En las últimas semanas se han escuchado voces en contra de los acuerdos que se dieron entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado de Oaxaca y la Sección 22 de la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, entre estas voces, la Asociación Civil Mexicanos Primero pidió que se declararan nulos dichos acuerdos o se dejaran sin efectos, en virtud de que contravienen el orden legal.
Ante esta situación, me parece de gran trascendencia que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), enviara el 16 de febrero del año en curso al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué, una solicitud para que deje sin efecto las tres convocatorias fechadas el 13 de febrero del 20015, referidas a la promoción de docente a subdirector, subdirector a director y director a supervisor, debido a que no cumplen con lo establecido en el artículo 3 constitucional, la Ley General del Servicio Profesional Docente, ni la Ley del INEE, así como los lineamientos expedidos por este instituto.
En la solicitud se estableció un lazo de tres días para informar sobre las medidas tomadas al respecto y, en caso de que no suceda así, se iniciará el proceso de anulación.
Fue hasta el 3 de marzo del 2015 que el gobierno de Oaxaca atendió la solicitud de la Junta de Gobierno del INEE, para informarle que con base en los informes de las coordinaciones generales de Educación Básica y Normal, y de Personal y Relaciones Laborales, “el proceso referido en dichas convocatorias no se llevó a cabo y por ende no se generaron consecuencias jurídicas”.
Sin embargo, el 5 de marzo, la Sección 22 de la CNTE afirmó que las plazas concursadas para director, subdirector y técnico docente n Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, aún son válidas y no dejarán que sean rechazadas por las autoridades federales.
El INEE, por medio de la consejera presidenta de este instituto Sylvia Schmelkes del Valle, ha declarado que no se ha negociado con ninguna autoridad educativa la contratación de docentes fuera del marco de la ley y que, en uso de sus atribuciones, la Junta de Gobierno podrá declarar la nulidad de los procesos y resultados de las evaluaciones que no se sujeten a los lineamientos que expida el instituto, previa audiencia que se conceda a la autoridad responsable.
Con estas acciones, el Instituto Nacional para a Evaluación de la Educación da una muestra de que es garante que las leyes diseñadas para mejorar la calidad de la educación se aplican por igual a todos los mexicanos.
Lograr que la Ley del Servicio Profesional Docente se cumpla, respetando que las promociones se lleven a cabo mediante concursos de oposición y de no ser así declarar la nulidad de los procesos, sin duda abona a la credibilidad de la Reforma Educativa.
