Ante la incertidumbre sobre la resolución de la Corte, parece que lo mejor es que los congresos de las entidades federativas esperen antes de armonizar sus leyes respectivas a lo que dice la normativa general, pero ya se ven algunos acuerdos
Alejandro Canales
El tema de las normas en el terreno científico y tecnológico es, aquí mismo lo dijimos la semana pasada, un problema irresuelto. Y en esas seguimos. Lo más reciente es que no se sabe si antes de que la corte emita una resolución sobre la validez o no de la nueva ley general de ciencia, algunas entidades federativas armonizarán sus respectivas leyes. Lo prudente sería esperar, pero…
Las organizaciones Uniendo Caminos y Ciencia Plural, inconformes con las acciones de las autoridades del sector, emitieron un desplegado público el pasado 7 de julio para informar que habían presentado 41 amparos en contra de la nueva ley general de ciencia y que en 37 amparos admitidos en distintas entidades federativas obtuvieron una “Suspensión Provisional con Efectos Generales” (Comunicado).
Además, en el mismo comunicado, añadieron que la suspensión implicaba que las autoridades “tienen prohibido llevar a cabo procesos administrativos relacionados con esta ley, hasta que se resuelva el asunto de fondo”. Aunque precisaron: “Resulta prioritario señalar que dicha suspensión provisional no concluye el proceso legal, pero sí pone un alto temporal a las acciones que ya se estaban realizando”.
Los medios y buena parte de la comunidad científica consideraron que la aplicación de la ley general de ciencia quedaba sin efectos. Alrededor de media docenas de medios de circulación nacional replicaron el comunicado y, una vez más, parecía que el sector quedaba en el limbo normativo.
El mismo 7 de julio, el ahora Conahcyt emitió su propio boletín para destacar que no fue notificado de ninguna determinación judicial que suspenda “con efectos generales la aplicación de la Ley General en Materia de HCTI”, por lo cual desconocía “el expediente, los quejosos, así como el juzgado o tribunal que supuestamente emitió dicha determinación” (Comunicado 406/2023).
También advirtió que “los actos reclamados en el juicio de amparo, en principio, sólo tendría efectos en relación con los promoventes y respecto de las normas concretas que se controvierten. De ser el caso, Conahcyt impugnará las resoluciones judiciales que pretendan detener la aplicación de la Ley General en materia de HCTI y realizará todas las acciones jurídicas en el ámbito de su competencia para defender su aplicación”.
O sea, según las comunicaciones de un lado y de otro, lo que técnicamente ocurrió es que 37 personas que ingresaron un amparo en contra de la ley general de ciencia, lograron una suspensión provisional con efectos generales. La suspensión es válida solo para esas personas y no es algo definitivo; no aplica para todos los casos. Y, como siempre pasa en las disputas legales, las partes continuarán interponiendo recursos hasta que venga una resolución final, pero todavía no estamos en esas.
Tampoco sabemos cuándo emitirá la Suprema Corte de Justicia su fallo sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva ley general de ciencia. La resolución de la Corte, sea en el sentido de declarar la validez o no, sí tendría un efecto generalizado. Sin embargo, no hay fecha para que eso ocurra.
En estas circunstancias, parece razonable que los congresos de las entidades federativas, antes de armonizar sus leyes respectivas a lo que dice la ley general de ciencia, aguarden la resolución de la Corte. Después de todo, tienen hasta mayo del año 2024 para “emitir las disposiciones legales necesarias para armonizar su marco jurídico y regular las atribuciones de las autoridades locales” (Octavo transitorio de la ley general de ciencia).
No obstante, desde el mes pasado, el Conahcyt ha dado la impresión de que la armonización ya es un hecho, al menos en los convenios de colaboración que ha firmado con los gobiernos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Michoacán y Colima, ha dicho que se producen en el marco de la nueva ley. Incluso, en el reciente comunicado del Conahcyt da por supuesto que los poderes legislativos de las entidades ya están en marcha, porque dice: “las legislaturas locales se encuentran elaborando sus respectivas iniciativas para armonizar sus marcos legales”.
Lo más sensato, sin embargo, sería esperar el fallo de la corte. Morena gobierna en 20 entidades federativas y tiene mayoría en un número similar de congresos locales, ya mismo podría armonizar las respectivas leyes en esos estados. Pero hay otra docena de estados que no están en ese caso y es probable que tengan sus discrepancias con el nuevo marco normativo. ¿Tiene sentido escalar las escaramuzas y la confusión?
Lo conveniente sería aguardar el fallo de la corte y evitar la información con señales cruzadas que solamente generan falsas expectativas de armonización o desacuerdo normativo. Al final, si hay una ley general de ciencia firme, el conjunto de entidades federativas se ajustarán a ella.
Pie de página: Ya hay nuevo reglamento de becas de posgrado del Conahcyt (DOF 10.07.2023). La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) informó el pasado 6 de julio que “no ha identificado ningún ámbito de preocupación crítico en su revisión por pares de la evaluación de riesgos de la sustancia activa glifosato en relación con el riesgo que representa para los seres humanos, los animales o el medio ambiente. Una preocupación se define como crítica cuando afecta a todos los usos propuestos de la sustancia activa objeto de evaluación (por ejemplo, usos previos a la siembra, usos posteriores a la cosecha, etc.), impidiendo su renovación o aprobación” (Comunicado 06.07.2023). Atención a la prohibición del glifosato en México.
