Adrián de Garay
Desde la década de los noventa del siglo pasado, cada una de las IES públicas se fueron sumando a la política gubernamental de otorgar ingresos económicos adicionales a un sector de los académicos de tiempo completo, sin pasar por una negociación contractual con sus sindicatos respectivos.
Ingresos que están sujetos a la demostración de actividades académicas de docencia, investigación, difusión de la cultura, gestión académica-administrativa, participación en comisiones dictaminadoras, en órganos colegiados, obtener el grado de maestría y doctorado, entre otras actividades.
En la gran mayoría de las IES, las actividades están descritas en los tabuladores de ingreso y promoción de los académicos, a cada una de las cuales se les asigna un puntaje. Los académicos tienen que sumar determinado número puntos para ser evaluados cada año, dos, tres, cuatro o hasta cada cinco años. Si no se obtiene el puntaje total establecido, los académicos no reciben ese pago adicional mensual que en muchos casos equivale, al menos, al 50% de sus ingresos económicos totales.
Se han escrito cientos de artículos, decenas de libros y presentado muchísimas ponencias y conferencias donde se exponen los efectos no deseados de esa política por haber propiciado el individualismo, la llamada “puntitis”, la simulación y el desgaste emocional de los académicos por mantenerse en la pista de los programas de becas y estímulos.
También hay que reconocer que dicha política ha permitido impulsar y desarrollar el trabajo académico de muchas universidades, y distinguir entre quienes realizan actividades destacadas y quienes, a lo más, sólo imparten clases en el mejor de los casos aunque sean de tiempo completo. Una política que también ha permitido evitar la fuga de académicos de alto nivel a otros mercados laborales.
Y aunque hay descontento y cansancio-sobre todo de los académicos de mayor edad-, la única propuesta de cambio que conozco es la que han enunciado los sindicatos: “Becas al salario”, a lo cual todas las autoridades se han negado a aceptar sistemáticamente, y el actual Gobierno Federal no parece tener una alternativa, por lo que es probable que seguiremos con las misma dinámica nacional.
Sin embargo, ante la pandemia del COVID-19 se ha alterado de manera drástica nuestra vida diaria y por supuesto nuestra labor como académicos. Las IES tienen cerradas sus puertas, los estudiantes-no todos porque un sector tiene que seguir trabajando- y los profesores estamos recluidos en casa haciendo esfuerzos extraordinarios para intentar dar clases por internet y continuar asesorando a nuestros alumnos con sus tesis de grado. Pero digamos que, en términos generales, para sumar puntos para las becas y estímulos la docencia no se ha paralizado por completo.
No ocurre lo mismo en el ámbito de la investigación en una gran diversidad de áreas del conocimiento cuyo trabajo se ha visto afectado de manera radical. Para quienes tienen laboratorios y talleres en sus planteles, prácticamente suspendieron su trabajo, y seguramente en cientos o miles de casos perdieron sus procesos de investigación experimental. Y todos los que hacemos investigación de campo también hemos paralizado nuestra labor por cumplir a plenitud el mandato de “Quédate en Casa”.
Y en relación al tema de difusión de la cultura, tampoco es halagüeño lo que ocurre. Congresos, seminarios, foros, coloquios y conferencias aplazados o prácticamente cancelados. Algo similar ocurre con la publicación de revistas científicas o libros, porque los editores han suspendido temporalmente su trabajo, o haciéndolo a otro ritmo sin fechas de promesa de publicación.
Todo ello, sin lugar a dudas, está repercutiendo y repercutirá en el cumplimiento de actividades de miles de académicos para lograr obtener los puntajes requeridos para sus becas y estímulos. Lo que es sumamente preocupante porque está fuera de nuestro control, y el riesgo de perderlo es latente. Una situación que está generando inquietud y ansiedad adicional al encierro forzado.
En este contexto, conviene preguntarse si ante la emergencia producto del COVID-19, las instituciones modificarán o ajustarán sus parámetros de evaluación de nuestros productos del trabajo, o seguirán en la misma línea como si viviéramos en el pasado.
Para poner un ejemplo de mi universidad, la UAM, a los estudiantes ante la contingencia y lo que han llamado educación remota para seguir con la actividad docente, se acordó en el Colegio Académico- órgano de gobierno donde participan todos los sectores y planteles-, que si los alumnos no logran acreditar una materia, no les contará en su historial curricular, y se nos ha pedido oficialmente ser flexibles con nuestras exigencias académicas con los estudiantes.
Y para rematar, el 25 de mayo el Colegio Académico de la UAM informó de un recorte presupuestal, ahora llamado Reserva Presupuestal (SIC), de 110 millones de pesos sobre la base del decreto del Presidente publicado el 23 de abril del presente año, y que entre otros rubros se cancelarán los recursos para viajes y viáticos para este año. Lo que parece está ocurriendo en todas las IES públicas, salvo las universidades Benito Juárez que el mismo decreto las dispensa de la “Reserva” presupuestal, porque esas sí son instituciones esenciales para AMLO.
En definitiva ¿Para los académicos que no podemos llevar a cabo muchas actividades de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia, más el “recorte”, no habrá una política específica para atender nuestra imposibilidad de cumplir al cien por ciento los requerimientos formulados para mantener nuestras becas y estímulos con anterioridad al COVID-19?
