Uno de los posibles dilemas de la acción colectiva es el conocido como “tragedia de los comunes”. Es decir, algo que es un bien común pudiera, en determinadas circunstancias, irse deteriorando gravemente porque quienes intervienen en su disfrute pueden no captar la importancia de llegar a acuerdos explícitos o respetarlos; así, cada uno busca obtener una parte, ninguno se siente plenamente responsable (algo así como “lo que es de todos, es de ninguno”) y no tiene consideración de que otros se verán en dificultades si la acción no es solidaria, con un daño que en el largo plazo arruinará la fuente misma de ese bien deseable. En México, en incontables ocasiones, vivir en condominio, unidad habitacional o vecindad ilustra en micro esa lamentable situación.
Esta semana se presentó el Reporte de Monitoreo Global sobre Educación (GEM) para 2017, a cargo de la UNESCO. Y justamente el derecho humano a la educación se puede ver atrapado en la tragedia de los comunes. El reporte es claro: la primera y principal responsabilidad es de los gobiernos, pues la mayoría de las naciones –México incluido- han firmado convenciones internacionales o incluyen en su constitución la responsabilidad fundamental del Estado sobre el derecho de cada persona a la educación. Con un ágil manejo de diagnósticos, estadísticas y ejemplos, el Reporte GEM de este año muestra que estamos muy lejos de asumir esa responsabilidad, primero los gobiernos y luego todos los demás actores. La rendición de cuentas se vuelve un imperativo en la promoción y defensa del derecho a la educación, y la opacidad, simulación o incompetencia de las autoridades deteriora este bien público central.
Me salto a las recomendaciones que brinda el Reporte: a) Establecer un espacio de interacción significativo para generar confianza (en México no tenemos un espacio regular de interlocución significativa; el Consejo Nacional de Participación Social en Educación –CONAPASE- podría evolucionar hacia allá); b) Crear planes educativos creíbles y presupuestos transparentes (con claridad de las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y sus recursos disponibles y ejercidos con honestidad); c) Establecer, monitorear y hacer efectivos la normativa y los estándares (por ejemplo: ¿Alguien sabe por qué llevamos dos años enteros de incumplimiento masivo del Artículo 14 de la Ley General de Educación (LGE), fracción XII Quáter, que señala que cada director de escuela en educación obligatoria debe rendir un informe a la comunidad? ¿Por qué se incumple la obligación de la tutoría a los profesores de primer ingreso por concurso, y sin embargo se les evalúa en desempeño dos años después?); d) Construir, no culpar (el Reporte muestra la esterilidad contraproducente de sancionar a los maestros y las escuelas por los resultados de los estudiantes, hasta el extremo en algunos países de cerrar las escuelas más vulnerables y de más bajo resultado, en lugar de apuntalarlas y tutorarlas); e) Permitir la expresión democrática (el Reporte anota lo crucial que es la libertad de prensa para críticas, quejas y denuncias de los ciudadanos, el papel de los defensores de derechos humanos, y un sistema de quejas efectivo, disponible para la generalidad de los ciudadanos… este último, otro gran pendiente, de nuevo en el Artículo 14 de la LGE, fracción XII Quintus, sólido en el papel y tenue, casi inexistente, en el atribulado TelSEP y sus aún más deprimidos homólogos estatales).
La ruta que propone el Reporte GEM es sensata: los gobiernos deben ser transparentes, ofreciendo información relevante y oportuna; deben ser comprometidos, proveyendo el financiamiento adecuado (y con un gasto honesto y focalizado, añadiría yo); deben ser apoyadores, construyendo capacidades en los agentes principales como sus agencias anticorrupción, en la formación inicial y continua de los maestros, en la vigilancia de que las organizaciones internacionales también rindan cuentas.
El reporte –que se puede descargar sin costo aquí -no tiene desperdicio. Está lleno de confirmaciones sobre la pauta de cambios legislativos y participación de las organizaciones de sociedad civil que vamos poco a poco viviendo en México, para exigir que la información esté disponible, para emplazar a los funcionarios y para involucrarse en la mejora desde el ángulo de la demanda ciudadana y no sólo desde el enfoque favorito de muchos gobiernos, la filantropía en donde todos salen aplaudidos pero que en ocasiones sólo mitiga la injusticia sin abordarla en serio. Hay valientes afirmaciones contra la privatización o mercantilización de la educación; es un derecho humano, no un mero “servicio”, y hay que hacerlo exigible y justiciable, es decir, los ciudadanos podemos y debemos llegar a tribunales para exigir cumplimiento. Ése es tema en otro artículo, pero algunos ya empezamos: nos veremos en la Corte.
