Proyecto La reforma educativa en el marco del derecho a la educación y el cosmopolitismo
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia/ODEJ
Mercedes Ruiz, Leonardo Oliver y Marco Contreras
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
La evaluación educativa: un jaloneo político de la cuerda o el estira y afloja
Durante el mes de junio, en las semanas del 7 al 21, coincidieron dos procesos de participación nacional: las elecciones intermedias de 2015 y la evaluación para la promoción del servicio profesional docente. Estos procesos compartieron una característica común: el padecimiento de dificultades organizativas y de logística elementales. En las elecciones intermedias el saldo electoral fue objeto de diversas intenciones, entre éstas, el boicot en los comicios, manifestación que contó con la presencia de la fuerza pública federal en algunas entidades federativas. En Oaxaca, la experiencia de resistencia por la evaluación para la promoción arrojó un saldo de 142 maestros detenidos (Poy, La Jornada, 10.06.15). Otras manifestaciones previas con maestros de Michoacán y Chiapas llegaron hasta la Secretaría de Gobernación para presentar 11 demandas; entre ellas: aumento salarial de 100 por ciento, abrogación de la reforma educativa y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Frente a estas demandas, la SEGOB condicionó el diálogo con la exigencia de su regreso a clases (Baranda, Reforma, 11.06.15), exigencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 13 de Junio (Maya, Reforma, 13.06.15) acató. Fue entonces que el IEEPO solicitó los salarios correspondientes a la última quincena, es decir, desde el paro de labores anunciado el 1 de Junio a la manifestación del día 11.
Esta dinámica de confrontación entre la CNTE y las autoridades federales se revela cada vez más como una escalada de concesiones mutuas expresadas como jaloneo de la cuerda en tres tiempos: de la amenaza al boicot electoral, del boicot al retorno a clases; y a la suspensión indefinida de la aplicación de la evaluación, anunciada bajo la expresión de “llueva o truene” por parte de la SEP (Valle, Reforma, 16.06.15). El esquema se repitió bajo el juego de jaloneo en el proceso de evaluación para la promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica. Ante el anuncio de reanudación del calendario de la evaluación, la CNTE anunció su plan de boicot a la aplicación de las pruebas, amenaza que situó a la SEP en un lugar de atrincheramiento para preparar y salvaguardar la aplicación reanunciada. La misma lógica operó durante las elecciones. Con esto se advierte el rechazo y la desconfianza de la CNTE a las lógicas procedimentales, al menos las que no son promovidas por ella misma. Este rechazo se manifiesta con la expresión de “no caer en la trampa” de la evaluación, a pesar de “la legítima aspiración” de los docentes a participar en la promoción de ascenso (Poy, La Jornada, 19.06.15B). La institucionalización del proceso evaluatorio encuentra antecedentes en la aplicación de hace un año. Quienes el año pasado participaron en la evaluación de ingreso deben refrendar el derecho a su plaza tras cumplirse su primer año frente a grupo. Y el incentivo para quienes ya tienen la plaza es que al obtener buenos resultados, podrán sumarse al Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, sustituto del otrora esquema de Carrera Magisterial (Poy, La Jornada, 18.06.15). Puede ser que este temor “a caer en la trampa” esté justificado si se mira el panorama de la evaluación de desempeño prevista en el calendario para septiembre, plazo en que el que se refrendan los buenos puntos para sostenerse en la plaza docente.
La CNTE en acción
Bajo aviso no hay engaño y una vez que llegó el plazo la CNTE procedió a tomar las sedes de aplicación de la evaluación, que fue cancelada en Oaxaca, diferida en Michoacán y Guerrero, y en Chiapas requirió de la intervención policial (Román, La Jornada, 22.06.15; El Universal, 22.06.15). Una vez más, como sucedió con las elecciones intermedias, los procesos institucionales obtuvieron una concurrencia parcial, los comicios contaron con una participación de 47% y una fuerte tendencia a anular el voto (Woldenberg, Reforma, 11.06.15); mientras que la evaluación de la promoción sumó 82.7% (Meraz, Excelsior, 22.06.15). Estas cifras develan algo interesante, hay una proporción considerable de docentes que le apuestan a la evaluación, en comparación con la confianza de los ciudadanos en las elecciones. La reforma educativa tiene un voto de confianza por parte de los docentes que se sumaron a las pasadas evaluaciones de promoción y de quienes tienen el compromiso de participar en las evaluaciones de desempeño en septiembre.
No obstante, las evaluaciones padecen de serias deficiencias documentadas en el Informe Evaluativo del Proceso de Evaluación de Ingreso y Promoción al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior en México elaborado por el grupo de observación del Instituto Internacional de Planeación Educativa (IIPE-UNESCO) que vigiló la primera evaluación de 2014. En ese documento señaló que “la actitud, el comportamiento moral, la vocación no se puede medir ahí”. Es decir, puede que se valore el conocimiento pero la práctica escapa al instrumento, además, el sustentante no puede conocer sus resultados (Rodríguez, Sin Embargo, 11.06.15). En la experiencia reciente de evaluación para la promoción, los testimonios de los sustentantes dan muestra de consideraciones puntuales referidas a: preguntas mal construidas técnicamente, ausencia de relación con las respuestas de opción múltiple o desligadas de las guías de estudio, entre otras (Valle, Reforma, 22.06.15). La gravedad de la ausencia de calidad del instrumento, se enfocó en la evaluación y el tratamiento de sus resultados para la toma de decisiones, con consecuencias permanentes. Para ser la segunda aplicación era necesario contar con un instrumento probado antes de dar paso a la reforma educativa de manera apresurada e impulsar la evaluación “llueva o truene”, con un dejo de autoritarismo.
Evaluación no consensuada
Con estos argumentos, la implicación de la CNTE en oposición a la reforma educativa es difícil de censurar, como también a quienes promovieron el voto nulo y el abstencionismo para el caso de las elecciones. En ambos casos, se expresan manifestaciones de resistencia y contrahegemonía a la institucionalidad.
¿Cuál puede ser el posicionamiento ante un dilema de tal naturaleza? Sumarse a los procesos oficialmente establecidos y soportar sus serias deficiencias o bien, rechazarlos y situarse al margen, justo en los linderos de la ilegalidad. La situación es delicada y el tiempo educativo apremia. La comparecencia del secretario Chuayffet ante el Senado se saldó con fuertes críticas a su actuar errático y con demandas al INEE de una actitud más enérgica (El Universal, 23.06.15). Las mismas esferas institucionales presentan deficiencias en su desempeño. Ante este panorama la experiencia de trabajo de docentes en Oaxaca basado en la comunalidad muestra la importancia de acompañar los procesos legales con el consenso de la base. Su rechazo a la evaluación mandatada por la reforma viene por el hecho de ser una evaluación no consensuada, que se impulsó mediante amenazas y no a través del convencimiento (Testimonio, Sección XXII, 25.06.15).
¿Es el momento propicio para una evaluación de los procesos respaldados por la legalidad y puestos a prueba sobre la marcha? ¿Dónde queda el proceso educativo de los niños y jóvenes cuyo derecho es aspirar a una educación justa y de calidad?
