José Bonifacio Barba
Las acciones de la cuarta transformación están sacando a flote la pregunta sobre los fines y la justificación del Estado como entidad jurídica, en particular sobre su función como garante de los derechos humanos. Algunos analistas han señalado el modo personal de gobernar del presidente López Obrador, entre cuyos rasgos está el de contener cierto grado de desconfianza de las instituciones y, en contraposición, confiar en forma quizá desmedida en los efectos transformadores de su propia acción personal.
En el caso de la educación, la cancelación de la reforma de la administración anterior parece ser un objetivo en sí mismo, pues era una promesa que habría que cumplir, sin más. En el ambiente creado por la acción gubernamental, se ha defendido o denostado al INEE como uno de los instrumentos de la reforma educativa. Sin embargo, una cuestión que no es enfatizada con suficiencia es la de la responsabilidad del gobierno sobre la educación del país: su impartición, su supervisión y su evaluación.
El INEE, al defender su existencia, ha resaltado la importancia de ser un órgano autónomo en su trabajo de evaluar la educación y proporcionar a la sociedad y al gobierno información útil para, por un lado, saber qué se ha logrado al transcurso de cada ciclo escolar y que necesidades o carencias subsisten y cuáles son sus dimensiones, y por el otro, información para sustentar la elaboración de políticas públicas orientadas a la mejora de la educación en todos los componentes evaluados. Sin embargo, al mostrar la importancia de la autonomía, se da por sentado que el gobierno/la SEP no tendrían la credibilidad necesaria al evaluar e informar a la sociedad a causa de ser juez y parte; es decir, se está afirmando una incapacidad. ¿Realmente ser juez y parte incapacita? Al menos se expresa una desconfinza.
¿De dónde surge este supuesto? De la experiencia anterior a la existencia del INEE, cuando el gobierno no hacía la evaluación que la educación necesitaba y no daba a conocer a la sociedad la evaluación que se realizaba. De ahí surgió el planteamiento de creación del Instituto en el Plan nacional de Desarrollo de Vicente Fox, y posteriormente su reforma para hacerlo un órgano autónomo.
Esta acción del Estado mexicano, la creación de un órgano autónomo en el campo educativo no es única: en la fundamentación de los otros órganos autónomos está la justificación de que con ese rasgo, que los ‘autonomiza’ de la administración en turno, pueden realizar de forma eficaz la labor que le es confiada a cada uno de ellos por el legislador. Entonces, existe un mensaje para el Poder Ejecutivo y otro para cada órgano en particular.
La defensa que hace el INEE de su autonomía hace ver una cuestión grave: si fue instituido y hecho autónomo para realizar una labor de fundamental importancia en la realización del derecho a la educación, ¿su supresión produce de forma automática la capacidad de la SEP para realizar el tipo de evaluación que la educación requiere y la sociedad necesita, en todos los componentes del sistema educativo que la reforma de 2013 señaló? ¿Los motivos para crear al INEE y darle autonomía, ya no existen debido a que la SEP tiene las capacidades y la voluntad de hacer lo que en el 2002 y en el 2013 no tenía? No existen elementos para afirmar eso. Por ello, este asunto es uno de los que los legisladores deben ponderar de manera cuidadosa al momento de discutir la iniciativa de reforma enviada por el Presidente. En otras palabras, ¿qué fundamento legal van a establecer para la política educativa de la actual administración? ¿Va el legislador a continuar con su trabajo de circunstancia, es decir, de ir respondiendo sexenio a sexenio a los deseos del Poder Ejecutivo, o va a hacer un análisis del problema que le permita establecer una perspectiva de Estado?
En el momento presente, aparece el Ejecutivo con su propósito reformador o su voluntad de cumplir una promesa, por un lado, y por el otro, el INEE como representación de lo que se niega y quiere suprimirse. Si está de por medio una responsabilidad del Poder Ejecutivo, también está una del Legislativo. Este debe valorar tres cosas, por lo menos: primero, que no pueden resolverse las necesidades educacionales del país con el esquema centralizado dominante, es decir, el existente; las evidencias se han acumulado en educación y en otros ámbitos de la administración pública. Segundo, que la circunstancia exige fundamentalmente no ocuparse de cancelar una reforma, sino de establecer de manera diferente la distribución de atribuciones educacionales que hoy hace la Ley General de Educación; y tercero, tener presente que, más allá del Pacto por México, hay una necesidad que permanece, la de que el Estado recupere el control de la educación. Cancelar la reforma es sencillo; que el Estado recupere el control de la educación, es complejo, y las señales de 2012 y 2013 están activas hoy, en 2019.
El momento, sí de transición, que vive el país, exige que el Poder Ejecutivo se ocupe no de algo fácil, cancelar una reforma y pedirle al Poder Legislativo que la parte que le corresponde; el momento le exige al Ejecutivo crear una nueva gobernanza que siga dependiendo en todos sus medios, del fin último: garantizar el derecho a la educación. Hoy, como antes, la parte del Poder Legislativo es de primordial importancia.
