A lo largo de la campaña electoral, un proceso de confrontación política de diversos grupos sociales y sus proyectos que tiene tintes de combate -a las oficinas de coordinación de los partidos políticos se les llama en no pocas ocasiones cuartos de guerra-, a la educación no le ha ido bien del todo. La parte en que le ha ido bien puede observarse en dos expresiones: una, es la que consiste en que la gran mayoría de maestras, maestros y directivos han continuado realizando sus labores y culminarán el ciclo escolar de modo regular. Suele recocerse que la principal función del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero eso nunca debe separarse de la responsabilidad de dar sostén pleno a la acción educativa.
La segunda expresión de que le ha ido bien a la educación tiene un enorme valor derivado de la entrada de muchas organizaciones de la sociedad al terreno de la campaña política pidiendo a los candidatos y a la entonces todavía candidata a la presidencia, que expusieran sus planteamientos ante un conjunto de asuntos educativos (www.10porlaeducacion.mx). Desde luego que ninguno de los candidatos ni la candidata omitió expresarse a favor de las cuestiones propuestas, pues era obvio que no les convenía. Un ejemplo es la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas en el gasto público educativo. En esto, lo valioso no es tanto las respuestas a favor, sino el hecho de que la organización social los haya confrontado con un problema de gobierno: el uso del dinero público.
¿Por qué tiene valor esta entrada –una cierta irrupción- de las organizaciones al terreno poco llamativo de las campañas? Una razón es que muchos observadores de las propuestas de los candidatos sobre la educación habían señalado la pobreza o vaguedad de sus visiones y propuestas. Lo que hizo 10porla educación fue enfrentar a los candidatos y a la candidata a un conjunto de elementos que influyen en la garantía del derecho a la educación y, por ello, en la calidad de la formación ciudadana y de nuestra democracia. Un ejemplo: se les preguntó acerca de la coordinación efectiva entre federación y autoridades educativas locales: ¡todos a favor!, desde luego, era impensable que dijeran que no.
Lo significativo de todo el ejercicio es que este asunto y los demás que les fueron planteados forman parte de la política educativa en alguna forma, 10porlaeducación no inventó el hilo negro, hizo un tejido. La coordinación de autoridades, por ejemplo, es algo establecido en el texto mismo de la Constitución; la Ley General de Educación distribuye funciones y ordena también la coordinación. ¿Qué ocurre entonces? Pues que nos encontramos ante un área de la administración pública poco efectiva y fue bueno que la atención de la sociedad se fijara en ello.
Vale la pena ver el conjunto de las respuestas de los candidatos teniendo en mente una pregunta que está como sustrato del ejercicio: ¿cómo va a hacerle usted para cumplir la ley? Como en otras expresiones públicas de los candidatos, hay elementos valiosos –mejorar el modelo educativo desde lo local; certeza laboral para los maestros de inglés-; hay generalidades –mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno; para mantener la mejora educativa es necesario seguir evaluando a los docentes. Apareció todavía el mito de que la evaluación de los docentes es punitiva y se externa el propósito de evitar eso, desconociendo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que no existe en la reforma ningún elemento que atente contra los derechos laborales. Es importante distinguir entre el propósito de la reforma y sus medios, por un lado, y los errores que tenga la implementación, que deberán resolverse, por el otro, pero con acción firme y congruente y de los gobiernos.
Aunque existen muchas coincidencias entre los candidatos, una que es fundamental es la que concierne al cambio-mejora-reforma-fortalecimiento de las escuelas normales. Esto es urgente, sin duda, y señala una carencia del trabajo hecho por la actual administración federal y uno de los errores que tiene la legislación al dejar tanta responsabilidad sobre las Normales y la formación de los docentes en manos del Ejecutivo federal, no obstante los propósitos de descentralización del ya lejano Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de 1992.
Se han acumulado muchas señales de que no es conveniente, productivo, ni justo mantener un centralismo añejo cuando por otra parte se habla de la importancia de las regiones, del pluralismo de la sociedad mexicana y, sobre todo, de la soberanía de los Estados. El centralismo político afecta negativamente al proceso de representación, a uno de los poderes de la República, el Legislativo.
Una muestra del nudo gordiano que se produce por el mal funcionamiento del gobierno y que perjudica a la educación, es la nueva arremetida de la CNTE contra la reforma educativa sin que el gobierno actúe. De paso, miles y miles y miles de niñas, niños y adolescentes son afectados precisamente al término del ciclo escolar. Nadie de buena fe puede creer que el objeto de disputa es la reforma educativa. Pero mientras, se pisotea el derecho a la educación y el derecho de propiedad.
En suma: urge que el gobierno dé seguridad y sostenga la educación.
