David Auris Villegas
Sin equidad en la educación, no existe justicia social. No se trata de ideologías políticas. Se trata de desarrollar el capital humano, con el propósito de establecer una sociedad más sostenida que el mundo de hoy exige. La lucha por la justicia social desde la educación requiere un compromiso colectivo, con el fin de garantizar un acceso equitativo a todos los estudiantes.
A pocos días de empezar el año escolar 2024, el panorama educativo está lejos de encontrar la justicia social para los menos favorecidos. El Dr. Guillermo Molinari, exviceministro del Ministerio de Educación, dice que, 63 mil estudiantes han desertado durante el año 2023, existe desnutrición, dificultades de aprendizaje, poca condición de educabilidad y limitados recursos educativos. Asimismo, de las 55436 instituciones educativas públicas del Perú, 30294 de ellas requieren ser demolidas y, solo 16187 disponen de agua, luz y alcantarillado, señala Paola del Carpio, economista de “REDES”.
Esta situación es el triunfo de una larga política educativa vegetativa, impulsadas por gobernantes corruptos y sin perspectivas de desarrollo. Priorizaron sus intereses políticos en lugar de mejorar a la educación y algunos expresidentes siempre culparon de nuestro infortunio a los países desarrollados o a los organismos mundiales. Un Ministerio de Educación, colmado de funcionarios expertos, pero incapaces de liderar políticas educativas de equidad, aunque no de calidad. Además, la sociedad en su conjunto no juega un papel crucial, pues carecen de conciencia educativa para el progreso colectivo.
Con el objetivo de construir una sociedad equitativa, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, promovida por Naciones Unidas, ONU, con su lema del 2023, “Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social”. La justicia social, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), se basa en la igualdad de oportunidades como un derecho humano a la equidad para desarrollar su potencial mental. Esto significa que la educación, contribuye a eliminar las disparidades, así como lo está consiguiendo China, un país en desarrollo gracias a un manejo adecuado de sus recursos.
En este siglo más interconectado de toda la historia de la humanidad, gracias a la internet, la justicia social es nuestro desafío y posibilidad, ya que todos los individuos tienen derecho a realizarse como persona. Según Audrey Azoulay, directora de la Unesco, la educación es un bien público, delicada, frágil y la mejor inversión que podemos hacer. En esencia, se trata de la búsqueda de un equilibrio social que promueva la equidad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.
Para el experto, Javier Murillo, a fin de alcanzar la equidad y la inclusión en la educación, indica que las escuelas para que contribuyan a la justicia social deben tener tres elementos fundamentales: escuelas de carácter equitativo, crítico y democrático. Estos principios básicos pueden incorporarse en todo el currículo nacional y así garantizar el acceso igualitario a la educación, especialmente en comunidades marginadas, mediante la inversión en infraestructuras que brinden todos los servicios básicos y programas de apoyo didáctico.
Asimismo, es hora de innovar la administración del 4% del PBI destinado a educación, con el fin de incrementar la productividad en beneficios de todos. De lo contrario, así el Estado, asigne el 10% del PBI a este sector, y de continuar administrándose como en la actualidad, perpetuaremos esta crisis que, entre otras cosas, es el resultado de un irresponsable manejo de recursos con sobrecostos y despilfarros por parte de quienes tienen la capacidad de gasto.
El hecho de que todas las instituciones educativas tengan servicios básicos, recursos pedagógicos y profesores medianamente capacitados, es un gran paso hacia la justicia social que todos aspiramos.
© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.
