El 11 de marzo los ministros de la Primera Sala unánimemente concedieron el amparo solicitado por la organización civil Mexicanos Primero requiriendo a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señalar e iniciar procesos jurídicos en contra de presuntos responsables de fraudes por más de diez mil millones de pesos anuales.
La decisión echó abajo el fallo preliminar de una juez federal que desestimó la denuncia en contra de la ASF, pues consideró que Mexicanos Primero no tenía “interés legítimo” en el caso ya que las desviaciones del presupuesto educativo no le afectaba directamente a la organización.
El fallo de la Suprema Corte representa un precedente histórico al reconocer que una organización civil puede interponer una solicitud de amparo en contra de acciones u omisiones de autoridades gubernamentales que afecten negativamente a derechos de terceros relacionados con el objeto social de la organización.
¿Cuales son los desvíos de la cuenta pública que deben ser castigados?
Muchos están relacionados con pagos en los años 2009 y 2010 a “profesores” que aparecían en la nómina pero no en los centros de trabajo donde supuestamente fueron asignados. Son desvíos similares a los que encontró el censo de centros educativos en 2013. Aunque no se pudo realizar el censo en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en los demás estados el censo encontró que prácticamente la cuarta parte de la nómina de maestros, unas 300 mil personas, recibían pago sin trabajar en la educación de los estudiantes.
¿Porque la demanda fue en contra de la Auditoria Superior de la Federación?
La ASF encontró y señaló las irregularidades en el manejo del presupuesto del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), pero no identificó directamente a los funcionarios presuntamente responsables ni inició acciones jurídicas en su contra. Ante cuestionamiento al respecto, atribuyó esta facultad a la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, las normas legales de la ASF indican que entre sus funciones esta “fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones”. Al no cumplir esta función señalada, el resultado fue impunidad por los fraudes a la cuenta pública detectados.
¿Hay otros posibles efectos de esta decisión?
Si, los hay. El objeto social de la organización civil Mexicanos Primero es defender el derecho constitucional de los mexicanos a la educación de calidad. Esta decisión sienta las bases para solicitudes de amparo futuros por parte de otras organizaciones cuyo objeto social es defender derechos de los ciudadanos.
Prácticamente, el fallo requiere a la ASF iniciar procesos judiciales en contra de todos los funcionarios que encuentra con responsabilidad por defraudar la cuenta pública. Tiene la potencial de hacer temblar a funcionarios corruptos en todos los niveles gubernamentales, ya que la ASF debe “efectuar revisiones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios, e inclusive particulares”.
Las normas que dan origen a la ASF pueden consultarse aquí.
