En dos días, la Reforma Educativa que surgió como iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de diciembre y que a lo largo de cuatro meses sufrió adecuaciones integrando propuestas de distintos actores, fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada de este 25 de abril.
Con 356 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, el dictamen avalado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales el 27 de marzo, se aprobó en lo general y lo particular por las y los legisladores federales cerca de las 3:00 horas de este jueves.
De acuerdo con información difundida por los diputados, entre los puntos de mayor relevancia de la reforma destacan la incorporación del derecho de la educación inicial y superior, así como la obligación del Estado de garantizarlas.
También se agrega la rectoría del Estado y el carácter de universal e inclusiva a los principios de educación pública, gratuita y laica; se establece que se basará en un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y respeto irrestricto de la dignidad de las personas, y que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Con esta reforma que ya ha sido turnada al Senado de la República, la Federación tendrá a su cargo los principios rectores de planes y programas de estudio de educación inicial, básica y normal, considerando contenidos y políticas de carácter regional, y se incluirán en la perspectiva de género y orientación integral las ciencias, humanidades, civismo, filosofía, tecnología, lenguas, deporte y cultura física, artes, cuidado del medio ambiente y literacidad, entre otras.
El dictamen señala el fortalecimiento de la equidad educativa para combatir desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, así como acciones de apoyo alimentario en zonas de alta marginalidad, políticas incluyentes y transversales para que la educación sea intercultural y plurilingüe, accesible a pueblos y comunidades indígenas.
Se considera el impulso a la educación para personas adultas en todas sus modalidades, educación para la vida, educación de excelencia y derecho a los beneficios del desarrollo e innovación científica y tecnológica, y plena garantía constitucional a la autonomía universitaria.
En lo que respecta al magisterio, se revalora el papel de las y los maestros como agentes del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social; se establece el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros bajo la rectoría de la Federación en coordinación con las entidades federativas; se fijan procesos públicos, transparentes, equitativos, imparciales e íntegros para la selección de docentes, que no afecten su permanencia; y queda establecido el fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, en particular las normales.
Los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación ser regirán por el apartado B del Artículo 123 Constitucional, por lo que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros.
En el dictamen también se menciona que el Estado garantizará materiales didácticos e infraestructura educativa; se creará el Sistema de Mejora Continua de la Educación; se integrará un Fondo para la Educación Superior y presupuestos plurianuales para infraestructura, y se fija la gradualidad y obligación presupuestal para respaldar cambios y nuevos derechos educativos.
Esta Reforma Educativa deroga la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
