Un régimen democrático implica una estructura jurídica de pesos y contrapesos, transparencia y rendición de cuentas. Si bien, hemos avanzado en el terreno electoral, no hemos progresado lo suficiente en los otros atributos.
Hasta hace unos lustros, el grupo gobernante actuaba por encima de la ley, la opacidad era la regla y nadie le decía nada. A pesar de ello, la democracia electoral se abrió camino. Hoy el grupo dominante es más plural, pero la corrupción que se fincó en el corporativismo sigue campante.
No obstante, hoy circula más la información pública y la rendición de cuentas prospera, aunque lento. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio del presupuesto federal y, por ello, sabemos de los desvíos de fondos y de otras irregularidades.
La semana pasada la ASF rindió su informe sobre la Cuenta Pública 2013. Allí reveló que tanto el gobierno federal como los estatales usaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para pagar el salario de 134 mil 349 plazas que no fueron verificadas por ninguna autoridad. El FAEB representó 74% del financiamiento público para la educación básica y normal; fueron 11 mil 366 millones de pesos. De éstos, dos mil 616 millones se utilizaron para pagar a comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de prestaciones acordadas entre estados y sus secciones locales.
El informe de la ASF ilustra que los sistemas de control internos no funcionan —responden a sus patrones que son las autoridades— que no se justifican muchos programas, que las evaluaciones de la calidad educativa no arrojan frutos y que, con todo y que el gasto crece, el rezago no disminuye.
La tarea de la ASF es loable, destapa corruptelas, pero —al menos hasta hoy— es como acusar al diablo con Satanás. Los diputados no van a hacer contrapeso porque los gobernantes son de sus mismos partidos.
La opacidad y la corrupción ofenden a los ciudadanos, mas la publicación de ésos y otros datos estimula a la protesta de organizaciones civiles. El SNTE y su ala radical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son residuos de ese corporativismo corrupto. Por eso —aunque no acostumbro firmar desplegados públicos— apoyé una petición de información que Mexicanos Primero hizo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Esa solicitud es legítima. Incluye un relato de las negociaciones realizadas entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y del gobierno de Oaxaca con los representantes de la Sección 22, la cabeza de la CNTE. Estas negociaciones se llevaron a cabo del 8 al 12 de febrero, cuando los maestros de Oaxaca bloqueaban Paseo de la Reforma y, aunque la policía removió a los manifestantes al Monumento de la Revolución, continuaban con sus marchas.
Mexicanos Primero solicita copia de todos los acuerdos firmados, los documentos, resúmenes y tarjetas utilizados por las partes para determinar los puntos acordados. Pero no nada más requiere información. También demanda que se deje sin efectos cualquier acuerdo que implique gasto del erario y/o aplicaciones distintas a las previstas por las leyes generales del servicio educativo; que reporte a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública el nombre del personal docente, de dirección o de supervisión de la educación básica y media con el fin, en su caso, de que se les separe del servicio en términos de las disposiciones laborales aplicables.
A muchos de mis amigos maestros y colegas investigadores les molesta la actividad de Mexicanos Primero y de otras organizaciones civiles como México Evalúa, Suma por la Educación, el Instituto Mexicano para la Competitividad o la Coparmex. Les impugnan sus nexos con el sector privado y los acusan de ser enemigos de la escuela pública.
No veo a esas organizaciones como fanáticas de la privatización. Las observo como sustitutos de los contrapesos institucionales que hoy son ineficaces y cómplices de la corrupción que se supone deben atacar, ¡qué bueno que hoy tengamos la información que provee la ASF y la presión social de organizaciones civiles! Son pasos necesarios para disminuir la corrupción y avanzar en la democratización de México.
