Aunque hoy en México se habla mucho de educación, la realidad es que buena parte de lo que se dice es el producto de impresiones parciales y hasta equívocas. Las voces que desde el conocimiento profundo de la educación se expresan con seriedad y capacidad de análisis siguen siendo avasalladas por otras voces que desde los poderes político, empresarial y mediático, promueven un discurso que se refiere a la educación con un simplismo abrumador. En breve, hoy la educación nacional vive un maltrato conceptual que impide la adecuada reflexión sobre sus problemas más profundos.
Los hechos que llevaron a la suspensión de la evaluación educativa hace apenas unas semanas, ilustran en forma clara lo anterior y, además del singular protagonismo del sector empresarial en el debate, sorprenden las formas de un secretario de Estado mucho más caracterizado por su histrionismo, que por el conocimiento y serenidad que demanda su alto encargo. En un sentido más estructural, tales hechos muestran el rostro real de un grupo partidista que, ante la incertidumbre de contar con el voto del magisterio nacional, no tuvo reparo alguno en utilizar estrategias que pasaron de la ambigüedad a la simulación. Así, en una puesta en escena sin precedentes, el propio secretario, la organización Mexicanos Primero y la dirigencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación se volcaron en sus respectivos papeles y, mientras una parte del elenco anunciaba la suspensión de la evaluación, otra parte reclamaba su reposición y el respeto a la pretendida reforma. El desenlace de la obra –en el que después de 10 días la evaluación reaparece intacta– ha sido memorable, sobre todo por el momento en el cual las dos partes se brindan un mutuo reconocimiento.
Lo anterior, desafortunadamente, no ha quedado como una anécdota menor, sino que constituye uno de los episodios más recientes de la serie de insuficiencias del régimen actual en materia educativa. Baste recordar que, pese a la grandilocuencia oficial, la propuesta educativa ha carecido de fundamentos y contenidos sustantivos. Así, con gran desdén hacia el saber educativo y a sus actores, la pretendida reforma ha estado fundada en una lógica de rentabilidad financiera cuyos criterios de calidad, productividad y evaluación responden con mayor fidelidad a un manual industrial que a la racionalidad pedagógica más elemental.
Otro elemento que se suma a una situación cada vez más polarizada es el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se ratifica el rango constitucional de la evaluación y se le asocia, de manera automática, al impreciso concepto de calidad educativa. En el dictamen, además de ponerse en tela de juicio el derecho al trabajo del magisterio, el máximo órgano judicial del país se suma al ambiente de crispación en el cual todos los maestros son considerados como el enemigo a vencer.
Bajo ese delicado escenario, que profundiza la brecha entre gobernantes y gobernados, resulta altamente imprudente seguir postergando la tarea de construir una salida responsable a la problemática de la educación nacional. Es urgente construir una propuesta que frene el deterioro del ámbito educativo y nos coloque de cara al futuro. Y no se trata de sugerir recomendaciones milagro o de trivializar los problemas de la educación. De eso ya hemos visto mucho.
Lo que aquí se plantea es la necesidad de impulsar un diálogo nacional por la educación; un diálogo fundado en el saber que pueda elucidar su problemática y darle sustancia pedagógica y social; en el que puedan escucharse las múltiples voces de la sociedad y no solamente las de quienes tienen mayor poder político o económico; en el que pueda construirse el consenso indispensable para impulsar reformas de corto y largo aliento, y en el que pueda recuperarse la confianza en las instituciones dedicadas a la educación.
En ese diálogo nacional por la educación participarían todas las voces y su conducción podría estar al cargo de una instancia plural con capacidad de mediación –con instituciones universitarias como la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México–. En este ejercicio colectivo de reflexión se garantizaría la presencia central de los actores de la educación: los maestros –ahora sí–, investigadores y especialistas de la educación, integrantes de asociaciones académicas y civiles. Y junto a todos ellos, los responsables educativos del Estado expresando sus puntos de vista y escuchando con respeto y atención a todas las voces. En suma: sustantivar y ciudadanizar la educación nacional. ¿Acaso es mucho pedir?
Profesor e investigador de la UNAM
