Miguel Casillas
Desde finales de diciembre comenzó a circular la Propuesta para el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior elaborada por un comité técnico del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior.
Esta propuesta afirma integrar las observaciones realizadas en diversos foros de consulta y los comentarios recibidos entre finales de septiembre (que se emitió la convocatoria para la consulta) y el 30 de noviembre que se presentaron los resultados iniciales.
El documento tiene seis capítulos: Diagnóstico, Marco jurídico, Orientaciones generales de política, Objetivos y estrategias, Organización y funcionamiento del sistema, Etapas de consolidación y desarrollo.
Dada la integración del comité técnico que lo elaboró, el documento resultó un champurrado donde se entrelazan los viejos discursos sobre la evaluación y la acreditación con algunas nuevas ideas. En el diagnóstico, por ejemplo, se realiza una apología de los procesos de evaluación desarrollados durante el régimen neoliberal y no se precisan con claridad las insuficiencias derivadas de la corrupción y la simulación que atraviesan los procesos de acreditación, del desastre que provocó la desregulación del subsistema de educación privado y de las profundas brechas que se observan dada la segmentación del sistema de educación superior. Meten en el mismo saco de la cultura de la evaluación al SNI que al PIFI, al PNPC y al Ceneval o la Copaes, confundiendo instancias privadas con programas públicos; se reivindica, bajo el eufemismo de gestión distribuida, la participación de las agencias privadas en la evaluación y acreditación de alumnos y programas. No se cuestiona el modelo neointervencionista que asoció la evaluación y la planeación institucional al financiamiento público vulnerando la autonomía de las universidades. No se reconoce como un problema fundamental la proliferación de universidades patito en el sector privado, pero también en el público. No hay una crítica radical a los instrumentos de regulación como el REVOE ni a los indicadores de calidad establecidos durante el periodo neoliberal. El sentido general de las recomendaciones que se derivan del diagnóstico es la continuidad del viejo sistema adosado de algunos detalles que intentan hacerlo coherente con el sentido de la Ley.
A pesar de enunciar y resumir los preceptos legales que orientan la política general hacia la educación superior, el documento que se propone es contradictorio con el sentido de la Ley general de educación superior y con los lineamientos establecidos en el Plan sectorial.
Se propone un cambio gradual y progresivo, cuando lo que inspiran las reformas legislativas referidas arriba es un cambio radical y profundo, que desmonte el sistema corrupto y monetarizado de la acreditación y del otorgamiento de los REVOEs, que genere un nuevo sistema de indicadores que orienten la planeación y el desarrollo institucional, que fortalezca las comunidades académicas, revalorice el papel de los profesores y oriente a las instituciones hacia la excelencia académica. Mientras que las reformas legales han determinado la necesaria la rectoría del estado en la educación, el documento justifica y recomienda continuar con la participación de los llamados organismos de la sociedad civil en las tareas de evaluación y acreditación.
En su parte medular, la referida a los objetivos y estrategias, el documento es fundamentalmente ambiguo, pues aunque enuncia el eje, los objetivos estratégicos y las estrategias, las líneas de acción son difusas, suponen la integración de grupos de trabajo que les den contenido, reuniones de coordinación, foros de consulta.
A lo largo del documento se habla de los procesos de evaluación y en muchos momentos no queda claro si se refiere a la evaluación del sistema, de las instituciones o de los programas educativos. La imprecisión se vuelve mayor cuando se refieren a la evaluación de los estudiantes y del personal académico. Sobre la evaluación de los profesores (sin consideración a la complejidad que representa) se propone rediseñar las políticas, directrices, estímulos y procedimientos, se propone revisar los procesos y criterios actuales de evaluación del personal académico (Promep, estímulos, SNI), así como proponer lineamientos para actualizar los sistemas de promoción, categorización y estímulos internos a las IES.
La nueva arquitectura del llamado Sistema no representa un cambio radical, más bien ofrece una consolidación de lo que ahora tenemos, con los mismos agentes que han controlado la evaluación y la acreditación durante décadas, de la misma manera vertical y disociada de las comunidades.
Es improbable que este documento pase el tamiz de los ayatolas de la 4T, pues no expresa sus valores ni representa un desarrollo lógico de las reformas constitucionales en materia de educación que se han aprobado para remontar el periodo neoliberal. El documento más bien es expresión de cómo las viejas agencias y el viejo sistema de evaluación y acreditación intentan sobrevivir y mantener sus referentes.
