La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet porque el año pasado, en el Centro de Estudios de Educación Media Superior en el Distrito Federal, autoridades de dicho centro aprobaran una revisión corporal a diez alumnas y alumnos, entre ellos 4 menores, tras el robo de un teléfono celular.
Mediante la revisión del expediente CNDH/2/2014/2263/Q, resolvieron que existió una clara violación a los derechos a la intimidad, seguridad jurídica e interés superior del menor por parte de los servidores públicos.
“Dos servidores públicos de la escuela consintieron que se llevara a cabo, de manera indebida y arbitraria, una revisión corporal de alumnas y alumnos, con el fin de localizar un teléfono celular que fue extraviado o le fue sustraído a otra estudiante. Asimismo, en otro salón, se obligó a los varones a desvestirse hasta quedar en ropa interior, para verificar que nadie trajera el aparato entre sus vestimentas”, señala el documento.
Por ello, la CNDH pidió a la SEP que se de atención psicológica a todas las víctimas que fueron agraviadas mediante contacto físico y personal, e incluso tocamientos de partes privadas del cuerpo, lo que implica una violación a su intimidad corporal.
La Comisión Nacional no se opone a que se revisen las pertenencias de los alumnos para encontrar el objeto extraviado, siempre que se haga bajo ciertos criterios, con ciertos límites y en determinados casos que lo ameriten, pero de ninguna manera se podrá obligar a las y los alumnos a desvestirse o exponer su cuerpo para encontrar objetos, material o dinero perdido.
Es importante definir la línea de actuación, sobre todo tratándose de alumnos menores de edad, que en esas circunstancias se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.
Ante ello, reconoció que el actual reglamento no cuenta con lineamientos detallados que regulen el actuar de la autoridad educativa frente a este tipo de situaciones – un robo o extravío de pertenencias-, no cuenta con límites claros ni directrices específicas que legislen respecto a la aproximación de los docentes y prefectos hacia los alumnos ante estas incidencias, lo que genera una normatividad abierta y poco clara.
“Esto provoca que en la práctica se corra el riesgo de decidir medidas que no se encuentren previamente establecidas y consecuentemente, no aseguran la seguridad jurídica de los miembros del plantel educativo al posibilitar que se adopten medidas arbitrarias y desproporcionales en agravio de las y los alumnos.” Señala el documento.
Además, la CNDH pidió girar instrucciones para que todo el personal docente de ese Centro de Estudios de Educación Media Superior reciba capacitación en materia de los derechos humanos violentados que se mencionan en la Recomendación 21/2015, así como que dicha información sea difundida a través de medios electrónicos.
Finalmente, pidió colaborar en el trámite de la investigación administrativa que la Comisión Nacional interponga ante el Órgano Interno de Control de la SEP, contra los servidores que intervinieron en los hechos, así como colaborar con la CNDH en la inscripción y seguimiento de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas.
