En memoria de mi amigo Carlos Muñoz Izquierdo, investigador insigne de la educación
En el gobierno de Enrique Peña Nieto la fortuna, como diría Maquiavelo, ha sido generosa con los disidentes en el sector educativo. Las tácticas de apremio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mediante la ocupación de la plaza pública y la movilización constante les ha permitido crear parapetos casi inquebrantables. Los líderes de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional emulan a la CNTE. Ya lograron lo que buscaban al comienzo, mas parece que detrás de declaraciones altisonantes subyace el deseo de desbarrancar al gobierno.
Cierto, el gobierno de Enrique Peña Nieto está sitiado por una crisis de credibilidad; los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa lo envuelven en un manto de desprestigio internacional. Estas masacres manchan de negro los éxitos de las reformas estructurales. Parece que ha perdido la brújula: desde el año pasado le falla la tecnología del poder con los maestros disidentes y hoy con los grupos politécnicos.
Me explico. El gobierno cotidiano de las instituciones —desde una visión que se apoya en las nociones de Max Weber y Jean-Jacques Rousseau— descansa en conjuntos de decisiones que se sustentan en normas, rutinas, reglas —tácitas o explícitas—, responsabilidades de los actores y símbolos que construyen los dirigentes o que surgen de los proyectos de la oposición. Esta perspectiva de la gobernación del conflicto político y el control de las instituciones es la tecnología del poder.
En la administración de los conflictos del sector educativo, la Secretaría de Gobernación, en aras de buscar soluciones rápidas (y vistosas, como el secretario Osorio en mangas de camisa sobre un templete), ha provocado más problemas. Parecería que en lugar de seguir las reglas que dicta el arte de la negociación, en la Segob se convencieron (el secretario y el subsecretario Luis Miranda) de que concertar es ceder. En el camino, metieron en un berenjenal al gobierno, no sólo a la Secretaría de Educación Pública como arguyen ciertos fanáticos de las teorías del complot que aseguran que Osorio quiere desbancar a Chuayffet. Del IPN nadie saldrá sin raspón. Pero lo más grave es el desgaste que causa al instituto la resolución de conceder todo a los estudiantes. La ausencia de una visión política de largo alcance trastocó la tecnología del poder.
Mandar a altos funcionarios de la SEP a recibir andanadas verbales (que no a negociar), no solucionará el conflicto en plazo corto. Los líderes del movimiento son hábiles y desconfiados. Exigieron tener enfrente a interlocutores con poder de decisión y el gobierno se los concedió; pero ellos se amparan en la asamblea y posponen todo.
En las Cartas a Tito Livio, Maquiavelo hace el análisis de la sabiduría de las masas cuando luchan por una causa justa o se sublevan contra un príncipe sátrapa. Pero cuando gobiernan las leyes y no los príncipes, los movimientos de masas “no reguladas” tienden a defender banderas ilegítimas. No presumo que México sea un país de leyes, el Estado de derecho, al igual que muchas otras figuras del discurso político, es un artificio retórico que busca legitimar los usos del poder. Pero también pongo en duda la legitimidad de las demandas de los líderes del movimiento del IPN. La opinión pública ya no confía en los estudiantes, se acabó su periodo de gracia. Hoy el IPN se encuentra en la encrucijada.
Sospecho que el teatro que se montó para la “negociación” entre la SEP y los dirigentes fatigará a los actores en unos cuantos días. La irresponsabilidad de los altos funcionarios de la Segob —y la aquiescencia del Presidente— perturba las normas, relaja las reglas del juego político, renuncia al empleo del poder y, con su hacer, manda al diablo a las instituciones.
La fortuna seguirá premiando a los inconformes. Es el karma de este gobierno.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
