. Primero, hacer partícipe al Gobierno Federal para detener y enjuiciar al gobernador que le precedió, César Duarte (PRI), y segundo, tratar de “recuperar los recursos que Hacienda le retiró arbitrariamente” (Castañeda, El Financiero 24/01/18).
En tiempos en donde algunos analistas ya habían concedido que los gobiernos de los estados son muy mal portados y que por consiguiente, había que llamar al “Padre Federal” para que los ordene y discipline, surge un actor respondón que cuestiona, con fundamento y desde lo local, el manejo – también bastante oscuro – de la federación. Según Corral, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda utiliza el presupuesto público (Ramo 23) de manera discrecional para “apaciguar” a los gobernadores. “Sin embargo afirmó que a Chihuahua el centralismo no lo va a someter ni arrodillar” (El Universal, 27/01/18).
Con la pretensión de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, el gobierno que está por terminar lanzó algunas iniciativas con un tinte claramente centralista. Por ejemplo, la reconcentración del pago de la nómina educativa a través del Fondo de Aportaciones (FONE), la cual, según fuentes oficiales, ha tenido tanto efectos positivos como negativos. Entre los primeros, un ahorro considerable y entre los segundos, algunas evidencias muestran que el FONE no ha sido tan eficiente como se esperaba. En su trabajo ganador del Premio Nacional de Finanzas Públicas de 2017, José Raúl Trujillo sostiene que este fondo federal “continua afectando a los erarios estatales con graves tendencias de impacto a 2024 y 2030” (Notimex, 24/01/17)
Entonces, ante los ambiguos efectos de la reconcentración de recursos en el sector educativo, la queja genuina del gobernador Corral y la opacidad y discrecionalidad con que también actúa la Federación, ¿no deberíamos promover una discusión seria sobre federalismo, responsabilidad y desarrollo educativo? ¿Se puede gobernar democráticamente un país recentralizando los recursos?
El debate está abierto y va a continuar en estos agitados tiempos electorales en donde la autonomía del magisterio, la libertad universitaria, la educación para la democracia, la lucha contra la ignorancia por medio del conocimiento y los efectos de la recentralización pueden empezar a reconfigurar una agenda pública con el concurso de todos aquellos a los que no nos satisface la situación actual.
