“Para bailar un tango se necesitan dos”, recita un refrán argentino. Nadie puede danzar un solo en ese ritmo, menos hacer tríos. Pero en la política se dan casos, aunque nunca den buenos resultados. Parece que el gobierno del presidente Peña Nieto quiere zapatear con el SNTE y con la CNTE, mas con una orquesta desafinada y conductores que pleitean por dirigirla.
Estoy convencido de que la intervención del gobierno para reformar la Constitución y promulgar nuevas leyes era un imperativo categórico si, como expresaron el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, el Estado quería retomar la rectoría de la educación. Mando que había perdido por décadas de concesiones al SNTE y a sus líderes. Las reformas legales representan un éxito del gobierno, pero no estoy seguro que el Estado se haya fortalecido.
Reformar la Constitución para establecer concursos de oposición habla de un Estado débil, no de fortaleza institucional. En ninguna parte del mundo se pone en la Carta Magna asuntos que deben quedar en estatutos administrativos o, cuando mucho, en leyes reglamentarias. A pesar de las reformas legales, el gobierno de Peña Nieto sigue dos ritmos que contrastan. Por una parte empuja por cambios institucionales: hace foros de consulta para modificar el modelo educativo y anuncia programas que, supongo, serán de beneficio para la educación, como más escuelas de tiempo completo y un fondo para mejorar la infraestructura educativa; también considero que realizó con cierto éxito el primer examen de oposición para el ingreso a la profesión docente, a pesar de los impedimentos de la CNTE y otras agrupaciones.
Mas, en sentido contrario, sigue danzando con el corporativismo. Lo hace al menos de dos maneras. Una, cultivando a los dirigentes formales del SNTE, que callados se dejan apapachar y han logrado mantener sus posiciones en los estados. Dos, negociando con la CNTE la aplicación de la ley. Esa ya no es una danza ordenada, asemeja al movimiento de una pirinola.
Esos bailes entre tres quiebran la regla básica del tango. Pero en el caso de las reformas en educación el asunto es peor. Se emparienta con la corrupción institucionalizada y perversa.
Un ejemplo del apapacho al SNTE es el crecimiento de los fondos para la nómina del magisterio. Lilian Hernández informó que el gobierno federal plantea un crecimiento sustancial para salarios a los trabajadores de la educación en 2015, que pagará la SEP a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), en vez de transferir los recursos a los estados. Para el ejercicio fiscal 2015, Hacienda solicita casi 38 mil millones de pesos adicionales a lo ejercido en 2014 (Excélsior, 7 de septiembre). Se suponía que con la recentralización del pago de los salarios en el gobierno central, se eliminarían dispendios, habría ahorros y no un crecimiento de 13% en la nómina.
Otro ejemplo de esa danza de millones. Resulta que Oaxaca es el tercer estado que recibirá más dinero del Fone, con más de 17 mil millones de pesos para pagar la nómina de los maestros de la Sección 22 del SNTE. Esto indica que la S22 y el gobernador Cué se salieron con la suya. Se están contratando casi mil nuevos docentes egresados de las normales que no hicieron el examen de oposición y se regularizará a los que ejercen con nombramiento provisional, la mayoría herederos o compradores de su plaza, como quería la CNTE.
Comienzo a dudar de que la reforma a la Constitución haya servido para recuperar la rectoría del Estado en la educación. La vena corporativa y corrupta continúa allí. El poder de los grupos del SNTE sigue; es más, tiende a perpetuarse.
Retazos
En el blog de Excélsior, el señor Alejandro Solís Olivares hizo comentarios a mi artículo de la semana pasada: “Si el Sr. Ornelas nos puede mostrar en qué país del mundo no existe siquiera una gota de corrupción le aplaudiré a rabiar”. Me temo que no me ganaré su aplauso. Nunca argüí que había países puros. No pienso que uno solo se salve de la corrupción; pero es cuestión de grados. Mi razonamiento, sin embargo, es que en México es un asunto institucional, basado en reglamentos que el gobierno, si quisiera, podría eliminar. ¡Y sí, la corrupción es un cáncer! Pero tiene cura.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excelsior
