El pasado lunes los titulares del INEGI y la SEP presentaron los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, ordenado frente a la súbitamente reconocida situación de ignorancia en el número de estudiantes, maestros, escuelas y “aviadores” en el sistema educativo nacional.
Efectuado entre el 26 de septiembre y el 29 de noviembre, el censo está incompleto, pues en el 9.2% de los 261 mil 631 centros de trabajo no pudo realizarse, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Michoacán; es decir, menos que antes, pero prevalece el desconocimiento sobre una porción.
Aunque es un poco ocioso, conviene señalarlo de nuevo pues no es un asunto menor: la modificación del artículo tercero constitucional y la reforma educativa mexicana ya podrían ser objeto de estudio en las universidades y ministerios de otros países, para comprender cómo no realizar una reforma sin disponer de los datos mínimos de aquello que pretende ser transformado. En otras palabras, la reforma mexicana se hizo de espaldas a los sujetos que las llevarán a cabo, y en la ignorancia de las condiciones de aquello donde ocurrirán presuntamente los cambios. Peccata minuta, dirán los promotores de las reformas. Veremos.
Los datos del censo han de ser objeto de minuciosos análisis, y son un llamado que clama decisivas intervenciones de todos los niveles de gobierno. Mientras la reforma constitucional se propone “garantizar” la calidad de la educación, décadas y décadas de gobiernos priistas y las dos presidencias panistas no fueron capaces de propiciar condiciones dignas para que los centros de trabajo puedan ser denominados con propiedad “escuelas”.
No quiero abusar de los datos, pero es preciso ilustrar. Sólo en el 70% de las primarias y 73.3% de las secundarias mexicanas hay servicios de agua provisto por la red pública; baños o sanitarios tienen el 88.8% de las primarias y el 92% de las secundarias, pero no tienen servicios de drenaje el 43.7% de las primarias y el 42.7% de las secundarias.
El equipamiento de las escuelas exhibe la desnudez de una parte considerable de sus salones: 90.9% tienen pizarrón o pintarrón, 79.7% tienen escritorio para maestro, 79.2% silla para maestro, 85.3% “muebles” para que se sienten los estudiantes y 85.9% “muebles” para que se apoyen los estudiantes. Pues sí, los alumnos del 15% de las escuelas no tienen una silla para sentarse, o una mesa para descansar los brazos, el libro, los cuadernos. Ambos, los que tienen todo y los que carecen de lo elemental son evaluados por los mismos exámenes y juzgados en forma pareja (e injusta) como los estudiantes de países de muy contrastantes niveles de desarrollo.
Las diferencias entre las escuelas públicas y privadas son abismales. El 100% de las privadas tienen todos los servicios. De nuevo las preguntas: ¿se puede garantizar la calidad para circuitos tan diferenciales con la misma pedagogía? ¿Estas “minucias” son consideradas a la hora del desgarramiento de vestiduras por quiénes exhiben los resultados de las escuelas en los exámenes del PISA?
Frente a los programas costosos de donación de computadoras y tablets a los estudiantes surgen cuestionamientos simples: ¿por qué no mejorar las condiciones de las escuelas? Posiblemente porque las escuelas no votan, pero sí lo hacen las familias, las madres y los padres de los niños. Los datos son reveladores: en las escuelas sólo el 60.4% de las escuelas tienen equipos de cómputo (de qué características y en qué condiciones no nos dice el censo), y el 39.4% tienen internet.
Las diferencias, es decir, las inequidades son marca distintiva de nuestra América Latina y de México. En el censo también se expresan: contra los promedios nacionales, en estados como Chiapas y Oaxaca apenas el 6% de las escuelas tienen centro de cómputo y acceso a internet. ¿Se podría sostener alguna relación entre las desnudas condiciones de las aulas en esas entidades y sus explosivos movimientos magisteriales, o es que por ser los maestros “flojos” y “conflictivos” sus escuelas sufren esas precariedades?
Por último, en esta primera parte de las reacciones iniciales provocadas por el censo, los datos sobre uno de los hilos de la corrupción prohijada entre la SEP y el SNTE: hay 39 mil “maestros” a los que nadie conoce y de los cuales seguirán averiguando, más los 30 mil comisionados o con licencia. Cada uno queda en libertad de pensar lo que suponga, pues no tenemos la certidumbre de saberlo algún día.
