¿Hacia dónde va la reforma educativa del gobierno de AMLO y su secretario Esteban Moctezuma?, en realidad, va hacia donde siempre van las reformas que se implementan porque sí, hacia ningún lado, se trata del mismo guiso con otra revoltura y algún condimento agregado, como la obligatoriedad de la educación universitaria o el rescate de algunas materias que, per se, deberían formar parte de la currícula desde siempre, como el civismo y las artes.
El gobierno de MORENA inició con la espada del populismo desenvainada, sin embargo, entre líneas se puede leer en el discurso de apertura que todo iba a cambiar para que todo siga igual, sembrando, al cabo de cinco meses, dudas serias entre los votantes serios que, seriamente votaron por López Obrador, es decir, no los ninis ni los que esperan todo regalado y que ven al gobierno como Santa Claus. Esto significa, más que un retroceso, un estancamiento en la educación que mantiene, en el mejor de los casos, un debate a todas luces y desde cualquier ángulo, costoso en recursos y en tiempo, es decir, ¿cuánto nos cuesta la polémica que va desde el papeleo, hasta las horas/hombre por todo el trabajo que representa proponer, considerar, reestructurar, publicar y poner en práctica lo acordado?, esto sin considerar el costo que implica deshacer el camino andado.
La esencia de todas estas reformas en México, radica en el cambio por el cambio, en la afición muy arraigada de nuestros gobernantes a descalificar lo hecho por sus antecesores sin un análisis cabal, inteligente, sobre las bondades y las fallas o los aciertos que ese mismo sistema arroja y sin el estudio en la práctica, de lo funcional y de lo no funcional.
Todo esto nos lleva a los cambios mas representativos que se proponen sobre la legislación educativa y las componendas a los artículos 3º, 31 y 73 –aparte queda la decisión sobre la desaparición del INEE…-, sin comentarios.
Se habla de la educación obligatoria que proporciona el Estado, su rectoría, la búsqueda de oportunidades y el acceso a la misma: más o menos lo mismo; todos entendemos estos aspectos del Artículo 3º, y el cambio, si es que lo hay, es en el rubro de las oportunidades y el acceso, pero la pregunta, que sí la hay, es: ¿el Estado realmente cuenta con la estructura a nivel nacional y a largo plazo para el logro de estos objetivos?
Otro aspecto no menos preocupante es el que se refiere a la mejora continua del proceso E-A, ¿cómo se va a lograr esto?, ¿es acaso que, por voluntad de un mandato los alumnos van a aprender mejor y los maestros van a enseñar mejor y con resultados efectivamente visibles y cuantificables?, NO.
Sobre el derecho a la actualización, tal vez si lo vemos como eso, como un derecho, y no como una obligación, entendamos mejor este postulado y entonces sí, se logre la promoción por méritos (¿?).
Por otro lado, queda implícita, más que la participación de los padres, la responsabilidad en el proceso educativo y formativo de sus hijos; la escuela es solo un coadyuvante de este proceso, la verdadera carga corresponde a los padres, desde el momento en que deciden a qué escuela asistirán sus hijos, hasta el acompañamiento diario.
En otro aspecto, darle facultades intervencionistas al Congreso sobre la carrera magisterial, ¿no existe una comisión dentro del Poder Legislativo cuya labor está centrada en el aspecto de la educación y lo que abarca?, ¿para qué involucrar a todo el Congreso?, así, ¿dónde queda la delegación de funciones? Suena a que se trata, simplemente, de justificar las enormes dietas a costa de lo mas valioso de un país: la educación, porque el ser legislador por voto o plurinominal no garantiza que se conocen los pormenores sobre todo lo que se legisla, es mas, ante las actitudes recientes de algunos senadores que provocaron el estancamiento del proceso legislativo, se nota la total falta de interés y de conocimiento de los temas de la agenda legislativa, sea que se haya aprobado o no la reforma.
Tema a considerar, también, y no menos importante, es el que se refiere a la reforma y sus repercusiones en el ámbito privado. En notas anteriores se ha afirmado que la educación privada queda, en muchos aspectos, fuera de las bondades, sobre todo económicas, de promoción y de crecimiento que el Estado pretende implementar con respecto a los docentes que trabajan bajo el amparo y proteccionismo del gobierno, sin embargo, pareciera que el maestro que trabaja para el sector privado no existiera; no hay garantías de estabilidad, salario digno y crecimiento, siendo que es ese sector privado el que libera al gobierno de la pesada e ingente carga educacional a la que está obligado por ley y para todos los mexicanos, además de que las instituciones privadas representan generación de empleos, tanto directos, como indirectos, lo que produce, a su vez, impuestos muy significativos y crecimiento del PIB.
Dentro de la educación privada, al docente se le exige mucho más que al maestro sindicalizado y que trabaja para el sistema y el esquema gubernamentales; a un educador privado de cualquier nivel se le pide, al menos, una licenciatura y algún posgrado, pero gana menos, tiene menos prestaciones y menos oportunidades de crecimiento y de ascenso o promoción, aunque trabaja bajo mucha más presión y con base en resultados, además de que se rige por esquemas muy variados de contratación que no le garantizan estabilidad laboral y/o prestaciones, y que corresponden, mas bien, a una reforma laboral de la que queda mucho qué decir.
