Con su primer informe de labores presentado la semana pasada ante el Congreso y la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) hace su debut como un actor político, como una dependencia con personalidad y perspectivas propias, sin dejar de ser un órgano del Estado. El INEE titula su documento, El derecho a una educación de calidad: informe 2014. El subtítulo parece una desviación taimada; no es un informe, no al menos uno con tono oficinesco. Es un manifiesto, es el credo de los integrantes de la Junta de Gobierno.
El documento contiene conceptos dignos de tomarse en consideración, ofrece juicios de valor sobre el estado de la educación básica en México, pone el énfasis en las iniquidades y la desigualdad, así como en ciertas fallas institucionales. Tal vez por ello comienza con un discurso edificante a cargo de Sylvia Schmelkes, su consejera presidente. Ella justifica por qué la educación con calidad es un derecho humano fundamental, no sólo con el apoyo del texto constitucional, también abreva de aportaciones académicas. La última oración de su pieza es contundente: “La inequidad constituye una violación de los derechos humanos, es uno de los mayores obstáculos para tomar ventaja del progreso y su perpetuación puede conducir a su naturalización”.
Por ello acentúa que el INEE adopta la perspectiva de equidad para todas sus labores. En este texto hay congruencia. Los capítulos del informe confirman que la educación de calidad es una ilusión en México, que ésta no se garantiza, muchos niños no alcanzan a entrar a la escuela, otros la abandonan antes de concluir los ciclos de estudio de la educación básica. Los cuadros (que el texto llama tablas, como en inglés) y gráficas que resumen los datos ofrecen pruebas contundentes de las fallas institucionales que impiden que se cumpla el derecho a una educación de calidad.
Con todo y que en la elaboración del informe participaron muchas personas, entre consejeros, funcionarios e investigadores del INEE, sus argumentos corren con fluidez, evitan rodeos y documentan sus puntos. Es una crítica severa, aunque respetuosa, a las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la educación y no lo hacen.
Sylvia Schmelkes plantea la parte del credo que se refiere a la función sustantiva del INEE. Expresa que el instituto aplicará una evaluación educativa con un enfoque de derechos; y pasa luego a describir en qué consiste. “La evaluación debe estar orientada a mejorar la capacidad de cada actor, en cada nivel, de cumplir mejor con el propósito de hacer realidad el aprendizaje de calidad, de manera equitativa, para todos los habitantes del país”.
No se refiere sólo a hacer juicios de valor sobre los actores, también se dedicará a examinar los políticas educativas, programas y proyectos de los órganos del Estado encargados de esa función y apuntar si son relevantes, eficaces, eficientes y sí serán sustentables en el paso largo.
Si uno se queda con la lectura del primer capítulo, se podría pensar que es un catálogo de buenas intenciones; pero la documentación que prosigue en las secciones subsecuentes, evitan que uno se arrime a esa interpretación. Hay seriedad en el enfoque.
Con este manifiesto, los integrantes de la Junta de Gobierno imponen a las autoridades un desafío tremendo. Las recomendaciones que hace el INEE abundan en los conceptos de equidad, en revisar la asignación de recursos, en corregir desviaciones, en poner recursos en los segmentos desfavorecidos, en fin: “convertir en prioridad de política educativa la meta de reducir de manera significativa las actuales brechas en acceso, asistencia, y aprendizaje en la educación obligatoria de los sectores más desfavorecidos, mediante políticas focalizadas, que permitan generar no sólo modelos compensatorios sino procesos efectivos de integración educativa y social”. Pienso que poca gente estaría en desacuerdo con este principio. Pero las recomendaciones son para la SEP y las dependencias encargadas de entregar el servicio educativo. No expresa lo que el INEE tiene y debe hacer para ponerlas en práctica.
Me hubiera encantado encontrar esa perspectiva, así como un análisis del papel del Sindicato; los maestros no son actores sueltos.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excelsior
