En el marco del X Congreso Iberoamericano de Pedagogía, educadores y educadoras provenientes de diversas naciones de la región, alzaron su voz para condenar enérgicamente la reciente confiscación de la Universidad Jesuita de Nicaragua (UCA) por parte del Estado nicaragüense. Los participantes del congreso, reunidos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, expresaron su preocupación y solidaridad ante esta acción que afecta directamente a la educación y la libertad académica en la región.
La UCA, con 63 años de trayectoria, ha sido una institución reconocida por su compromiso con la formación integral de estudiantes críticos y su contribución a la promoción de valores democráticos y derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, ha sido acusada de manera infundada de estar involucrada en actividades de terrorismo y de haber orquestado grupos delincuenciales durante las protestas de 2018.
Este lamentable suceso no se limitó a la confiscación de la Universidad, sino que también afectó a la comunidad de jesuitas que trabajaban en ella, cuya casa fue confiscada el 20 de agosto. Además, el 23 de agosto, la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua fue retirada, marcando un golpe significativo a la labor educativa y social de esta orden religiosa en el país.
Durante el congreso, los educadores participantes manifestaron su pleno apoyo a la comunidad de profesores y estudiantes de la UCA y se unieron al llamado de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, exigiendo:
- Revertir y corregir inmediatamente las medidas drásticas, inesperadas e injustas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense y el Consejo Nacional de Universidades.
- Cesación de la agresión gubernamental creciente contra la Universidad y sus integrantes.
- Búsqueda de una solución fundamentada en la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.
Los educadores reunidos en el X Congreso Iberoamericano de Pedagogía manifestaron su deseo de ver restaurado en Nicaragua un régimen democrático que respete los derechos humanos y garantice la libertad de enseñanza y pensamiento en la educación.
Este pronunciamiento resalta la importancia de la educación como pilar de la sociedad y como herramienta para la construcción de sociedades justas y democráticas. Los educadores reafirmaron su compromiso con la promoción de valores de solidaridad, justicia y respeto a los derechos fundamentales en la región.
