El concepto de República imperial, que trabajó Enrique Krauze bajo la inspiración de don Daniel Cosío Villegas, es amplio y complejo. Baste por lo pronto señalar que implica concentración de poder en quien ocupe la silla del águila, sin contrapesos de valía
A juzgar por sus actos, el presidente López Obrador se desesperó por el retraso para legislar el fin de la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto y encumbrar la de la Cuarta Transformación. Pero la desesperación es mala consejera, o tal vez buena, si se acomoda a un fin más allá de la enmienda constitucional. Me refiero a la tentación de restablecer la República imperial.
El concepto de República imperial, que trabajó Enrique Krauze bajo la inspiración de don Daniel Cosío Villegas, es amplio y complejo. Baste por lo pronto señalar que implica concentración de poder en quien ocupe la silla del águila, sin contrapesos de valía.
El presidente López Obrador dio la prueba de la desesperación: “Ya se envió una iniciativa de ley de reforma a la Constitución, pero hay grupos del magisterio que no ven con buenos ojos la propuesta… pero si se tarda mucho y no hay acuerdo voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada Reforma Educativa” (Excélsior, 14/04/19; énfasis en el original).
El Presidente no ha firmado tal decreto; no obstante, remitió un memorándum a la secretaria de Gobernación y a los secretarios de Educación Pública y de Hacienda para que, “con base en las facultades que me confiere el cargo que detento”, ordenar se abrogue la mal llamada Reforma Educativa.
La parte medular que apunta a la concentración del poder se expresa en los lineamientos b y c del memorándum. Dispone que las instancias del Poder Ejecutivo federal dejen sin efecto todas las medidas de la Reforma Educativa. Pero, al mismo tiempo, afirma que la nómina del sector quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción. La Secretaría de Educación Pública administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. La Secretaría de Gobernación realizará diligencias y acciones para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que persiguen causas sociales justas y retirar las imputaciones para castigar activismos pacíficos.
Legisladores de todos los partidos, representantes empresariales, activistas sociales, académicos y juristas destacados, como el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, señalaron la inconstitucionalidad del memorándum y la invasión de facultades de otro poder.
El Presidente piensa que tiene potestad para juzgar cuáles son causas justas y afirma que el activismo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es pacífico. Y, a pesar de que él supone que con estas medidas contentará a sus líderes, ellos responden con más presión: “Hasta no ver no creer”. Quieren el retorno total de sus privilegios: controlar la nómina y disponer de la trayectoria laboral de los maestros.
La idea de rehabilitar la República imperial forja contrapesos. Unos se enojan y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación muestra músculo. Espero que el Presidente no se desespere más.
