Las elecciones y sus campañas previas son momentos de oportunidad para los derechos de los niños; son también, si bajamos la guardia y no nos plantamos como ciudadanos críticos, una etapa de riesgo para que esos derechos queden expuestos a ser conculcados, minimizados o pospuestos.
Todos quienes aspiren a representarnos y gobernarnos reciben de nosotros un mandato; como es democrático, ese mandato es acotado –en el tiempo, no se vayan a querer perpetuar a la mala, y por las leyes; es decir, sólo pueden hacer lo que está en el explícito marco de sus atribuciones.
Todo esto viene a cuento porque la educación tiene prioridaden la discusión electoral de estos meses en el país. No es para menos, uno puede enunciar una larga lista de problemáticas de la vida actual en México, con respecto de las cuales las plataformas y las campañas buscarán proponer soluciones. Pero como solución a las problemáticas, como acción determinante en la raíz, está la educación. La seguridad no va a mejorar sólo con control de armas y más policías, sino también y de fondo con educación. La corrupción no va mejorar sólo con sistemas de denuncias y penas endurecidas para los culpables, sino con la formación de las personas en una convivencia digna y la capacidad de exigir sus derechos. La productividad no va a mejorar sólo con inversiones de todo el mundo y mejoras en los sistemas de empleo, sino con el despliegue de capacidades de cada ciudadano.
El derecho de los niños a aprender que está consagrado en la Constitución, en el Artículo Tercero, tiene como una de sus garantías la idoneidad de los maestros directivos. Para cumplir como titular de las obligaciones, el Estado mexicano recibió reglas para identificar, asegurar y favorecer esa condición para el ejercicio del derecho humano de los niños. Cuando la Corte resolvió varios procesos legales, fijó para nuestro régimen democrático, que es constitucional, la evaluación periódica del desempeño de los servidores públicos, a quienes toca estar frente a grupo y conducir las escuelas, precisamente en atención al derecho a la educación de los niños.
Por ello, proponer cancelar la evaluación del desempeño docente como promesa de campaña, es indignante por su oportunismo, es ofensivo para las familias, es inaceptable como ciudadanos. Así, no.
