En diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social y PT), presentó las personas que integrarán su gabinete en caso de triunfar en la elección presidencial. Para el cargo de secretario de Educación Pública escogió a Esteban Moctezuma Barragán, quien fue secretario de Gobernación (1994-1995) y de Desarrollo Social (1998-1999) en la administración de Ernesto Zedillo, y de 1997 a 2017 presidente de Fundación Azteca del Grupo Salinas.
En aquel momento llamó la atención la designación por la distancia entre el enfoque ideológico de la coalición y la trayectoria política y profesional del posible encargado del despacho. Como ocurrió con el resto de las nominaciones, no hubo otra explicación pública que la de una selección basada en el reconocimiento, por parte del candidato presidencial, sobre los conocimientos y experiencia de los seleccionados. Moctezuma aclaró que su compromiso, en el periodo de campaña, sería “apoyar en construir la plataforma de desarrollo social para su Proyecto de Nación 2018-2024” (El Financiero, 25 de enero 2017).
Con tal encomienda, Moctezuma se ha encargado de delinear los trazos generales de la propuesta educativa de la coalición, así como de explicarla en numerosas presentaciones, reuniones y entrevistas. Pero el posicionamiento de mayor impacto en medios fue la respuesta enviada al grupo de organizaciones que promovieron el foro “10 por la Educación” basado en un cuestionario con diez preguntas formuladas a cada uno de los candidatos en la contienda presidencial (véase). El evento se llevó a cabo el 8 de mayo con la participación de todos los candidatos excepto López Obrador. Días después, sin embargo, la coalición envió a los organizadores una respuesta formal al cuestionario, cuya autoría se atribuye al equipo encabezado por Moctezuma Barragán.
Él mismo lo ha aclarado al criticar a los organizadores del foro por utilizar políticamente la respuesta al cuestionario para mostrar una aparente contradicción entre los planteamientos del documento y los formulados por el candidato en la reunión con docentes en Guelatao, Oax., el 12 de mayo. El comentario de Moctezuma fue difundido en su canal de YouTube el 14 de mayo (véase). En éste señala: “No nos estamos contradiciendo, y lo que si les digo es que una discusión a fondo sobre educación no debe de mezclarse con una campaña política. Si usas la información para agredir políticamente, es que te interesa más la política que la educación.”
¿Cuáles son entonces las propuestas del documento “10 preguntas por la educación 2018” que marcan distancia con la política educativa del sexenio, en particular con la reforma educativa del régimen? Son varias, entre las más notables: a) Enriquecer el Nuevo Modelo Educativo con la participación de las entidades y los grupos indígenas; b) Continuar, pero modificándola, la evaluación docente: no es pertinente calificar a todos los maestros por igual, dada la gran diversidad de condiciones donde se desarrolla el hecho educativo; c) Abrir la evaluación docente a la participación de padres de familia y directivos; d) Transitar hacia una evaluación de la práctica docente en el aula “con lo cual los intangibles de la labor docente, como el trato humano que significa enseñar, se tomen en cuenta”; e) Dar prioridad al desarrollo, en colaboración con el INEE, de nuevas metodologías de evaluación; f) En materia de evaluación de alumnos, desarrollar una metodología de evaluación masiva pero personalizada “que sea específica para cada estudiante, con lo cual podemos saber el aprendizaje que es necesario para cada estudiante”.
Por otra parte, se sugiere reformular la política de financiamiento del área educativa, entre otros aspectos: a) Revisar la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) “para reconocer los contextos vulnerables en zonas indígenas, dispersión poblacional, condiciones de marginación urbana y rural para inyectar recursos de forma focalizada”; b) Crear un Fondo Nacional para la Educación Media Superior y Superior con el modelo de presupuestos multianuales.
En el documento se plantea, asimismo, impulsar un Acuerdo Nacional para la Capacitación del Magisterio para renovar la formación continua del profesorado. Además, establecer la Academia Nacional de Directores, donde se formarán a los directores, Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) y supervisores “para que las escuelas y las aulas puedan concentrar toda su energía y atención al aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes.”
En el texto se desarrollan propuestas que implican cambios relevantes en el enfoque de gestión vigente: un nuevo modelo de gobernanza y participación vinculado a procesos de toma de decisiones y la restauración de un horizonte federalista. Luego de criticar la ineficiencia de la recentralización impulsada por SEP, el documento insiste en recuperar el impulso federalista en la distribución de recursos públicos, la autonomía escolar, la evaluación docente y la actualización curricular. Se subraya que “el federalismo como concepción política y referente jurídico es y será la vía idónea para sustentar cualquier cambio que se pretenda impulsar en materia educativa en todo el territorio nacional.”
Por último, en la respuesta enviada a “10 por la Educación”, están presentes iniciativas más conocidas en la plataforma AMLO: incrementar el número de becas y otros apoyos a estudiantes, restablecer la interlocución con docentes, e incluso modificar las funciones del INEE. En términos generales, la propuesta expresa un notable nivel de confianza en instrumentos tales como la evaluación, el uso de tecnologías digitales, y la participación social, instrumentos que, conviene señalar, aún no han mostrado una clara repercusión en los resultados de logro escolar, cuando menos hasta ahora.
