Miguel Casillas
Pareciera que el desprecio por las artes, por su enseñanza y su difusión, apareciera de modo periódico, como esas epidemias cíclicas, desmoronando a las frágiles instituciones que se construyen lentamente con la acumulación del trabajo de decenas de profesores. En la historia del estado de Morelos esto ha ocurrido de modo recurrente; lo que es una vergüenza es que siga sucediendo.
El Centro Morelense de las Artes desde su creación ha tenido un gran impacto en el estado y la región, como un proyecto educativo en el campo de las artes donde artistas con trayectorias importantes en México y en el extranjero han formado muchas generaciones de jóvenes que enriquecen con su quehacer la cultura en el estado, en la región y en el país.
La continuidad de dicho proyecto educativo está en riesgo desde que el gobierno lo transfirió a la Secretaría de Cultura del estado de Morelos en 2012, ahora reconvertida en Secretaría de Turismo y Cultura, como si la formación artística no correspondiera al ámbito de la Educación Pública y sus instituciones no formaran parte del sistema educativo estatal. Desprovistos de los valores que consideran a la educación artística un baluarte fundamental para la formación integral de las personas, desde Turismo se piensa en la enseñanza de las artes como un negocio redituable a través del cobro de cuotas y el recorte de las becas; como en las épocas del peor neoliberalismo que privatizó y mercantilizó la educación y la cultura.
Bajo esta perspectiva propia del capitalismo académico, la base para que este negocio sea redituable es una alta tasa de explotación del trabajo, objetivable en bajos salarios y condiciones laborales precarias. En efecto, de por sí las condiciones laborales en el Centro Morelense de las Artes son bastante inciertas, cuando ahora se ensañan contra un amplio grupo de docentes a los que les han quitado sus cursos y recortado las condiciones de seguir ejerciendo su trabajo. Muchos de ellos, aunque sean profesores que se distinguen por estar altamente calificados dados sus estudios y su experiencia, tienen que renovar sus contratos semestralmente y no siempre cuentan con las prestaciones laborales establecidas por las leyes.
Además de la arbitrariedad en la asignación de los cursos y de la firma semestral de los contratos, desde 2020 el CMA dejó de pagar a los profesores, como lo hacía al menos desde 2010, las semanas que ocurren en los periodos intersemestrales, como si los docentes no trabajaran, no tuvieran familia que mantener y no comieran durante ese periodo. Es una aberración y un criterio absurdo, pues los profesores utilizan este tiempo para preparar clases, realizar exámenes extraordinarios, audiciones de alumnos de nuevo ingreso, juntas escolares, preparar exposiciones y presentaciones fuera de horarios de clase y demás actividades académicas propias de un trabajo formal, comprometido con la institución y su objeto que además de la enseñanza y la formación artística pretende “difundir el arte hacia la comunidad, para enriquecer la visión de los habitantes de la región sobre los desafíos de la cultura contemporánea y de las soluciones que el conocimiento del área les brinda, para construir un mundo más solidario y una vida personal más plena” (Artículo 2 de la Ley de Creación).
Sin seguridad laboral ni el ejercicio de derechos básicos, muchos maestros han seguido trabajando. Sin embargo, dadas estas circunstancias, un grupo de 11 docentes decidieron demandar el reconocimiento de su antigüedad, la cual oscila entre 12 y 25 años; sin embargo, como represalia les cancelaron sus contratos y los dejan desempleados por exigir lo mínimo legal que es un contrato de base; más grave cuando han demostrado lealtad a la institución contribuyendo con muchos años de trabajo. Los afectados son académicos y artistas especialistas en las materias que imparten, muchos cuentan con trayectorias internacionales y posgrados en importantes instituciones del país y del extranjero.
Mucho tiene que hacer la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación del gobierno de la 4T para verificar las condiciones de precariedad laboral que priman en muchas instituciones de educación y de la cultura, pues lo que sucede en Morelos no es más que una expresión burda de la arbitrariedad, la violación de los derechos laborales mínimos y la explotación del trabajo que se extiende por todo el país con miles de docentes en condiciones precarias.
El clamor contra las condiciones precarias del trabajo académico se está denunciando por todas partes, se han realizado investigaciones científicas que lo demuestran y apenas a nivel de las autoridades federales se está reconociendo el problema. Se avecinan tiempos de tormenta, pues las universidades y otras instituciones educativas que sostienen sus ofertas educativas sobre la base de miles de profesores de asignatura con contratos temporales habrán de enfrentar la exigencia de basificación y brindar prestaciones de ley a esos profesores.
En particular, el Centro Morelense de las Artes vive una profunda crisis pues está sujeto a los criterios mercantiles con que se mide la industria cultural y el turismo, lejos de la educación pública y sus valores fundamentales. Sometido al poder gubernamental, es una institución frágil que requiere consolidarse y sólo lo hará sobre la base del respeto a las leyes laborales, los derechos humanos y buscando la profesionalización de su personal académico.
