Juan Carlos Miranda Arroyo
Hoy escribo sobre el diseño institucional y la precariedad de docentes y directivos escolares tanto de la educación básica como de media superior en México.
Un eje principal de análisis, para comprender ambos fenómenos, lo constituye el proceso de burocratización negativa que se ha construido, desde el Estado mexicano y con la conducción de los últimos dos gobiernos (Peña Nieto 2012-2018 y López Obrador 2018-2024), en el contexto de instalación de la carrera docente y directiva de la escuela pública.
Cabe recordar que, en 2013, el poder legislativo aprobó, por iniciativa del Ejecutivo Federal (en el contexto del llamado “Pacto por México” promovido por PRI, PAN y PRD), la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD). Y que para el 2019 se abrogó dicha ley para colocar y aprobar en su lugar a la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LSICAMM). Esta última, claro, por iniciativa del Ejecutivo Federal e impulsada por los partidos Morena, PT, Partido Verde y otros aliados políticos, en un contexto de nuevos y efímeros consensos con los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC (especialmente para modificar, ese mismo año, el texto constitucional).
Como lo sugerí en un texto de junio pasado: “…en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.” (ver: “USICAMM: El mercado y la meritocracia”, SDP Noticias, 21 de junio, 2023)
Hay que decir que hay un diseño institucional en el que a las y los docentes, directivos y asesores técnicos se le ha precarizado y acorralado (para quienes aspiran a una promoción que significa más ingresos económicos) en una suerte de “contienda contra el sistema”, es decir, una condición laboral en la cual la/el trabajador es, en lo individual, quien lucha por alcanzar incentivos económicos (promoción horizontal) o posiciones dentro del sistema controlado de ascensos y jerarquías (promoción vertical). En este esquema no existe la noción de “incentivos económicos para el colectivo docente”.
Por lo tanto, el diseño institucional, legal y administrativamente, de las promociones horizontales está dirigido al trabajador en lo individual y no a los equipos o colectivos de docentes y directivos como centro de trabajo, como escuela. La lógica de este sistema está orientada hacia la “individualización” o aislamiento de un trabajo que es, en esencia, colegiado.
En este diseño institucional hay, para ello, además, una fuerte inversión burocrática, negativa, por su ineficiencia y alto costo. Veamos un dato: La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tienen casi el mismo presupuesto operativo. ¿Cómo es esto posible? Para este año que termina, 2023, USICAMM recibió 1008 millones de pesos y UPN percibió 1014 millones de pesos para el actual ejercicio fiscal, lo cual habla de un diseño institucional pensado para que una burocracia dorada administre promociones (USICAMM) y demás otros procesos clave para el desarrollo del gremio magisterial, esto es, para administrar la carrera profesional de las maestras y los maestros.
¿Qué pasaría si desapareciéramos, lo digo socialmente, ese esquema, ese sistema y esa burocracia dorada? Quizá la distribución de los recursos para el salario y prestaciones para las maestras y los maestros de educación básica y media superior sería muy diferente y a su favor.
Con este modelo de precariedad no hay reconocimiento a las y los maestros dado que muchos profesores y profesoras que concursan y obtienen puntuaciones arriba, por ejemplo, del 70 por ciento de la escala correspondiente, en promoción horizontal, no obtienen el beneficio de los incentivos económicos con el argumento de que “no hay o no alcanzó el presupuesto”, de tal manera que sólo algunos gozan de más ingresos a través de este mecanismo. Y debido a ello, una cantidad importante de docentes, sobre todo de secundaria, se ve en la necesidad de obtener otros ingresos fuera del sistema público.
Voy a poner el caso específico de una entidad federativa, donde concursaron 104 directivos y supervisores en promoción horizontal, este año, de los cuales solamente a 17 les entregarán incentivos supuestamente porque el presupuesto sólo alcanzó para ellos, pero no para los demás. Sin embargo, la burocracia dorada de USICAMM recibe miles y miles de pesos para administrar la precariedad de docentes y directivos escolares.
Entonces y dadas esas condiciones, al trabajador prácticamente se le desincentiva; a “los demás” se les desmotiva y no se les reconoce. Hay en esto una desvaloración del trabajo docente individual, porque la llamada “promoción” ni siquiera es para todos. Está solamente reservada para la cima de la cima de la meritocracia. No hay atención a las figuras educativas en ese aspecto salarial; a ello se le acompaña con otros abandonos en aspectos como lo jurídico y en lo psicológico.
Este diseño institucional es el de la supremacía del trabajo individual. El Estado mexicano (sus diseñadores institucionales y el poder legislativo) no considera, incentivos para colectivos docentes; y, en lo individual, el recurso financiero no se distribuye adecuadamente para todos.
Ya lo decía bien una de las especialistas que entrevisté recientemente en España, la doctora Elena Martín, que es preferible apoyar y lograr que equipos docentes trabajen bien que sólo apoyar o incentivar a docentes en lo individual.
La trabajadora y el trabajador de la educación, en lo individual, realizará bien su labor siempre y cuando esté arropado y enfocado en un contexto de gestión colegiada, organizada y planificada en la escuela.
Adicionalmente, el esquema diseñado no cumple, entre otras cosas, con el derecho a la formación continua en la carrera profesional de las maestras y los maestros, porque no hay programas que atiendan las necesidades de actualización en correspondencia con los cambios curriculares recientes.
En conclusión, existe un punto a abordar y a atender para el proyecto educativo del futuro gobierno federal, es decir, en el tramo que toca a la función del Estado en los próximos 6 años: Revisar este diseño institucional y combatir la precarización del trabajo educativo.
No estaría mal pensar en la necesidad de eliminar el esquema o sistema de incentivos económicos prevaleciente, tal como hoy opera. Habría que establecer otras fórmulas alternativas, sin descartar la idea de entregar recursos a los colectivos docentes.
Quizá convenga regresar a un sistema de promociones horizontales más apegadas a criterios y necesidades locales, y no a criterios nacionales que terminan siendo sumamente despersonalizados e injustos.
Urge rehacer, entonces, una distribución más equilibrada justa y equitativa del salario, prestaciones y desarrollo profesional para maestras, maestros, directoras, directores escolares y asesores técnicos.
Unas políticas públicas consistente con un proyecto de transformación educativa habrá de incluir, sí o sí, incentivos económicos tanto para el colectivo escolar como para las y los trabajadores de la educación en lo individual.
@jcma23
