En ésta y en las próximas entregas trataré de continuar con el tema que abrí aquí hace dos semanas, pero que decidí posponer con motivo de los 100 años de Octavio Paz. Este tema es: ¿cómo podría la reforma educativa, centrada principalmente en la educación básica y en la evaluación, aportar elementos para reflexionar sobre el quehacer universitario?
Primeramente diría que para tratar de combatir el patrimonialismo, la actual reforma educativa estableció reglas formales para ingresar y avanzar en el servicio docente y esto generó variadas reacciones; algunas de ellas muy ásperas, otras razonadas y las más, tradicionales (“el neoliberalismo nos quiere aplastar”). Estas reacciones mostraron las distintas percepciones con que los actores políticos y sociales miramos la realidad. Bajo tales visiones, actuamos. En las creencias “vivimos, nos movemos y somos”, diría José Ortega y Gasset.
La introducción de las recientes iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal revelaron cosas interesantes. Una de ellas fue la necesidad de no sólo de criticar al gobierno, sino también de analizar cómo se conduce la oposición y la disidencia magisterial en los actuales tiempos políticos. ¿Pueden los opositores —funcionales para cualquier régimen democrático —lograr cambios positivos para la educación utilizando los mismos medios y estrategias de hace 30 años? ¿Qué significado tiene para las niñas y niños que se quedan sin clases la retórica de su maestro que lucha por sus derechos cancelando el de los infantes?
Ante la desinformación y aparente irreconciliación de posturas políticas e ideológicas, se requiere el surgimiento de una voz alterna que trate de aclarar el panorama y establecer mecanismos de vigilancia y contraloría social sobre las acciones que emprenden los actores involucrados en la reforma educativa, incluyendo, claro, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el cual, coincido con Carlos Ornelas, es un órgano del Estado y por lo tanto, es difícil verlo como un ente de “vigilancia ciudadana”.
¿Quién tendría que construir ese espacio de vigilancia? Pues los distintos grupos civiles, consejos de investigación científica, prensa y organismos no gubernamentales que precisamente por su naturaleza, poseen cierta independencia para observar, cuestionar e informar de manera puntual lo realizado por los gobiernos federal y estatales, así como por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la disidencia magisterial, los congresos federal y locales y las agencias de evaluación.
¿Las universidades podrían también ser observadores críticos del avance —o retroceso— de la reforma educativa? Claramente; sin embargo, como señala Juan Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Colima, fue muy extraño que ante la cancelación de la prueba Enlace para la educación básica, las instituciones de educación superior que mantienen bachilleratos —y en donde se seguirá aplicando esta prueba—, no hayan dicho mucho al respecto. ¿Qué explica este mutis? Yáñez aventura una respuesta: tal vez hubo indiferencia de las autoridades universitarias contra Enlace. Pero no todos callaron.
Organizaciones civiles y pro empresariales no sólo tomaron una posición firme con respecto de la suspensión temporal de Enlace, sino que ahora también echaron a andar una iniciativa llamada El Ojo Ciudadano (www.elojociudadano.org/web/) que agrupa a 99 organizaciones para vigilar que la reforma educativa se implemente adecuadamente. De entre todas estas organizaciones, sobre sale una universidad: La Iberoamericana Ciudad de México. ¿Y al resto de las universidades públicas y privadas del país no les interesará lo que le ocurra a los niveles educativos más bajos?
Otra institución de educación superior que tomó parte en el debate público sobre la reforma fue el Instituto Politécnico Nacional (Poli). En voz de su directora general, la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, al Poli le afectaría el programa de evaluación magisterial pues se “trastocaría la vida interna y las relaciones laborales del instituto” (La Jornada, 15/08/13 nota de Elizabeth Velasco). Los efectos no previstos que identifica la doctora Bustamante constituyen una valiosa lección para impulsar discusiones más amplias sobre las bondades y limitaciones de la reforma educativa actual. Sin embargo, llama la atención que las voces discordantes que provienen de las universidades sobre la reforma sean casos aislados, particulares y no generales o de sus agrupaciones. ¿Sigue habiendo “desdén” de las universidades por lo que le ocurre a los otros niveles educativos (Yáñez)? ¿Cuántos universitarios se molestan por el activismo de Mexicanos Primero, pero se acomodan en su nicho de confort y permanecen al margen de las discusiones públicas?
Por su conocimiento en el tema educativo e involucramiento, las universidades podrían tomar un papel más activo en la crítica pública de la reforma educativa. Si éstas se unen con la prensa y los especialistas en el campo, es muy probable que el debate se enriquezca y se evite el aislamiento y conformismo que daña a cualquier política. El establecimiento de la agenda educativa nacional demanda, por lo tanto, la acción independiente e imparcial del observatorio universitario.
El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
Publicado en Campus Milenio
