Roberto Rodríguez Gómez
UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior
Salvo por la Ciudad de México, en que fallaron todos los pronósticos, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmaron la mayoría del partido Morena en gobiernos estatales y en la cámara de diputados. No obstante, según primeras estimaciones, el partido del gobierno disminuirá el número de curules con las que cuenta en la cámara baja: para conseguir mayoría simple va a requerir el concurso de partidos o legisladores aliados y para mayoría calificada, dos terceras partes de los votos, necesitará el acuerdo de partidos opositores.
Morena cuenta con el 51% de la legislatura por concluir; la disminución de su representación en la cámara de diputados confirma que los partidos en el gobierno generalmente sufren una merma legislativa en elecciones intermedias, lo que impone una tarea continua de negociación para conseguir modificaciones en leyes. En este escenario, que muestra las oportunidades competitivas de una alianza opositora, ¿cuáles se avizoran como posibles respuestas gubernamentales para trascender en el poder después de 2024?
Una primera respuesta fue presentada por el presidente de la República en sus conferencias matutinas del 7 y 8 de este mes. Señaló que la mayoría simple permite intervenir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para reforzar algunos de los programas sociales de la administración: pensión para adultos mayores, programas de becas escolares a cargo de la SEP y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya gestión corresponde a la Secretaría del Trabajo, fueron mencionados.
De llevarse a cabo ese propósito, la política respectiva tendrá repercusión en el ámbito educativo. Dependerá, desde luego, de la reasignación de fondos para los programas de becas. Si las reasignaciones son tomadas de ramos distintos a los del sector educativo (ramos 11, 25 y 33), entonces el presupuesto tendría un repunte. Si, en cambio, los recursos para más becas son restados de otros rubros del gasto educativo, entonces ocurriría un efecto negativo sobre las opciones de desarrollo del sistema.
Dicho en otras palabras: cuando las becas se alimentan con recursos adicionales al gasto educativo, significan más dinero para la educación. Cuando estas se abastecen con fondos originalmente destinados al sector, a través de distintos programas, entonces las becas son menos dinero para la educación.
En este sexenio, desde el primer año de gobierno, se siguió el primer camino: se ampliaron los programas de becas existentes, se crearon nuevos y se incrementó sustancialmente el número de beneficiarios en todos los niveles escolares de la educación pública, con un pronunciado énfasis en la media superior, lo que es explicable en términos tanto académicos como electorales.
Simultáneamente, se cancelaron la mayoría de los fondos extraordinarios y los programas con reglas de operación para el sector educativo. Algunas de las promesas del gobierno, como el mejoramiento de las escuelas normales o la “revalorización” del magisterio no han sido satisfechas. Los maestros no tienen mejores condiciones de trabajo, opciones de mejora profesional, recursos didácticos adicionales, nuevos programas de formación continua, ni mayores ingresos. Ha sido, hasta el momento, una “revalorización” intangible: aplauso y reconocimiento público a su labor.
Otro tanto puede señalarse en el campo de la educación superior y la investigación científica. Si bien se ha cumplido la promesa de mantener el gasto federal (incremento en la dosis de la inflación) no se ha reforzado el presupuesto para que las instituciones y los académicos superen las condiciones de sus tareas. Con el mismo presupuesto, el sistema de educación superior pública atiende considerablemente más estudiantes que al inicio del sexenio, y el campo de la ciencia está sufriendo recortes e ineficiencias sin precedente. Conviene recordar que el primer presupuesto de esta administración tuvo que ser enmendado por los recortes del proyecto a educación superior, el del segundo año para otorgar un mínimo de recursos para las normales.
El pasado 31 de marzo Hacienda entregó al Congreso los “precriterios” para el presupuesto federal 2022. En el apartado de “programas prioritarios 2022” (anexo IV del documento), se indican los del ramo educativo y una propuesta de incremento “deseable”. En primer lugar, las becas: Programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez (de 31.9 a 33.0 miles de millones); Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez (de 33.2 a 34.2 miles de millones); Jóvenes escribiendo el futuro (de 10.2 a 10.5 miles de millones) y Programa de becas Elisa Acuña (de 4.2 a 4.3 miles de millones). En todos los casos el incremento es de 3.2%, es decir el equivalente a la inflación estimada para 2022. Además de las becas se marcan como prioritarios los programas: Educación inicial y básica comunitaria; Educación para adultos; Universidades para el bienestar Benito Juárez García y La escuela es nuestra.
Hay otros programas de becas además de los indicados como prioritarios: los de las entidades federativas y la Ciudad de México, las becas de posgrado del Conacyt, becas institucionales y becas para las fuerzas armadas, entre otros. Solo los “prioritarios” consumen el 10 por ciento, en números redondos, del presupuesto educativo federal. Lo ideal sería que la estrategia de robustecer el esquema de becas no termine liquidando los proyectos de desarrollo de la educación pública y de fomento a la investigación científica, lo que, a estas alturas, es un riesgo real.
