A pocas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer su Quinto Informe de Gobierno y expresara que su administración tiene un “compromiso irrenunciable” con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, la refutación al oficialismo no tardó en llegar. El medio digital Animal político y la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) publicaron los resultados del magnífico reportaje de investigación llamado “La estafa maestra: graduados en desaparecer dinero público”.
El reportaje ofrece evidencia de que el actual Gobierno Federal ha desviado más de 7 mil millones de pesos, de los se desconoce el destino de 3 mil 433 millones. Para cometer este “claro acto de corrupción”—en palabras de Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación—, la administración encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha utilizado secretarías de Estado, empresas nacionales como Petróleos Mexicanos (Pemex), universidades públicas, organizaciones no constituidas (“fantasma”) y otras empresas que no reúnen los requisitos legales para operar y recibir dinero público.
La Estafa maestra ofrece al menos tres lecciones para el ciudadano y para el analista de política educativa.
Por un lado, el reportaje fue posible gracias a la información que previamente ya había revelado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que era pública gracias a los informes de fiscalización de la cuenta pública. Esto muestra la importancia de contar con órganos autónomos y técnicos que ayuden a contrarrestar la verdad oficial, por lo que habrá que cuidar los nombramientos en estos puestos y evitar a toda costa que el presidente y su partido quieran poner a sus amigos o quienes les cuiden las espaldas. Hay que estar atentos porque a la designación del Fiscal General de la República se le unirá, en los próximos meses, la del Auditor Superior de la Federación.
Por otro lado, llama la atención que sea un portal periodístico digital y una organización de la sociedad civil los que hayan unido esfuerzos contra la opacidad y la corrupción. En contraste, la televisión y algunos periódicos impresos de circulación nacional, no hicieron suficiente eco de la Estafa maestra y, peor aún, algunos de estos medios han sido cuestionados por organizaciones civiles y líderes de opinión por su “giro” editorial y falta de rigor periodístico cuando trataron el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Estaremos entonces ante la pérdida de credibilidad de la televisión y la prensa escrita cuando nuestra democracia requiere medios más profesionales, de investigación y abiertos? Además, la difusión de la Estafa maestra se hizo mayoritariamente a través de las redes sociales y portales electrónicos, las cuales son utilizadas en su mayoría por los jóvenes y no por los grupos de la población de mayor edad que también son votantes clave.
Por último, la Estafa maestra fue un duro golpe para el sector universitario ya que se constató que al menos ocho universidades están involucradas en el desvío de recursos públicos. Cuatro de estas universidades son autónomas (la del Estado de México, la de Morelos, Del Carmen, y la Juárez de Tabasco), tres de corte tecnológico (la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica de Tabasco, y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco) y la Popular de la Chontalpa que, según su Programa de Desarrollo Institucional 2014-2018, se constituyó como “la primera universidad municipal del país” en 1998.
Que una institución cuya misión es “formar integralmente ciudadanos” aparezca involucrada en la Estafa maestra desilusiona y preocupa. ¿Qué ha hecho que algunas universidades empiecen a relajar sus principios y se presten a entrar en esquemas de triangulación de recursos públicos con la máscara de la “vinculación”? ¿Será que la rampante corrupción del actual Gobierno Federal ya se extendió hacia organizaciones que antes gozaban de un importante prestigio social?
¿De la triple hélice al búmeran de la corrupción?
Las actuales estrategias de vinculación se deben entender como una consecuencia directa de los cambios en los esquemas de financiamiento a las universidades públicas mexicanas. Recordemos que en la década de los noventa, cuando el Gobierno Federal reducía el subsidio público a la instituciones de educación superior, se propusieron “nuevas” formas de colaboración o vinculación entonces conocidas como los de la “triple hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff), entre otras. Bajo este modelo se asumía que la universidad, empresa y gobierno podrían colaborar con el propósito de generar beneficios mutuos y desarrollar innovaciones en algún campo del conocimiento. Uno de los beneficios de esta interacción era, según algunos, que las instituciones de educación superior podrían allegarse de recursos económicos por una vía alterna al tradicional subsidio gubernamental.
