El Proceso de Bolonia arrancó con la “Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo” suscrita por los ministros responsables de la educación superior en Francia (Claude Allègre), Alemania (Jürgen Ruettgers), Italia (Luigi Berlinger) y el Reino Unido (Tessa Blackstone), en la Sorbona, el 25 de mayo de 1998. Este año, por lo tanto, se cumplen veinte de ese histórico punto de partida.
La declaración de la Sorbona hacía notar, en primer lugar, que la tradición universitaria de movilidad de académicos y estudiantes, que hunde raíces en la peregrinatio academica medieval, se había erosionado con el paso del tiempo y en virtud de las dificultades de convalidación de los estudios realizados en diferentes países. La referencia histórica tenía un sentido particular al considerar que diez años antes se había celebrado el novecientos cumpleaños de la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa, y en 1998 el ochocientos aniversario de la Universidad de París. Pero el llamado a facilitar e incrementar la movilidad académica en la región tenía, además, un sentido estratégico en el marco de la configuración de la Unión Europea. Los ministros firmantes declaraban que la adopción conjunta del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos sería el instrumento clave para avanzar en el proyecto, y reconocían que los gobiernos nacionales tendrían que cumplir un papel muy activo para apoyar el objetivo central de la iniciativa: la libre circulación de estudiantes y académicos en el área europea.
La convocatoria de los ministros tuvo una extraordinaria repercusión en los países del área. Al año siguiente (1999), con apoyo del Consejo de Rectores, se celebró en Bolonia la primera plenaria interministerial que formalizó el compromiso de un primer grupo de países para formar parte del proceso y fijó las prioridades de la agenda básica. Acudieron a la reunión y firmaron los acuerdos representantes de rango ministerial de: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza. Un total de 29 miembros fundadores.
De 1999 a la fecha se han sumado otros países: Croacia, Chipre, Liechtenstein y Turquía en 2001; Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Santa Sede, Serbia y República de Macedonia en 2003; Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania en 2005; Montenegro en 2007; Kazajistán en 2010, y Bielorrusia en 2015. Con los integrantes fundadores y los incorporados posteriormente, los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) totalizan 48 asociados. Algunos otros países y territorios han solicitado admisión aunque, por diversas razones, no han sido incorporados: Israel, Kirguistán, Kosovo y la República Turca del Norte de Chipre.
La agenda del EEES se ha desenvuelto, principalmente, en dos niveles de actuación: el que corresponde a las instituciones universitarias (cambio curricular, políticas de intercambio, criterios de ingreso y certificación de conocimientos y competencias, planeación y programación en la perspectiva del espacio regional, entre otros aspectos) y el segundo nivel comprende decisiones gubernamentales en materia de normativa, organización, coordinación, financiamiento y procesos de cambio institucional. Entre las políticas universitarias y las gubernamentales hay varios espacios de intersección, uno de los más relevantes es el que atiende a la acreditación de programas y al mutuo reconocimiento, entre los países participantes, de las políticas y prácticas de acreditación y certificación.
Uno de los retos más significativos para el avance del proceso ha consistido en poder balancear, en cada realidad nacional, las facultades de autonomía universitaria con los acuerdos intergubernamentales. Por regla general, a mayor autonomía mayores resistencias para la adopción inmediata de los criterios pactados por autoridades gubernamentales. Del mismo modo, las reformas normativas que requieren sanción de los órganos legislativos nacionales han debido ser procesadas bajo las condiciones políticas de la división de poderes en cada país.
En ningún caso, sin embargo, los obstáculos y resistencias locales han impedido avances del proceso en su conjunto y menos aún el retiro de alguno de los asociados a la iniciativa. Lo que sí se reconoce es una dinámica de diferentes velocidades en la implementación del proceso. No todos los campos del acuerdo han transcurrido con la misma celeridad, alcance y profundidad y algunos, sobre todo los sociales, presentan resultados apenas iniciales. Por ello, en 2012, en la interministerial de Bucarest, se decidió hacer una evaluación comprensiva, y una por país, de los avances en el proceso de implementación.
En seguimiento del acuerdo se publicó en 2015 el volumen “The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report”, bajo la responsabilidad editorial conjunta de la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y la Red Eurydice. El extenso reporte da cuenta de los logros y límites cuantitativos y cualitativos del proceso de Bolonia en seis rubros: Estructura de grados y competencias; formas de aseguramiento de calidad; dimensiones sociales de la educación superior; aprendizaje permanente; trayectorias escolares y empleabilidad; e internacionalización y movilidad. Con la misma estructura se actualizaron los reportes por país y todo el conjunto documental quedó abierto al público.
De comentar los principales resultados y su interpretación en términos de agenda pendiente nos ocuparemos la próxima semana.
