En la discusión sobre la “reforma educativa” el espacio comunicativo se encuentra con reiteraciones que resultan por momentos aburridas y previsibles. Unos escriben que no es reforma, que es mal llamada reforma, que por qué era sólo laboral y que urge su contenido pedagógico, que ahora cuál es la prisa para el cambio curricular. Los otros ven un avance constante, que casi vence todas las resistencias, que se verán los efectos en décadas, que es histórico y nunca visto.
Parece que nuevamente los grandes ausentes siguen siendo los niños y las niñas. La reforma a la educación no es de un sexenio, no es de una administración: la transformación del sistema escolar es un esfuerzo permanente que nos involucra a todos, cada uno según la tarea que nos corresponde.
Estudiando, criticando y buscando respuestas, nos hemos propuesto no quedarnos en el “cómo no” se debe hacer la reforma, especialidad de los colegas de una amplia franja académica. Mejor nos preguntamos “cómo sí”, cómo le hacemos entre todos para que la educación entregue sus frutos de equidad y crecimiento personal, de prosperidad colectiva y de justicia social a cada niña y niño de México.
En Mexicanos Primero nos hemos empeñado, desde nuestros inicios, a diagnosticar, exigir y proponer, como lo hemos hecho con los estudios que a lo largo de diez años venimos realizando para ofrecer una herramienta con datos duros y confiables.
En este sentido, el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE), presenta el desempeño de las autoridades locales de las 32 entidades de la República Mexicana, con los datos disponibles más recientes. El ICRE usa las leyes vigentes para describir con precisión qué obligación tiene cada gobierno estatal de garantizar el derecho a aprender de todos los niños y jóvenes, visibiliza los avances y retos en la protección, respeto y promoción de este derecho, y propone tareas de mejora para las actuales administraciones de cada entidad.
En una comparación justa entre las 32 entidades de la República Mexicana, ya haciendo el descuento de diferencias en desarrollo humano, ninguna obtiene una calificación superior a 8 sobre 10. En ese sentido, todos los estados incumplen con su responsabilidad de garantizar plenamente el derecho a aprender.
Por ejemplo, Aguascalientes, que ocupa el primer lugar del ranking nacional en el ICRE, logra un desempeño aceptable y por encima de la media nacional; sin embargo, tiene mucho por hacer en el logro de aprendizaje de sus alumnos.
Es decir, la mayoría de las niñas, niños y jóvenes en Aguascalientes asisten a la escuela y transitan de manera adecuada los grados escolares, pero su presencia en la escuela no garantiza que aprendan en ella, razón por la que obtuvo una calificación de 7.4 sobre 10. Aguascalientes debe reforzar las Condiciones Educativas para estar en condiciones de garantizar el derecho a aprender.
Otro ejemplo, a la mitad de la tabla, es Sinaloa que ocupa el lugar 17. Sinaloa es un buen reflejo de la medianía del país entero. Alcanza una calificación de 5.8.
Obtiene resultados inaceptables en las Condiciones Educativas, aunque no cae en el fondo de la tabla. En otras palabras, el estado no es el peor pero tampoco alcanza a destacar en ninguna categoría. De continuar con esta inercia, el derecho a aprender de las niñas y niños sinaloenses se verá gravemente en riesgo.
Por último, un ejemplo del fondo de la tabla: Veracruz que ocupa el lugar 29 del ranking nacional con una calificación de 4.6. Es un estado muy injusto, que falla gravemente en la garantía del derecho a aprender. Aunque las personas están en las escuelas, el estado hasta ahora no ha cuidado sus relaciones y procesos de aprendizaje, ni asegura que las escuelas tengan las condiciones y apoyos necesarios.
Los resultados de Veracruz requieren un cambio de rumbo inmediato; habiendo logrado altas metas en el pasado, la corrupción del régimen saliente y de sus aliados en la cúpula sindical agotó los recursos económicos y las energías dela sistema escolar para privilegios ofensivos e inaceptables.
El ICRE hace un llamado a las autoridades educativas, específicamente a la SEP para la Ciudad de México y a las Secretarías de Educación en los estados para identificar y corregir las problemáticas en sus entidades, a fin de garantizar el derecho que toda niña, niño y joven tiene a aprender, como lo señala el Artículo 3º de la Constitución.
Es claro que muchos de los actuales titulares de las Secretarías de Educación heredaron esta situación; pero de su accionar actual depende que se corrijan y superen estas limitaciones, o que prevalezca la inercia en sus resultados actuales.
El ICRE, representa una “fotografía” para las autoridades de cada una de las entidades y secretarios de Educación; es una herramienta para que los ciudadanos identifiquen las fallas de su entidad, exijan soluciones específicas, reporten irregularidades educativas a las autoridades estatales, y participen y organicen las jornadas de transparencia en sus escuelas, previstas en la ley. El ICRE es para consultarse, discutirse, usarse y replicarse, y se encuentra disponible en www.mexicanosprimero.org. Para pasar de la agria opinión a la propuesta, es un primer paso.