Todo esto sonaba bien, no obstante, para otros observadores, estos modelos de vinculación podrían tener resultados no esperados ni deseados como el hecho de que las universidades respondieran más a demandas mercantiles que a sociales (por ejemplo, el combate a la pobreza).
Pero, aparte del riesgo de la mercantilización de la universidad, poco se reflexionó sobre el conflicto que podría ocurrir cuando esos tres actores interactuaran. Tampoco se reparó en la manera en que uno —el más poderoso— podría corromper al más débil. Todo partía de una lógica funcional y pragmática, sin embargo, ante la falta de financiamiento público, las universidades enfrentaron el riesgo de relajar sus principios y aceptar dudosos esquemas de “vinculación” sin medir las consecuencias. Por ello, vale la pena preguntarse: ¿qué tan rentable puede ser un convenio entre gobierno, empresa, y universidad cuando se pone en duda la reputación institucional de éstas últimas?
De acuerdo con el reportaje de la Estafa maestra, el Gobierno Federal firmó convenios con las ocho mencionadas universidades para realizar diversos proyectos, pero éstas, a su vez, contrataron a 186 empresas dado que no podían realizar el total de los trabajos asignados. La intermediación universitaria o “comisión”, tuvo un costo de un poco más de mil millones de pesos. Esta triangulación fue ilegal y, además, de las 186 empresas elegidas, 128 presentaron “lagunas legales”. Esto implicaba que los contratistas no podían adjudicarse un contrato público y, por si fuera poco, en algunos casos, el servicio contratado tampoco fue realizado.
En resumidas cuentas, esto fue una verdadera estafa. México y el PRI inventaron la versión invertida de la “triple hélice” que, muy pronto, se convirtió en otra veloz saeta contra el gobierno de Peña Nieto.
Recuperar la rectoría del decoro y la decencia
Con la Estafa maestra, las “universidades” implicadas pudieron ganar millones, pero sus estudiantes, egresados, maestros e investigadores están, hasta cierto punto, involucrados. Debería esperarse, entonces, que estos grupos pronto le demanden pública y abiertamente al rector o al director general de cada una de estas instituciones que respondan al reportaje aparecido hace unos días y si tienen alguna responsabilidad, renuncien o se pongan a disposición de la autoridad judicial competente.1 De no hacerlo, mandarían un mensaje de irresponsabilidad. Las universidades tendrían que dar el ejemplo y no ser reproductoras de impunidad y cinismo, ¿o es que la verdad y el honor sólo sirven para usarlos en los himnos y escudos institucionales?
Hasta el momento, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha sido la única en dar respuesta al reportaje de la Estafa maestra, ¿y las otras siete?, ¿el que calla otorga? En un escueto mensaje fechado el martes 5 de septiembre, la UJAT cita el Comunicado 166 de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para reafirmar que esta dependencia gubernamental ya tenía conocimiento de los malos manejos, aunque no da detalles del resolutivo a cargo del órgano interno de control. Lo que sí dice esta universidad es que los convenios con Pemex ya fueron “aclarados y solventados” ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ahora tocaría verificar esta información, revisar los datos y que se continúe informando con detalle y veracidad.
Si la evaluación socavó la autonomía de las universidades públicas mexicanas, ahora estamos viendo como quizás la “vinculación” empieza a mermar sus principios morales. ¿No será tiempo de dar un golpe de timón en términos de política universitaria? Es deseable que el país no desperdicie la oportunidad en 2018.
Pedro Flores-Crespo es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
Texto publicado originalmente en el Blog de Educación de Nexos “Distancia por tiempos”
1 Un ejemplo de decoro y decencia la dio Sir Howard Davies, ex director de la London School of Economics and Political Science, al renunciar cuando se descubrió que el gobierno autoritario de Libia, encabezado por Muammar el Gadaffi, le había hecho jugosas donaciones a esa universidad británica. Las palabras de Davies son un recordatorio para algunos rectores mexicanos: “soy responsable de la reputación de esta universidad y ésta se ha visto afectada”.
