A finales de mayo, el Banco Mundial (BM) dio a conocer su informe Momento Decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe (Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich y Urzúa). Conocer este tipo de reportes es importante por al menos cuatro razones.
Primero, porque ofrecen una panorámica amplia del sector universitario al incluir indicadores de desempeño de los distintos países. Cuando uno peca de verse el ombligo y caer en el pesimismo, basta compararse con lo que hacen otros países de la región para matizar el juicio. Segundo, los informes del Banco Mundial – en algún momento, considerado el “villano favorito” de nuestras desgracias – abren posibilidades para la discusión pública y el debate. Aquellos que son propensos a explicar todo con base en el “neoliberalismo” ya tienen un pretexto para agitarse con la publicación del BM.
Tercero, las ideas vertidas por el BM sobre educación superior llegan en un momento importante para México. Como se sabe, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está preparando el documento de política 2030 sobre este nivel, el cual será presentado a los candidatos a la presidencia de la República en 2018. Y en cuarto y último lugar, también dentro del seno de la ANUIES, estamos discutiendo el contenido de una nueva Ley de Educación Superior.
¿Qué elementos del informe del Banco Mundial se tomarán para estos documentos de política educativa nacional? Ya veremos, mientras tanto, hagamos un breve repaso y crítica del citado documento.
¿Qué juzgo como positivo del Informe? En primer lugar, advierto que los economistas del Banco Mundial ya desarrollaron una visión más realista de la capacidad de cambio y transformación que tiene la educación superior. De esta manera, afirman que para comprender mejor la función de las universidades, hay que considerar la problemática del bachillerato, del mercado laboral y de la economía en su conjunto. “[L]os graduados de educación superior sólo pueden materializar su potencial productivo si su entorno se lo permite”. Esta perspectiva ayuda a repensar en lo que puede o no hacer la universidad en nuestros países latinoamericanos que, como observarían algunos, no experimentaron la modernidad.
Otro acierto del informe es brindar información para repensar la equidad más allá del clásico argumento pobrista. Tres datos llaman la atención del Informe. Primero, el acceso a la educación superior en la región creció notablemente del año 2000 a 2013, ya que pasó de una tasa de 18 a 28 por ciento. Es decir, más jóvenes de entre 18 y 24 años cursan actualmente una carrera universitaria. Segundo, un mayor número de jóvenes que llegaron a este nivel provienen de familias con ingresos bajos y medios. Estos jóvenes son vistos por el BM como el “estudiante nuevo”. Mientras en el año 2000, sólo 16 por ciento del estudiantado de educación superior representaba el 50 por ciento más pobre de la población, esta tasa creció a 24 por ciento en 2012. Tercero y último, aunque los ricos siguen aún teniendo más probabilidades de ingresar a la universidad que los pobres, esto se explica, en un 56 por ciento, por las tasas de graduación en el bachillerato. Dicho de otra manera, “el principal motivo por lo que es menos probable que esos jóvenes accedan a la educación superior es que no se gradúan”.
Que un joven no complete satisfactoriamente sus estudios de bachillerato puede o no estar relacionado con la pobreza económica. Esto nos impulsa a ampliar la mirada y cuestionar cómo operan los bachilleratos en un país como México en donde este nivel se volvió obligatorio desde 2012. Algunas investigaciones han mostrado que las escuelas de educación media superior imponen reglas de evaluación y acreditación tan estrictas y disfuncionales que estudiar en ellas asemeja más a una carrera de obstáculos que a un buen proceso de enseñanza-aprendizaje (véase Mendoza, D. 2016. Reprobación y deserción en el bachillerato. Elementos para la equidad y eficacia escolar, México: UIA).
El reporte del BM intuye y señala muy someramente un problema de tipo “institucional” en los subsistemas de educación de la región, pero no va a fondo y quizás no tendría porqué. Esperemos, por el contrario, que los documentos de política universitaria nacional sí elaboren tesis más originales y señalen puntualmente cómo las reglas (formales e informales) contribuyen a que nuestras universidades y bachilleratos no operen con eficiencia generando, entre otras cosas, mayor desigualdad.
¿Qué más considero como limitaciones del informe y de la visión de los economistas ligados al Banco Mundial? Contrario a la UNESCO y a las declaraciones mundiales sobre el nivel, estos autores consideran a la educación superior como un producto de mercado y no como un bien público. Es a partir de la visión utilitarista de donde parten sus interpretaciones y recomendaciones de políticas. Esto merece una amplia crítica dado el cúmulo de literatura y evidencia empírica que ha mostrado las limitaciones de promover el desarrollo educativo con base en los principios de mercado. ¿Por qué entonces insistir en ello? ¿Es una cuestión más ideológica que científica? ¿Es reflejo de la era Trump?
Los autores del informe, consideran a los estudiantes y a sus familias como meros agentes racionales tratando de maximizar sus beneficios cuando el mismo informe ofrece información sobre decisiones “irracionales” que toman los jóvenes. Por ejemplo, pese a las “baja rentabilidad” de algunas carreras y áreas del conocimiento, las personas las siguen eligiendo. Esto tendría que haber impulsado una idea más amplia y profunda de la racionalidad humana. Filósofos, economistas, analistas de políticas, e incluso Adam Smith han observado que la gente no solamente actúa siguiendo su propio interés.
Por otro lado, pese afirmar que el gasto en educación superior no es “regresivo”, sino “progresivo” debido a la creciente presencia de estudiantes pobres en la educación superior y de que el financiamiento público es clave para promover carreras de Ciencia y Tecnología, los economistas del Banco Mundial se apresuran y vuelven a proponer que los gobiernos otorguen a los jóvenes un voucher para que elijan la universidad de su predilección, como si tal decisión fuera totalmente libre. ¿Por qué los autores del informe omitieron las investigaciones empíricas (véase Carnoy) que muestran que estos esquemas de mercado no dan los resultados esperados?
Esta “asimetría de información” hace pensar que quizás sí sea tan mala la educación en el mundo que algunos – no sólo los “estudiantes nuevos” y pobres – no tienen la capacidad de procesar la información correctamente. Sí es para preocuparse.
