La decisión que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), para sustituirlo por otro (Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua) implica un retroceso de varias décadas al pasado, en detrimento de niños y jóvenes del país en particular y de la sociedad en general.
Tomó décadas para que el gobierno se convenciera, primero, de la necesidad de crear un organismo con autonomía técnica para que: 1) generara información sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN), necesaria para tomar decisiones de manera documentada y 2) rendir cuentas a la sociedad del estado en que se encuentra la educación en México. Esto apenas se logró en 2002, con la creación del INEE descentralizado. Durante el sexenio de Fox el Instituto demostró que su existencia era vital para que la educación en México pudiera mejorar. Sin información objetiva y confiable es prácticamente imposible avanzar en cualquier ramo del gobierno, especialmente en el educativo.
Durante el gobierno de Calderón, el INEE sufrió un ataque a su autonomía de gestión, cuando la Secretaria de Educación Pública (SEP) intentó imponer a un director amigo. Aunque este cambio no se pudo lograr inmediatamente, al final, la presión que ejerció la titular de la SEP hizo que el director general en funciones tuviera que renunciar. En esos momentos el INEE vivió una etapa obscura y de incertidumbre: mucha agresión, poco presupuesto y la “ley del hielo” por parte del Estado. Se impulsó el uso de la prueba ENLACE como política de estado; convirtiéndose la SEP en “juez y parte”. Al final del sexenio, el presidente Calderón le dio una pequeña ayuda al INEE (me imagino que por remordimiento), convirtiéndolo en un organismo desectorizado, para protegerlo un poco más de las tentaciones de intervención del ejecutivo.
En el sexenio de Pena Nieto, al INEE se le consideró un componente fundamental de la educación y de la Reforma Educativa. Se le otorgó autonomía constitucional para que no dependiera de los caprichos del ejecutivo y que, de manera independiente, pudiera ejercer a plenitud sus funciones; no solo con libertad técnica, sino también financiera y política. Sin embargo, en la articulación de la Reforma Educativa se cometió un grave error: vincular las responsabilidades de la SEP en materia de evaluación docente con funciones del INEE en materia de regulación y supervisión de las evaluaciones. Ello quedó plasmado en la Ley General del Servicio Profesional Docente que, por la gran cantidad de artículos que aluden a las funciones del INEE, parecería que se trataba de la propia ley del Instituto. Aunque el INEE tenía una autonomía constitucional, en lo que respecta a la evaluación docente, quedaba acotada a las necesidades, tiempos y prioridades de la SEP que, a su vez, estaban condicionadas a otros acuerdos políticos y sindicales, tales como el otorgamiento de estímulos económicos a los profesores.
En un artículo anterior expliqué por qué el INEE autónomo era “menos autónomo” que en sus etapas anteriores. Argumenté que mientras que la naturaleza del INEE es eminentemente técnica, la de la SEP es esencialmente administrativa y política. Por ello siempre hubo una tensión entre desarrollar una evaluación técnicamente sólida (para lo cual se requería un mayor tiempo) y la de implementarlas en los tiempos administrativos y políticos “adecuados”. Pero, como de costumbre, los argumentos políticos siempre se imponen a los técnicos; y ésta no fue la excepción. Sin embargo, puedo decir que el INEE no escatimó recursos intelectuales para realizar su mejor trabajo, siempre buscando el beneficio de los docentes evaluados (aunque el discurso político actual diga lo contrario).
Ahora, el gobierno de AMLO le hace un juicio inquisitorio al INEE, sin que se le haya consultado y sin tener derecho a defenderse; se le condena a “morir en la hoguera”, por haber acompañado a la SEP en la evaluación de los docentes (que según la CNTE y AMLO es “punitiva”). Dicho dictamen no toma en cuenta que el INEE solo ha acatado las leyes que lo norman y que gracias a él ahora se cuenta con valioso acervo de información sobre el SEN que permite, entre otras cosas, conocer la calidad del Sistema y rendir cuentas a la sociedad. Desgraciadamente, esta decisión del nuevo gobierno tiene tintes de ser una mezcla de ignorancia técnica y venganza política.
El nuevo organismo que sustituirá al INEE NO tendrá autonomía y volverá a depender del ejecutivo, quien será juez y parte, nuevamente. Con ello se interrumpe la vida de una institución noble, técnicamente sólida y constitucionalmente autónoma, para regresar al pasado, donde nos encontrábamos hace un par de décadas.
El autor es Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y Ex presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
