Las políticas de educación –concebidas como estrategias, policies en inglés– y la política como lucha por el poder están enmarañadas; sólo pueden separarse para fines analíticos. Esta conjunción se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso para su aprobación o rechazo.
Los pertrechos intelectuales para el análisis de ese documento son variados: de la reseña simple a una revisión compleja de antecedentes, propósitos, instrumentos legales y políticos (tecnología del poder) y el contexto político en que se plantea desplegar la acción gubernamental. Todo envuelto en un discurso ideológico.
En una entrega periodística es imposible dilatar el examen del capítulo de educación en el PND, pero es factible destacar sus elementos centrales.
El diagnóstico contiene un tono político en contra del neoliberalismo y los últimos 36 años de gobiernos “oligárquicos” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN): “devastaron al país (…) se emprendió una ofensiva brutal contra las normales rurales (…) se operó una mal llamada reforma educativa (…) orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza” (pp. 42-43).
El diagnóstico de los males del sistema escolar se exhibe con cierta largueza en el texto del objetivo 2.2: “Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas” (p. 90).
Al resumir antecedentes, el Plan Nacional de Desarrollo no reconoce ningún avance. La paradoja: apoya su dictamen en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con las pruebas de PISA, en otras del aborrecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y ratifica los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su agenda para 2030.
Estos, si bien los abandera la Unesco y son defendibles en términos ideológicos y políticos, muestran que, a pesar de la retórica localista de la Cuarta Transformación, las “ideas itinerantes” están presentes en las mentes del alto funcionariado.
Los propósitos son claros y loables: bienestar, inclusión, igualdad, búsqueda de paz y justicia. Las herramientas que define para alcanzarlos, sin embargo, no apuntan a lo estratégico; al PND le falla lo programático. Claro, en el Programa Sectorial del Educación podemos esperar detalles, pero intuyo que se mantendrá más en la facundia antirreforma y menos en la sustancia.
El PND tiene líneas para todo el sistema escolar, pero privilegia dos cuestiones: maestros y propuestas para la educación superior.
Propone reconocer la función de los docentes, fortalecer su formación, otorgar estímulos y mejorar la actualización para “garantizar la calidad en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes”. Asunto que embona con el diagnóstico de que las normales andan mal debido al neoliberalismo.
El PND sintetiza tres desafíos de la educación superior: mejorar calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas; articular niveles, tipos y modalidades educativas de manera eficiente; y financiamiento oportuno, suficiente, con certidumbre para sustentar estrategias de largo plazo.
Para dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de metas, propone indicadores de eficiencia y… nada más.
Tras revisar las páginas dedicadas al sistema escolar, lo único novedoso respecto a lo existente es la inclusión de educación inicial y crecimiento de programas de apoyo para estudiantes con el fin de asegurar el acceso y permanencia en la educación a mujeres, habitantes de pueblos indígenas y de grupos históricamente discriminados. Ratifica que ofrecerá oportunidades que tengan como eje principal el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Por lo demás, a pesar de la oratoria antineoliberal, no difiere mucho de los propósitos de la “mal llamada” Reforma Educativa, ni reniega de fines pedagógicos que adelantó el modelo educativo para la educación obligatoria. Tampoco documenta que el gobierno de Peña Nieto quisiera privatizar la educación.
