Miguel Casillas
Está próxima la vigencia del nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) promovido por el gobierno de la 4T. Nuevos ajustes imprimen el sello de esta administración federal, el más distintivo es excluir de los beneficios económicos del Sistema a los investigadores de las instituciones de educación superior privadas, como si su adscripción institucional quitara relevancia a su trabajo científico. Los artículos 32 y 33 del proyecto que está por aplicarse, establecen con toda claridad que los beneficios económicos sólo serán para los investigadores de las instituciones de educación superior y los centros de investigación del sector público.
Un segundo rasgo relevante del cambio es el que se refiere a la determinación unilateral de parte del gobierno de las prioridades y problemas nacionales, pues éstos varían cada sexenio, y estas variaciones pueden entrar en contradicción con la perspectiva de construir objetos de conocimiento de largo aliento, que superen los periodos cortos de tiempo. En este sentido, Morena está haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores: imponer a toda la sociedad, y a la comunidad científica en particular, una arbitrariedad cultural, una visión ideológica del mundo, nada más que ahora pintada de guinda. En lugar de avanzar en la autonomía académica del SNI, el gobierno sigue controlando su funcionamiento y determinando las prioridades de la investigación nacional. Desde una postura abierta a la sociedad y no autoritaria, en nuestro país debería ocurrir un gran congreso nacional, con amplia participación democrática y académica, que acordara las prioridades nacionales de investigación científica y sobre esa base se definieran en los programas nacionales de ciencia y tecnología líneas de continuidad con relativa independencia de los gobiernos sexenales. Para consolidar un sistema académico de investigación científica hace falta libertad y continuidad en las políticas y financiamientos.
El inciso 3 del Artículo 4 del proyecto es particularmente significativo de la nueva perspectiva que orienta la política científica, pues precisa que uno de los objetivos particulares del SNI es:
Fomentar en la sociedad una cultura humanística, científica, tecnológica y de innovación basada en el rigor científico, el diálogo de saberes, la producción horizontal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas y el trabajo colaborativo, en el marco de la ética, los derechos humanos, el cuidado y restauración del medio ambiente, la protección y promoción de la salud, la conservación de la diversidad biocultural del país, y el bienestar del pueblo de México.
Lo anterior, mediante el reconocimiento de la incidencia de las aportaciones y de la trayectoria docente, académica y profesional de las investigadoras e investigadores en la difusión y divulgación del conocimiento de vanguardia y del desarrollo científico o tecnológico; el fomento de las vocaciones científicas o tecnológicas desde la educación básica y la consolidación de espacios accesibles y gratuitos de divulgación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como para personas mayores y grupos sociales en situación de discriminación, en particular por cuestiones de discapacidad o género y tratándose de comunidades originarias y afromexicanas; la promoción de la ciencia abierta y el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales; la difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento y de los avances derivados de las actividades en la materia que fomente, realice o apoye el Estado mexicano, o en la reivindicación del uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, en confluencia con el español y las lenguas extranjeras;
Por otro lado, el nuevo reglamento no avanza hacia procesos más democráticos y participativos en el SNI. Por ejemplo, su Consejo General, que es el máximo órgano de gobierno, está integrado por seis funcionarios del Conacyt, 2 funcionarios de la SEP, el secretario general de la ANUIES y sólo 3 representantes de los investigadores. En lugar de que Morena promoviera una mayor democratización del gobierno del SNI y buscara ampliar la participación de los investigadores, mantiene su estructura vertical y el control por parte de la burocracia central. Otro ejemplo está en la integración de las comisiones dictaminadoras: distinto al viejo proceso en el que los investigadores del SNI votaban por los integrantes de las comisiones, ahora se integrarán por sorteo, garantizando un sistema incluyente y plural, que refleje la diversidad regional, institucional y etaria.
El nuevo reglamento alarga en el tiempo las posibilidades de ascenso; amplía, sin mayor argumento, el tiempo que se exige para subir de categoría. En el pasado reciente se podía ascender en una evaluación periódica del nivel I al III si la producción era suficiente. En la actualidad los investigadores e investigadoras deberán permanecer dos periodos de cinco años en el nivel precedente para poder, en su caso, ascender después de una evaluación positiva de su trayectoria.
Uno de los retos principales de la evaluación de la productividad académica será superar los indicadores cuantitativos y poder hacer reconocible y mesurable la trayectoria académica de los investigadores beneficiarios del Sistema. Habremos de ver cómo se traducen los preceptos de este reglamento en los criterios que definan las comisiones dictaminadoras para cada área.
En el nuevo reglamento hay avances interesantes: se prevén nuevas medidas de apoyo para los investigadores mayores de 65 años, para los mayores de 80, para los investigadores eméritos. Se abre la posibilidad de pertenecer al SNI, aunque ya los profesores no tengan una relación contractual activa con sus instituciones. Se consideran casos de enfermedad, de conflictos y problemas familiares. En sentido contrario, no hay una sola mención a la formación de investigadores ni sobre la promoción de los investigadores noveles; esta sigue siendo una asignatura pendiente.
